La convulsiva situación de las finanzas argentinas en los últimos meses puso de manifiesto las dudas del capital financiero sobre la posibilidad de que el país retomara la senda de crecimiento de su Producto Interno Bruto. Los usureros internacionales no están solos en esa percepción, que los argentinos sufren en carne propia, después de una prolongada recesión de tres años.
Desde diciembre de 2000, la crisis devoró sucesivos intentos de superarla, incluidos dos paquetes de masivo respaldo financiero internacional. Cuando finalizaba el año, el FMI y el Banco Mundial pusieron en marcha el llamado “blindaje”, un apoyo de casi 40.000 millones de dólares, con el que se suponía que habría de desaparecer el temor de una cesación de pagos de la deuda pública. Comenzaba el verano y las calles de la Argentina se poblaron de optimistas afiches del Gobierno, según los cuales el “blindaje” abriría una era de prosperidad, estabilidad y crecimiento. Apenas pasaron tres meses y debió renunciar el promotor del “blindaje” –el ministro de Economía José Luis Machinea-, ante la evidencia de que los efectos benéficos brillaban por su ausencia y de que la larga crisis no mostraba signos de ceder.
El ministro efímero y su resistido sucesor
Su sucesor fue el economista Ricardo López Murphy, integrante del partido gobernante, la Unión Cívica Radical (UCR). Conocido como un “ortodoxo” sin concesiones, López Murphy anunció un duro ajuste de los gastos estatales, que provocó el entusiasta respaldo de un auditorio de empresarios reunidos en la Bolsa de Comercio y el simultáneo rechazo de sindicatos, organizaciones estudiantiles y gobiernos provinciales. Dos fuertes sectores capitalistas, los industriales y el agro, apoyaron el plan del ministro con tantos condicionamientos que, en los hechos, tal apoyo equivalía a un rechazo. Ni en la coalición de Gobierno (que forman la UCR y el declinante Frepaso) ni en la oposición se registraron grandes simpatías por el ministro y su plan. En menos de una semana, López Murphy fue eyectado del Gobierno.
Lo reemplazó Domingo Cavallo, a pesar de las resistencias y recelos que despertó (y sigue despertando) entre los radicales. Cavallo ocupó el mismo cargo durante más de cinco años durante la presidencia del peronista Carlos Menem. En la década de 1990 logró suprimir la inflación, un mal endémico de la economía argentina que a fines de los 80 había devenido en brote agudo de hiperinflación. El Gobierno (y el propio Cavallo) confiaron en que aquel antecedente y las buenas relaciones del nuevo ministro con los capitalistas del exterior le permitirían dar un giro a la situación y poner fin a la recesión. Ambos se equivocaron. Ante el ejemplo del fracaso del intento de López Murphy de resolver la crisis mediante la reducción del gasto público, Cavallo inició su gestión tomando medidas “heterodoxas”. Por una parte, puso en marcha los llamados planes de competitividad, acuerdos con sectores de la economía a los que se dieron ventajas de tipo impositivo. Por la otra, implementó medidas de estímulo desde el lado de la oferta de bienes, con el propósito de reactivar la economía. Hay que señalar que tanto uno como otro proyecto han quedado en gran medida sin terminar de llevarse a cabo.
Otro aspecto del plan inicial de Cavallo fue una reducción del impuesto a las ganancias para los ingresos mensuales de hasta $ 6.000, con el fin de estimular la demanda. Finalmente, logró la aprobación parlamentaria de una modificación de la convertibilidad: el peso, que hasta entonces era convertible en el valor de un dólar, pasará a serlo en la media del valor de un dólar y un euro. En un esfuerzo por evitar que se tomara esta medida como una devaluación encubierta, se dispuso que la modificación entrará en vigencia en el momento en que los valores del dólar y el euro sean iguales. Este paso se asienta en el hecho de que la Unión Europea es uno de los principales destinos de las exportaciones argentinas y en que la caída del valor del euro respecto del dólar durante los últimos dos años ha limitado drásticamente las ventas hacia el Viejo Continente. Hasta que se emparejen las cotizaciones del dólar y el euro, se introdujo el llamado “factor de empalme”, que en los hechos equivale a un subsidio a las exportaciones y un impuesto a las importaciones, en ambos casos por un valor igual a la mitad de la diferencia de cotización entre las dos principales divisas del mundo.
Esta variada panoplia de iniciativas, sin embargo, no solamente no logró recuperar las tasas de crecimiento de la década de los 90, que alcanzaron un promedio de 4 a 5%. Tampoco impidió que la recesión continuara e incluso se agravara. Los únicos indicadores económicos que siguieron en ascenso fueron el número de quiebras de empresas y el de desocupados.
