29/03/2024

Chubut, epicentro de la resistencia contra la megaminería

Por Revista Herramienta

Presenteamos tres textos que abordan la resistencia del pueblo chubutense contra la instalación megaminera en la provincia, y contra el intento de implementar leyes que institucionalicen dicho proceso. Esta lucha que viene de largos años y tiene una importancia crucial para el país, contrasta con la ausencia del tema en los grandes medios de comunicación.

 

Chubut: Por el repudio social, la Legislatura volvió a postergar la rezonificación minera

Por Pedro Perucca

En el marco de masivas manifestaciones de protesta que se sucedieron desde la madrugada, este jueves la Legislatura de Chubut volvió a suspender una sesión clave, en la que el oficialismo provincial esperaba aprobar finalmente el proyecto de rezonificación para habilitar la actividad megaminera en la provincia.

La decisión de suspender la sesión fue tomada conjuntamente por el vicegobernador Ricardo Sastre (segundo de Mariano Arcioni) y los presidentes de bloque Adriana Casanovas (PJ), Manuel Pagliaroni (Cambiemos), Sebastián López (Integrando Chubut) y Juan Pais (Chubut Al Frente). Sastre justificó la decisión afirmando: “Yo tengo que cuidar la integridad de los diputados. Muchos de ellos tenían manifestaciones en sus domicilios, en otras viviendas hubo destrozos. La realidad es que las condiciones no están dadas para realizar la sesión, ni siquiera en forma virtual”.

A principios de febrero ya había fracaso una sesión en el mismo sentido, a la que el oficialismo había llegado sin la cantidad de votos necesaria para garantizar la aprobación del proyecto de rezonificación, al que se opone buena parte de la sociedad chubutense, incluyendo a pueblos originarios, cámaras profesionales e instituciones académicas.

En el marco de un gigantesco déficit provincial, Arcioni busca rehabilitar la megaminería, prohibida en la provincia desde el histórico plebiscito del año 2003. El proyecto propuesto a la Legislatura, que fue elaborado con el aval del Gobierno nacional, busca permitir la minería metalífera química, de plata, cobre y plomo, en zonas como Telsen y Gastre. El proyecto está hecho a la medida de la minera canadiense American Silver, que prometió una inversión de mil millones de dólares en la provincia para avanzar con el proyecto megaminero Navidad, para extraer plata y plomo de la meseta provincial.

El proyecto que impulsa el gobierno de Arcioni no sólo fue elaborado con asistencia del secretario de Minería de la Nación, Darío Martínez, sino que incluso fue avalado por el presidente Alberto Fernández, quién definió: “Quiero que digan que me parece un excelente proyecto y que no entiendo cómo no lo trató aún la Legislatura”. También se utiliza como argumento a favor el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, presentado en octubre pasado por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, que considera a la minería como una de las actividades estratégicas de cara al futuro.

Por el momento parecen estar pesando más en la balanza provincial las objeciones a la iniciativa, que van desde distintos colectivos ambientalistas y de pueblos originarios hasta contundentes documentos desaconsejando la iniciativa por sus peligros ecológicos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Universidad del Chubut y las tres regionales provinciales del INTA. También el  Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) presentó a inicios de febrero un fuerte documento crítico en el que una Mesa Técnica Oficial interdisciplinaria enumera los riesgos ambientales del proyecto megaminero, el impacto crítico que tendría en la disponibilidad de agua, la violación de los requisitos de consulta previa a los pueblos originarios de la zona y otros problemas sociales, entre otros aspectos negativos de la iniciativa.

Publicado por Informe Político el 4/03/2021

 

Chubut, minería y regresión democrática

Por Maristella Svampa

En medio de una escandalosa operación que mezcla corrupción política, lobby empresarial, estado policial y evidente abuso de poder, una vez más, pese a la oposición de la población, la Legislatura de Chubut, impulsada por el actual gobernador Arcioni, buscaba aprobar en una sesión virtual el ingreso de la megaminería a esa provincia. Finalmente, la sesión parlamentaria se suspendió. Una vez más. La justificación oficial fue que hubo protestas frente a las viviendas de los legisladores, pero lo cierto es que el gobernador no contaba con los votos parlamentarios suficientes para aprobar la zonificación, a lo que se suma que la población estaba ya movilizada desde temprano, en las calles y rutas provinciales.

Chubut es uno de los grandes bastiones de la lucha contra la megaminería, no sólo en nuestro país, sino un ejemplo en toda la región latinoamericana. Es en Esquel donde arrancó la lucha en Argentina, al calor de las movilizaciones asamblearias de 2001/2002. El plebiscito realizado en 2003, que involucró a otras localidades de la comarca chubutense, arrojó más de un 80% de la población en contra de un emprendimiento minero, y dio nacimiento, poco después, a la primera ley provincial, la 5.001, que prohíbe la minería con sustancias tóxicas. El “efecto Esquel” se hizo sentir en otras provincias, lo cual desembocó en nuevas leyes –más completas, más perfeccionadas- que prohíben la minería a cielo abierto, como en Mendoza, Córdoba, San Luis, Tucumán, Tierra del Fuego y La Pampa. Las provincias de Río Negro y La Rioja también contaron con leyes que prohibían la megaminería. En La Rioja, su suspensión generó numerosas puebladas (entre ellas, la recordada pueblada de Famatina, en 2012), lo cual explica que, pese a todo, la megaminería no haya podido avanzar en esas tierras. En Río Negro fue el extinto gobernador Carlos Soria que, entre gallos y medianoche, en diciembre de 2011, derogó la ley antiminera, pero hoy la lucha de las poblaciones continúa, frente a los embates de las empresas mineras. 