Cavallo intentó también zafar de la descomunal constricción que significan los pagos de la deuda pública. Lanzó el llamado “megacanje”, un cambio de 30.000 millones de dólares en bonos de corto y mediano plazo, por otros nuevos, con vencimientos más prolongados. Para ello contó con el apoyo de las agencias financieras imperialistas y de los grandes bancos, también ellos mayoritariamente norteamericanos y europeos. Esta operación significó una reducción de los vencimientos inmediatos de la deuda, a cambio de cargar al país con una monumental hipoteca para el futuro. Por otra parte, el “mecaganje” ha merecido cuestionamientos severos, dado el monto de las comisiones que cobraron los bancos que actuaron como intermediarios.
Para mayor desazón del Gobierno, y en especial de la conducción económica, las medidas “reactivadoras” no reactivaron y el “megacanje”, destinado a obtener la confianza del capital financiero internacional, sólo consiguió profundizar la desconfianza. El 1° de junio, el viceministro de Economía, Daniel Marx, anunció el exitoso final de las negociaciones para el “megacanje”. En poco más de un mes, la situación financiera volvió a hundirse.
Cambio de rumbo
En uno de sus habituales virajes a gran velocidad, dignos de una carrera de Fórmula 1, Cavallo abandonó su heterodoxia inicial y se precipitó hacia la mayor de las ortodoxias. Anunció que el país ya no tenía más crédito y que, para poder afrontar los pagos de la deuda para este año, era necesario un ajuste de gastos estatales mucho más drástico que el que le había costado el puesto a López Murphy. Los salarios del personal estatal y los pagos a los proveedores sufrieron una quita del 13%, pero los vencimientos de la deuda no padecieron un recorte equivalente. La podadora pasó implacable sobre todo tipo de gastos del Estado nacional y de los provinciales. Pero los Shylocks de las finanzas siguieron percibiendo sin disminución su libra de carne.
Cavallo sostuvo que debemos “vivir con lo nuestro”, haciendo suya la expresión del economista Aldo Ferrer. Sin embargo, a diferencia de Ferrer, dejó intacto el pago de los servicios de la deuda.
Vivir con lo nuestro, en su versión Cavallo, significa que el Estado no va a seguir tomando préstamos a tasas elevadísimas para cubrir el déficit fiscal. Por lo tanto, ese déficit deberá desaparecer. Con su característica habilidad para producir frases de impacto, Cavallo hizo la apología del “déficit cero”.
¿Qué ocurrió con el ansiado crecimiento? El equipo económico sostiene que la estrategia del déficit cero permitirá superar la recesión. El razonamiento es el siguiente: si el Estado deja de demandar crédito, las tasas de interés bajarán y habrá dinero disponible para las necesidades de préstamos de las empresas privadas con un costo accesible.
Frente a este escenario optimista, puede señalarse que el recorte de salarios y jubilaciones hará caer aún más a la demanda. Sobre todo, si se considera que el consumo en la Argentina representa el 85% del Producto Interno Bruto. Si la demanda efectivamente declina, la producción acentuará su caída, la recaudación impositiva disminuirá y, para mantener el déficit cero, harán falta nuevos cortes de salarios y jubilaciones. En este caso, la estrategia adoptada por el Gobierno de De la Rúa se mostrará procíclica, se entrará en un círculo vicioso y la crisis se hará más y más profunda.
La posibilidad de prescindir de todo financiamiento es una ilusión, o más probablemente, una falsedad. Los vencimientos de la deuda externa continuarán llegando, tan implacables y puntuales como un reloj. A falta de dinero para afrontarlos, no quedará otro remedio que volver a pasar la gorra ante los usureros internacionales ( y muchos nacionales también; no hay que olvidar que casi la mitad de la deuda pública argentina está en manos de residentes locales). Y, nuevamente, pagar las “tasas exorbitantes” que en abril Cavallo juró no volver a aceptar. Sólo para volver a admitirlas al mes siguiente.
Mendigar en Washington
En las largas y difíciles negociaciones de agosto, el gobierno argentino sólo tuvo una carta a su favor ante la evidente reticencia del FMI, y aún más del Departamento del Tesoro norteamericano, a un nuevo paquete de “ayuda” financiera. Esa carta fue el temor a que un derrumbe argentino arrastrara, no sólo al Brasil, sino también a México. E incluso a España, cuya bolsa se estremecía, considerando la fuerte presencia empresaria española en la economía argentina.