En Mendoza, en diciembre de 2019, imposible olvidarlo, la provincia entera se movilizó en contra de la reforma de la ley 7.722, que el gobernador de Cambiemos, Rodolfo Suárez, había pactado a espaldas de la gente con el Frente de Todos para habilitar el ingreso de la minería. Las masivas movilizaciones en defensa del agua en Mendoza están entre las más grandes y espectaculares ocurridas en América Latina y, mal que le pese a los diferentes oficialismos (nacional y provinciales), dejaron en claro la creciente importancia de las luchas ecoterritoriales y la existencia de otros lenguajes de valoración del territorio, en clave ecológica, en tiempos de estrés hídrico y grave crisis climática. Se trata de potentes narrativas de cambio que aspiran a pensar la transición ecosocial y que no pueden ser minimizadas ni avasalladas en nombre de dudosas promesas de “progreso y desarrollo”. Además, tal como me dijera telefónicamente, en plena movilización mendocina, una conocida asesora presidencial, en Mendoza también estaba en juego “el principio de no regresividad de la ley”. O, dicho de otro modo, ninguna ley puede derogar a otra, conllevando un retroceso en términos de derechos humanos y ambientales. 

En Chubut, en los últimos 20 años, la defensa del agua y el territorio se extendió a toda la provincia, más allá de la heterogeneidad social, étnica y geográfica, desde la cordillera y la costa, hasta la sufrida estepa. Las empresas multinacionales mineras –casi todas canadienses- llevan más de diez años instaladas en la zona de Gastre y Gan Gan, en plena meseta, donde avanzaron con programas de responsabilidad social empresarial, a la espera de que algún gobierno apueste a la regresividad de la ley y habilite la minería de oro, plata y plomo, y también la de uranio. Bajo formas crecientes de clientelismo empresarial, estas empresas apuntan a colonizar a las comunidades, generando una ciudadanía dependiente de sus aportes (escuela, hospitales, transporte), y creando así las condiciones para un “mineralo-estado”, un Estado dentro del Estado, cuyas aristas conocen muy bien provincias como Catamarca, San Juan y –de modo más silencioso- Santa Cruz.

Desde hace años la población chubutense fue forjando un saber contraexperto sobre la minería a gran escala, informándose acerca de su insustentabilidad.  Desde académicos y profesionales, comerciantes, comunidades indígenas y amas de casa, a lo que se agregan hoy las generaciones más jóvenes, vimos emerger una población informada, como pocas veces visto en el país. Vimos también a una población que, contra viento y marea, no está dispuesta a renunciar a la democracia; combinando así la movilización social, los foros de información y discusión, con la activación de los dispositivos institucionales disponibles, para habilitar formas de democracia directa. Sucedió en 2014, cuando se presentó una propuesta de iniciativa popular que fue tergiversada por la Legislatura, en medio de un escándalo que mostró cómo un gerente minero daba órdenes a un diputado provincial (hay pruebas fotográficas de ello). Sucede en la actualidad, puesto que la población nuevamente –y en tiempos de pandemia- apeló a una segunda iniciativa ciudadana, avalada por más de 30.000 firmas, una propuesta que no solo contó son la coordinación de las asambleas ambientalistas, sino también con el apoyo de sectores de Salud, Educación, Multisectorial feminista, partidos y sindicatos de base, y movimientos de trabajadores en resistencia.

Por esa misma razón, lo que sucede en Chubut preocupa y espanta tanto. Las historias que conocimos en los últimos meses no dejan de sorprendernos: diputados coimeados que son expulsados por su propio partido (Pro), pero que siguen votando en la Legislatura; presión de las grandes empresas mineras y del gobierno, que a través de la pauta publicitaria (y las llamadas “publinotas”) arrasaron con el periodismo independiente provincial, incursionando exitosamente en los grandes medios de comunicación nacional; represión en las calles y persecución a conocidos referentes ambientalistas, a los cuales se les busca armar causas judiciales….Todo eso hace pensar que lo que está en peligro en Chubut no es solo una cuestión que involucra una discusión –desigual- sobre modelos de desarrollo, sino la democracia misma.  

Hay que decir también que la responsabilidad no es solo del gobernador de Chubut, cuya única obsesión es imponer, a como sea, la minería en la meseta, sino también la ceguera del gobierno nacional, que promueve la minería a cielo abierto como modelo de desarrollo. Convengamos sin embargo que no todo es ceguera desarrollista y analfabetismo ambiental en el gobierno de Alberto Fernández. Estremece el doble discurso a la hora de hablar de las cuestiones ambientales –tal como sucedió en la reciente apertura de las sesiones ordinarias del Congreso nacional- así como también la gran indiferencia y desprecio sobre lo que sucede a nivel de movilizaciones sociales y ambientales en las provincias. 

Es hora de reparar estos atropellos, tal como algunos referentes del oficialismo (Leonardo Grosso, Juan Grabois y Ofelia Fernández), vienen señalando en el último año. La embestida minera y la degradación democrática es de tal magnitud, que lo que sucede en Chubut nos advierte acerca de un peligroso proceso de pérdida de ciudadanía y democracia. Asimismo, para no continuar siendo hablados por los malos políticos y por las empresas transnacionales, insistiendo con modelos de maldesarrollo, el gobierno nacional debería abrir a una discusión seria sobre la transición socioecológica, que necesariamente debe adoptar moldes democráticos.

Publicado por El Diario Ar el 4/03/2021

 

Julio Vezub, impacto ambiental en Chubut

Por Noelia Barral Grigera - Entrevista en el programa Pasaron Cosas de Radio Con Vos (FM 89,9)

Julio Vezub: Universidad de la Patagonia. Historiador, Integrante del Conicet, especialista en conflicto ambiental y comunidades. Activo participante de la lucha contra la megaminería en Chubut. 

 

 

 

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