Pero, con temor y todo, el gobierno yanqui y el FMI no dieron luz verde a una nueva provisión de fondos para el tándem De la Rúa-Cavallo hasta que obtuvieron el compromiso de aplicar un durísimo ajuste de gastos. Y, para asegurarse contra la perspectiva de un nuevo salvataje a los pocos meses, impulsan un plan de reestructuración de la deuda argentina, que aleje el riesgo siempre presente de la cesación de pagos.
El plan de ajuste para conseguir el déficit cero ha provocado una oleada de resistencia: huelgas y manifestaciones de trabajadores estatales y de docentes, cortes de rutas y calles, ocupación de universidades. Aún es una incógnita si esas luchas se mantendrán y crecerán o si ha de predominar el desaliento, que la propaganda oficial promueve, presentando los recortes de salarios y jubilaciones como la única forma de evitar la caída en “el abismo”. Para el 16% de desocupados y una cantidad similar de subocupados el abismo ya está aquí y, por lo tanto, la amenaza no es tan efectiva. Es impredecible el efecto social del nuevo ajuste, sobre todo si no se produce en un plazo más o menos corto la tan ansiada reactivación.
Si la resistencia social se profundiza, las medidas del Gobierno serán insostenibles. Un factor más que complica la situación son las próximas elecciones legislativas a realizarse el 14 de octubre, que traerán una segura derrota de la administración delarruista, que ni siquiera cuenta con el apoyo de varios de los más notorios candidatos de la Alianza.
Elementos para una salida distinta
Ninguna de las fuerzas políticas de la burguesía, así como las organizaciones empresarias, es capaz de presentar una salida alternativa. Esta debilidad de conjunto es la mayor fuerza con que cuenta Cavallo, que en definitiva, aparece como un confiable ejecutor de planes a los que nadie ofrece una opción. No faltan, desde luego, economistas burgueses que aún citan con nostalgia las políticas económicas del período 1950-75, pero se necesita demasiada fe para creer que sea factible volver a aplicarlas con algún éxito.
Un programa económico que pueda, al mismo tiempo, asegurar un desarrollo económico y poner término a las inmensas penurias de la gran mayoría de la población exige escapar al marco teórico y real que fijan los intereses de los capitalistas.
Las siguientes medidas inmediatas deberían ser el punto de partida de tal programa.
· Suspensión inmediata de los pagos de la deuda pública nacional y provincial, la que deberá ser examinada para seleccionar aquellos créditos que deban ser reconocidos o refinanciados. Debe recordarse que no todos los acreedores son los grandes bancos y grupos económicos y que el Estado tiene obligaciones legítimas con sectores populares que no hay razón para afectar con un desconocimiento masivo de la deuda.
· Socialización del sistema de jubilaciones y pensiones, que cuesta a los trabajadores 800 millones de pesos al año, sin que las prestaciones guarden relación con ese monto.
· Socialización del sistema de salud, como una manera de aumentar los salarios mediante más y mejores prestaciones sociales.
· Establecimiento de un seguro de desempleo centralizado para todos los desocupados, reemplazando al régimen clientelista y miserable de los “planes Trabajar”. Puesta en marcha de un programa de obras públicas para crear empleos productivos.
· Reducción de la jornada laboral a seis horas, para permitir el aumento del número de trabajadores en actividad.
· Convertir los “seguros de desempleo” encubiertos que son una gran parte de los puestos de trabajo en el sector público nacional y provincial en empleos productivos autogestionados.
· Control del comercio exterior, para evitar la evasión impositiva, las maniobras que permiten la fuga de capitales y asegurar la disponibilidad de las divisas necesarias para financiar planes de desarrollo económico y de bienestar social.
· Control estricto sobre las empresas de propiedad extranjera, negociando con ellas los niveles de ganancias, de salarios y de impuestos. Aquellas que no acepten continuar su actividad bajo este régimen, deberán ser confiscadas para mantenerlas en marcha bajo control de los trabajadores.
· Nacionalización de los depósitos bancarios y gestión centralizada del crédito interno, privilegiando la financiación de la actividad productiva y del consumo popular.
· Aumento del impuesto a las ganancias de las empresas, del actual 35% al 50%.
· Aumento general de salarios en todas las empresas, ajustándolos según el crecimiento de la productividad del trabajo en la última década.
· Reducción de los gastos políticos improductivos, mediante una sustancial poda de cargos innecesarios y limitación de los sueldos de funcionarios y legisladores.
Estas medidas no pueden ser sino el comienzo de un programa más amplio de transformación social, que requerirá de una estrecha colaboración con los trabajadores de los países vecinos, en busca de un nuevo Mercosur que, en lugar de ser el espacio de acción de las transnacionales, sea un mecanismo de defensa y de unidad en marcha hacia un auténtico reordenamiento socioeconómico cuyo objetivo sea el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores.