En Entre Ríos es muy probable que haya petróleo, y esa es una industria poderosa con unos vectores de inversión y desarrollo tremendamente importantes. Si le sumamos industria y regalías petroleras a nuestra capacidad especializada para producir agroalimentos, Entre Ríos sí que no tiene techo en su economía y en su desarrollo humano, porque justamente el desafío es que todo eso desarrolle un círculo virtuoso que impacte positivamente en las personas y en las familias.
Declaraciones del gobernador Sergio Urribarri
(Info Pública, 6/1/10).
En febrero de 2010 Entre Ríos dio inicio a un inédito programa de exploración de hidrocarburos en asociación con la multinacional española Repsol-YPF. Más allá de las expectativas económicas que el plan ha generado, el hecho de que la provincia no registre antecedentes en materia de explotación de hidrocarburos, cuente con escasa prospección, y que, a su vez, haya modelado un perfil productivo altamente incompatible con la extracción de gas y petróleo, abre severos interrogantes respecto a la sustentabilidad socio-ambiental del proyecto. La iniciativa no sólo compromete a futuro la gestión económica, social y ecológica de la región, sino que también se cierne como una grave amenaza para el Sistema Acuífero Guaraní, tercer reservorio más importante de agua dulce a nivel mundial.
Déficit fiscal y expansión de la frontera hidrocarburífera
El convenio de exploración que Entre Ríos firmó el 9 de febrero de 2010 con la multinacional Repsol-YPF, se encuadra dentro de
un proceso de selección y oferta de áreas secundarias para la exploración hidrocarburífera que se ha propagado con inusitada velocidad a veinte de los veinticuatro distritos administrativos en los que se encuentra dividido el país.
[1]El fenómeno, que denominaremos
expansión de la frontera hidrocarburífera, cobró fuerza a partir de la promulgación del decreto 546/03 y la sanción de la
ley corta Nº 26.197/07 –ambas bajo la presidencia del Dr. Néstor Kirchner-, cuyo objetivo manifiesto fue el de poner fin a una situación jurídicamente ambigua heredada de las reformas de la década de 1990
[2], y consistente en la superposición de atribuciones del Estado Nacional y los provinciales sobre los yacimientos hidrocarburíferos. Hay que destacar que mientras a nivel mundial se ha tendido hacia un control centralizado y una gestión estatal estratégica de estos recursos no renovables, las reformas legales aludidas reconocieron a las provincias “el derecho a otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación, almacenaje y transporte de hidrocarburos en sus respectivas jurisdicciones”
[3], con lo cual se balcanizó la gestión, se perdió toda posibilidad de planeamiento estratégico a nivel nacional y se agigantó la capacidad de presión, chantaje y negociación de las operadoras privadas.
A partir de esta consolidación del modelo neoliberal, las provincias asumieron el dominio de sus recursos y se lanzaron en una agresiva campaña a licitar zonas de exploración y explotación, actualizando sus legislaciones internas y otorgando todo tipo de ventajas para atraer al capital privado, convirtiéndose así en las nuevas interlocutoras de la industria petrolera.
No obstante, si bien la cuestión legal ha constituido un importante acicate, esta virtual revolución del panorama energético nacional encuentra aquiescencia en la apremiante situación económica de muchas provincias, que motivadas por el alza del precio de barril de crudo y la caída del horizonte de reservas de hidrocarburos a nivel nacional, vieron en la extracción de petróleo y gas una nueva fuente de ingresos propios frente a sus crecientes déficits fiscales.
Veinte administraciones cerraron el 2009 con números rojos, y solamente cuatro distritos lograron superávit financiero. La situación, que no ocurría desde la crisis de 2001/2002, revierte lo registrado hace apenas tres años, cuando precisamente veinte provincias exhibían resultados positivos (La Nación, 28/12/09).
Sucintamente, esta situación se explica a partir de dos fenómenos fiscales concomitantes. En primer lugar, el porcentaje de fondos transferidos automáticamente a las provincias ha disminuido progresivamente cada año debido a los cambios experimentados por la estructura de ingresos de la Nación, que actualmente cuenta con importantes retribuciones por retenciones a la exportación y el “impuesto al cheque”, y la inadecuación de la legislación vigente. En 2009, los fondos coparticipados habrían alcanzado el 24% de la recaudación total del Gobierno Nacional, diez puntos por debajo de lo establecido por la Ley de Coparticipación Federal Nº 23.548 (Banegas Lynch, et ál., 2009).
Por otro lado, se ha producido un progresivo aumento del gasto público en las veintitrés provincias y la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2003. Comparado con 2008, el incremento del gasto público en 2009 habría sido de un 19,3%, por lo que habría llegado a $173.131 millones, la mayor participación de los últimos diez años (Economía & Regiones, 22/1/10).
La región denominada “Centro”, que Entre Ríos integra junto a Córdoba y Santa Fe, es la segunda que más contribuye al gasto consolidado provincial con un 18%. Al mismo tiempo, es una de las más castigadas por las reformas neoliberales de la década de 1990, que perjudicaron severamente las economías regionales, y transfirieron la provisión de salud y educación –entre otras prestaciones- de la órbita nacional hacia las provincias; en la región Centro, el 76% de las erogaciones provinciales se destina a tales efectos (Economía & Regiones, 22/1/10).
Oszlak (2000: 3) ha señalado que a partir de las reformas neoliberales,
los gobiernos provinciales debieron hacerse cargo de nuevas responsabilidades y administrar un aparato institucional mucho más denso y extendido, sin haber adquirido las capacidades de gestión requeridas, lo cual se tradujo en altos grados de ineficiencia en el cumplimiento de los programas de gobierno […] Se produjo una ‘fuga’ de empleo público del estado nacional hacia los estados subnacionales. Las provincias y municipios se han constituido en fuertes empleadores, forzados por las transferencias unilaterales de gestiones desde la Nación, por la crisis de sus economías y por la continuada vigencia del nepotismo político.
En los últimos siete años, el empleo público creció más del 40%, siendo las provincias y los municipios los mayores responsables del aumento. De 940.000 nuevos puestos públicos, 665.000 son provinciales (Clarín, 17/1/10). En Entre Ríos, la planta permanente del estado pasó de 46.259 a 60.035 empleados públicos, lo que representa un crecimiento de casi un 30% (La Voz, 18/1/10).
Por otro lado, la situación no ha redundado en una retirada “absoluta” del Estado Nacional, que ha mantenido su presencia a partir de la concentración y asignación de gran parte de los recursos del gobierno general. En sí, el “esquema también tendió a debilitar las capacidades locales de generación de recursos propios y a someter excesivamente los presupuestos públicos a los avatares de la recaudación y el endeudamiento público” (Oszlak, 2000: 17).
Así las cosas, no debería extrañar que ante este panorama fiscal muchas provincias busquen vigorizar sus economías con nuevos ingresos propios, entre los que se encontrarían las regalías hidrocarburíferas.
Es en este punto en el que debemos dar un salto adelante en nuestras consideraciones. Ni el Estado Nacional ni los provinciales han sido desmantelados por completo. Muy por el contrario, existe una “renovada presencia estatal en todo aquello que se relacione con cortejar a los inversores y volcar a favor de los empresarios las condiciones de contratación y utilización de la fuerza de trabajo” (Boron, 1999: 5), que debe impelernos a (re) pensar lo desarrollado hasta aquí en función del desenvolvimiento de la relación Estado-Capital.
Acumulación originaria y acumulación por despojo
La expansión aludida encuentra sustento no sólo en la existencia de un marco legal favorable y la delicada situación económica de las administraciones provinciales, sino también en una sucesión de cambios mucho más profundos a escala global. Con el propósito de dar una comprensión más acabada a estos fenómenos, desarrollos analíticos recientes (cfr. Bonefeld, 2001; De Angelis, 2001; Perelman, 2001; Harvey, 2005; Roux, 2008) han puntualizado la necesidad de rediscutir la tesis de Marx sobre la llamada acumulación originaria presente en el célebre capítulo XXIV de El Capital.
Massimo De Angelis señala la existencia de dos marcos interpretativos en torno al concepto acumulación originaria. El primero podría asociarse, esquemáticamente, a un temprano estudio de Vladimir I. Lenin titulado El desarrollo del capitalismo en Rusia (1899). Este enfoque ve a la acumulación originaria “básicamente como la premisa histórica del modo de producción capitalista y por lo tanto se centra en el proceso de separación entre productores y medios de producción en el momento de transición entre modos de producción” (De Angelis, 2001: 2).
La segunda interpretación podría rastrearse en La acumulación de capital (1913) de Rosa Luxemburgo. Si bien la revolucionaria polaca acepta, formalmente, la concepción de la acumulación originaria como fenómeno único, también es cierto que agrega un factor adicional: el modo de producción capitalista debe recurrir constante y necesariamente al mundo no-capitalista, “para colocar en él sus productos, para sacar de él materias primas y para transformar a sus trabajadores en asalariados del capital, en proletarios, en carne de ganancias” (Luxemburgo, 2007: 112). De los choques y resistencias que el capital debe enfrentar a lo largo y ancho de su expansión mundial, emerge un elemento clave para este segundo marco interpretativo: el factor extraeconómico -condensado básicamente en la violencia política ejercida por el Estado-, como elemento inherente, continuo y necesario de la acumulación de capital.
Entonces, de acuerdo al primer esquema, el concepto de acumulación originaria da cuenta de un proceso histórico externo que, principalmente a partir de la violencia organizada y concentrada en el Estado, implicó el despojo de grandes masas de la población respecto de los medios de producción que hasta entonces eran propiedad comunal, y operó como prerrequisito genético, sentando las bases de la sociedad capitalista moderna. Concretada dicha separación, la acumulación de capital transcurriría primariamente bajo los presupuestos y leyes económicas de la reproducción ampliada, que relegarían la violencia política tras el velo mistificador de la “libre” concurrencia al mercado para el intercambio de “equivalentes”.
A diferencia de este esquema, tanto los análisis centrados en la geografía histórica del capitalismo, como los que hacen más hincapié en la propia construcción teórica y conceptual de Marx, retoman el marco interpretativo que De Angelis identifica con el enfoque de Luxemburgo, y sostienen que no se puede confinar “la acumulación basada en la predación, el fraude y la violencia, a un ‘estado original’ considerado no vigente […], como algo ‘exterior’ al sistema capitalista” (Harvey, 2005).
De hecho, la acumulación originaria, tal y como la describe Marx, implica una amplia gama de procesos como
la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por la fuerza de las poblaciones campesinas, la conversión de varias formas de derechos de propiedad (común, colectiva, estatal) exclusivamente en propiedad privada, la supresión del derecho a usar los bienes comunes, la mercantilización de la fuerza de trabajo y la eliminación de formas alternativas (indígenas) de producción y consumo, formas coloniales y neo-coloniales e imperialistas de apropiación de activos (incluyendo recursos naturales), la monetarización de los intercambios y de la fiscalización (especialmente de la tierra), el comercio de esclavos, la usura, la deuda nacional y […] el sistema crediticio. (Harvey, 2005).
El desarrollo histórico reciente del capitalismo no hace más que confirmar la vigencia de muchos de estos elementos.
Por otro lado, también se ha señalado la importancia de estos procesos como momentos constituyentes del capital. En cuanto tales, una vez que el capital llega a ser, deben ser entendidos
como resultados de su propia realización, como realidad puesta por él: no [ya] como condiciones de su génesis, sino como resultados de su existencia. [En consecuencia], en el discurso teórico de Marx los métodos analizados en la llamada ‘acumulación originaria’ no eran solamente presupuestos genéticos del capital, sino métodos de acumulación inherentes a su existencia. (Roux, 2008).
Sintéticamente, la reproducción del capital como relación social -y no como simple categoría económica-, implica en esencia un continuo proceso de separación entre productores directos y medios de producción. Este es el secreto oculto en la acumulación originaria de capital, que por lo demás, difiere primariamente de la acumulación que se produce bajo la forma de reproducción ampliada por el rol preponderante que asigna a fuerzas extraeconómicas como el Estado.
De Angelis (2001: 9) señala que aquélla
no puede ser confinada a un pasado distante [ya que] no hay nada que indique que esta separación no pueda ocurrir en cualquier momento, inclusive al interior de un modo de producción capitalista ‘maduro’, cuando las condiciones para una separación ex novo están dadas.
Así, no sólo los territorios pre-capitalistas aún existentes podrían ser expropiados para su asimilación por el capital, sino que, en la medida en que la acumulación originaria se constituye también como garantía de continuos procesos de desenvolvimiento y acumulación de capital, diversas disputas y nuevas relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase podrían desencadenar estrategias de acumulación originaria sobre bienes previamente considerados comunes. Parafraseando a Karl Polanyi, podríamos decir que ésta puede ser percibida en todo proceso social tendiente a desmantelar las trabas que la sociedad ha impuesto históricamente al mercado.
La rediscusión de estas tesis ha llevado a numerosos autores a caracterizar como fenómenos de acumulación por despojo (o desposesión) a los cambios económicos sucedidos a escala global en los últimos treinta años.
La crisis de sobreacumulación, y posterior quiebre del orden económico internacional de la segunda posguerra, implicó la apertura de un nuevo ciclo económico, asentado en la hegemonía del capital financiero, que conoció múltiples impulsos de acumulación por despojo. De hecho, la privatización de bienes y servicios públicos, la disolución de formas puras o híbridas de la comunidad agraria, y la creciente mercantilización de la tierra (Roux, 2008), oficiaron de antídotos ante la recurrente imposibilidad de prolongar la reproducción ampliada de capital.
Las denominadas “crisis de la deuda”, y el cerril acatamiento que el Consenso de Washington tuvo en estas latitudes, provocaron un severo reordenamiento de las relaciones de producción al interior de la periferia, y entre ésta y los grandes centros de consumo a nivel mundial. Al compás de un nuevo modelo de acumulación, “todo el tercer mundo, incluida América Latina obviamente, se [reconvirtió] en casi nada más que oferente de hidrocarburos, minerales, biodiversidad y alimentos bajo la clásica fórmula de la división internacional del trabajo” (Galafassi, 2008: 154).
Petróleo y gas en Argentina, de recursos estratégicos a commodities
Los procesos analizados más arriba se encuentran en la base de la cirugía mayor con la que en la década de 1990 se desmontó el modelo argentino de gestión, extracción y comercialización de hidrocarburos. El Estado Nacional no sólo se retiró como productor, sino que también se (auto) despojó de todas sus potestades en materia de regulación, a favor de las denominadas “fuerzas del mercado”, que desde entonces asumieron el control y se encargan de asignar “eficientemente” los recursos (Mansilla, 2007).
Vale la pena reseñar que durante décadas los hidrocarburos fueron concebidos como recursos estratégicos en el marco del modelo de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), y en función de la satisfacción de las necesidades energéticas del país y sus habitantes. Cualquier proyecto de industrialización debía contar obligadamente con una abundante oferta de combustibles baratos que funcionara como subsidio energético para el capital industrial, y al mismo tiempo abaratase las mercancías consumidas en el mercado interno, y con ellas, los costos de reproducción de la fuerza de trabajo. Por otro lado, buena parte de “la renta petrolera” fue destinada a la concreción de obras de infraestructura –algunas, como la construcción de represas, con el propósito de diversificar la matriz energética-, repartida entre las provincias, y utilizada en pos de un sistema de tarifas que funcionaba como redistribuidor del ingreso y factor antiinflacionario. Finalmente, YPF era la empresa más grande del país y, muchas veces en detrimento de sus utilidades económicas, cumplía una función social importante a partir de todos los beneficios que otorgaba tanto a sus empleados, como a los habitantes de las localidades en las que operaba (Bernal, De Dicco y Freda, 2008; Mansilla, 2007).
Si bien los capitales privados nacionales y extranjeros, en connivencia con ciertas élites provinciales, nunca ocultaron sus apetencias hacia el negocio petrolero, en 1988 apenas acaparaban algo más del 10% de la renta (Mansilla, 2007). Sólo a partir del desmantelamiento del modelo de la ISI, y la imposición del modelo de acumulación que hemos detallado más arriba, pudieron efectivizarse medidas desregulatorias que, negando el rol estratégico de los hidrocarburos y convirtiéndolos en meros commodities, cumplieron el objetivo sustantivo de incorporar este recurso energético al circuito de valorización. Entre octubre y diciembre de 1989 se dictaron los decretos Nº 1055, 1212 y 1589, que resultan sumamente ilustrativos de la nueva situación. Como adelantáramos al principio, mediante los mismos se
creó un mercado libre de petróleo crudo, se otorgó la libre disponibilidad y la libre exportación del petróleo extraído por parte de cada empresa privada. Las empresas pasaron a controlar las reservas de hidrocarburos sin que el Estado pueda siquiera conocer a ciencia cierta la cantidad de reservas que tiene el subsuelo” (Mansilla, 2007: 37).
El posterior proceso de provincialización de los yacimientos hidrocarburíferos y el desguace, privatización y extranjerización de YPF abrió las puertas a una acumulación por despojo de tal magnitud que su principal beneficiaria, la multinacional española Repsol, pasó de ser una compañía relativamente pequeña, concentrada en la industrialización y comercialización de hidrocarburos, a una de las petroleras más grandes del mundo (Cervo, 2001). Se estima que entre 1993 y 2000 las veinte petroleras más importantes a nivel global obtuvieron un porcentaje de beneficios sobre ventas entre el 3,3% y el 8,3%. En el mismo período, Repsol elevó esos números a 7,2% y 17,9% (Mansilla, 2007).
Una vez que los capitales privados se hicieron cargo de la gestión y explotación de los yacimientos –con la anuencia del Estado nacional y los provinciales-, emprendieron una política predatoria sustentada únicamente en la valorización inmediata de sus concesiones, que limitó la inversión a los pozos de explotación ya productivos o con reservas probadas por la vieja YPF, y por ende, extendió el alcance de la acumulación a las inversiones de riesgo hechas por la petrolera estatal durante décadas.
Como correlato de esta estrategia se produjeron enormes incrementos en materia de explotación y exportación de hidrocarburos que literalmente saquearon las reservas nacionales. Mientras que en 1989 el horizonte de reservas (relación reservas/producción) era de 14 años para el petróleo y 32 años para el gas, en 2009 esas cifras se redujeron a 10 y 8 años, respectivamente (iEco, 3/8/09).
A pesar de su retirada en favor de las “fuerzas del mercado”, esta acumulación por despojo no hubiese sido posible sin el concurso activo del Estado a la hora de abrir el territorio para la penetración del capital. La velocidad, violencia y unidireccionalidad presentes a tales efectos en Argentina, han parecido más propias de un comité de negocios de la burguesía, que de un entramado institucional gozoso de autonomía relativa respecto del bloque en el poder. Sin lugar a dudas, en tanto condensación de relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase, la actuación estatal ha estado fuertemente condicionada por la sucesión de derrotas y el disciplinamiento infligido sobre los sectores populares entre mediados de la década de 1970 y principios de siglo.
El territorio entrerriano como soporte de actividades hidrocarburíferas
Más allá de los casi nulos antecedentes, estudios geofísicos recientes avalarían la posibilidad de hallar hidrocarburos en territorio entrerriano (Aceñolaza, 2007): la cuenca Chaco Paranaense sobre la que se asienta Entre Ríos se encuentra a mitad de camino entre la brasileña de Iratí y la Andina salteña, ambas con probada existencia de gas y petróleo. La zona con mayor prospectiva en la provincia se encuentra en la región centro-norte, y en la actualidad casi monopoliza las producciones de cítricos y arroz -que la provincia lidera a nivel nacional en volúmenes de producción y exportación-, y tienen suma importancia las de madera y lino. Por otra parte, el norte de Entre Ríos concentra gran cantidad de ganado vacuno, con existencias que rondan 1.500.000 ejemplares (Rearte, 2007).
En general,
el territorio en cuestión es soporte de numerosas actividades productivas primarias y agroindustriales. La estructura exportadora de Entre Ríos marca una fuerte preeminencia del sector primario (Domínguez, 2009), que en 2008 concentró el 56,1% de las exportaciones U$S FOB
[4], (destacándose la soja, el maíz, el trigo y los cítricos), seguido por el sector agroindustrial con un 34,3% de las exportaciones U$S FOB (entre los que se destacan el arroz, los lácteos y la madera). En orden de importancia, los principales destinos de las exportaciones son Asia, Europa y el MERCOSUR.
Desde el punto de vista de los recursos hídricos, el territorio entrerriano se encuentra comprendido por el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), uno de los reservorios de agua subterránea más grandes del mundo. El SAG abarca un área de 1.084.063 kilómetros cuadrados, en sectores del subsuelo de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, sobre la que se yerguen 1.500 municipios de los cuatro países, con una población total de alrededor de 23.500.000 habitantes. Casi un 40% de la misma se abastece de agua potable del SAG, utilizándose para la provisión humana, industrial y para explotación como termas (Santa Cruz, 2009). Por la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en la zona,
no sólo [correría] peligro el Acuífero Guaraní, sino también todos los otros acuíferos e incluso cauces de arroyos y ríos. La provincia de Entre Ríos tiene un importante acuífero denominado Ituzaingó (alrededor de los 100 metros de profundidad) que es explotado en algunas localidades en forma muy intensa con destino a riego de arroz. (Santa Cruz, 2010).
Contradicción capital naturaleza
La industria petrolera debió adaptarse a nuevos estándares ambientales en todo el mundo, así que descartamos eventualmente cualquier tipo de problemas al respecto y hay decenas de ejemplos en el mundo donde zonas de producción primaria conviven perfectamente con desarrollos petroleros.
Declaraciones del gobernador Sergio Urribarri
(Info Pública, 6/1/10)
En relación a los cuidados ambientales, Santa Cruz (2010) afirma que
la clave de toda la cuestión ambiental es tener un buen control a través del Estado y siguiendo claros lineamientos y reglamentaciones. Una recomendable medida inicial sería institucionalizar el ‘Manual de perforaciones de pozos tubulares’ publicado por el ex ‘Proyecto Sistema Acuífero Guaraní’ y en poder de los organismos nacionales y provinciales involucrados en el mismo. Para la ejecución de perforaciones de exploración hay que tener los mismos cuidados ambientales constructivos que para las de explotación, especialmente en los temas de aislaciones de los terrenos atravesados, [que deben hacerse] con cañería en buen estado y cementadas por fuera, y con pruebas de estanqueidad realizadas, todo debidamente certificado ante la autoridad competente y con inspecciones técnicas idóneas. Además, los pozos de estudio realizados, y que van a ser abandonados, deberán cementarse convenientemente […] El tema institucional es fundamental: por más que tengamos códigos y normativas, si no se aplican bien y se controla como corresponde, no se soluciona la temática de evitar la contaminación ambiental. [En el caso particular de Entre Ríos] sería conveniente que se arbitren los medios necesarios para contratar una inspección independiente económicamente del tesoro provincial y que haga cumplir y certifique toda la normativa ambiental al respecto. También sería interesante abrir el tema del control a una gestión más participativa de la sociedad organizada”.
Todos estos cuidados implican desembolsos de capital aún mayores a los que el área de por sí demanda. Si bien es cierto que el único antecedente de exploración efectiva data de 1961, y fue realizado con una tecnología que hoy resulta totalmente obsoleta, no debería perderse de vista que las actividades exploratorias en una cuenca con escasa prospección como la Chaco Paranaense requerirán elevadas inversiones.
Bastaría con echar un vistazo a la forma en que se ha desarrollado la explotación de hidrocarburos en Argentina en los últimos veinte años para plantear severas dudas en torno a la viabilidad del proyecto en Entre Ríos. En general, la falta de inversiones no se ha limitado a la búsqueda y reposición de reservas, sino que también ha acarreado graves incumplimientos y daños en materia ambiental. El abultado y documentado prontuario de Repsol (cfr. Gavaldá y Scandizzo, 2008) en las localidades del país en las que opera nos exime de mayores comentarios en este sentido. Sin embargo, podemos ir más a fondo en la argumentación introduciendo la relación capital-naturaleza como nuevo elemento de juicio.
La acumulación por despojo que señalábamos más arriba se ha combinado con un incremento de la explotación en la relación salarial, y con lo que se ha denominado la segunda contradicción del capitalismo, esto es, la tendencia del mismo a destruir su propia base de sustentación. El desenvolvimiento ad infinitum del capital presupone un abastecimiento ilimitado, en cantidades, calidades y precios correctos, de lo que Marx ha llamado “condiciones de producción”: fuerza de trabajo (“condiciones personales de producción”), ambiente (“condiciones naturales de producción”) e infraestructura (“condiciones generales, comunitarias, de producción”) (O’Connor, 2002). Cualquier incremento significativo del costo de estos elementos golpea al capital por el lado de la oferta y dificulta su reproducción.
La lógica de valorización implícita en el movimiento del capital y la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, constituyen un verdadero espiral en este sentido, en tanto el afán de los capitales individuales por defender o aumentar su rentabilidad los lleva a adoptar estrategias de reducción de costos, que no hacen más que degradar las condiciones sociales y materiales de su propia producción, derivando en un nuevo aumento, que puede generalizarse para todos los capitales, y cuya externalización afecta a la sociedad en su conjunto. Como sostiene O’Connor (2002: 44),
puede ocurrir que grandes presiones económicas provenientes de la demanda (o de los costos, o de ambos a la vez), surgidas a consecuencia de la sobreproducción de capital (o de la subproducción, o de ambas) fuercen a los capitales individuales a tratar de restaurar las ganancias mediante una mayor externalización de sus costos, esto es, transfiriendo mayores costos al ambiente, la tierra y las comunidades
En el caso concreto que aquí analizamos, la segunda contradicción presenta varias aristas. Por un lado, la caída del 60% en las ganancias operativas de Repsol en 2009, la ha llevado a una fuerte disputa interna entre accionistas, que reclaman ingentes desinversiones ante la reducción de dividendos. En segundo lugar, parte del paquete accionario de la filial argentina de Repsol –que por razones de marketing, continuó llamándose YPF- fue adquirido por el grupo empresario local Petersen, a partir de un préstamo de la misma YPF, a ser devuelto con sus propias utilidades. Este singular mecanismo de compra ejercería una presión adicional sobre la magnitud y velocidad de la valorización, que podría ser compensada únicamente mediante una aceleración de la tasa de retorno del capital, precipitando la producción y reduciendo su tiempo de circulación, esto es, minimizando las inversiones en capital fijo, sobre todo las referidas a cuidados ambientales (que no reportan ningún beneficio económico).
Por otro lado, en la medida en que la región no registra antecedentes en materia hidrocarburífera, tampoco se contaría con la infraestructura y los cuadros técnicos indispensables para encarar la explotación. Suponiendo que la fuerza de trabajo fuese importada de otras regiones, aún habría que enfrentar los elevados costos de exploración y explotación que, al margen de los cuidados ambientales, impone una región con escasa prospección como el territorio entrerriano.
Finalmente, en tanto las condiciones de producción no son producidas ni reguladas satisfactoriamente de acuerdo a las leyes del mercado, “debe existir alguna agencia cuyo trabajo consista tanto en producir las condiciones de producción como en regular el acceso del capital a las mismas. En las sociedades capitalistas, esa agencia es el estado” (O’Connor, 2002: 41). Sin embargo, la imperiosa necesidad de recursos que experimenta la administración entrerriana, siembra dudas respecto de su autonomía para imponer condiciones al capital.
Consideraciones finales
A partir de lo expuesto se deduce que los cuidados y controles ambientales pertinentes dificultarían la viabilidad del proyecto desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista del capital, una solución posible pasaría por atender el lobby del conglomerado petrolero que desde hace meses presiona por la eliminación de las retenciones a la exportación, y un aumento del precio de corte del barril de crudo y del gas en boca de pozo en el mercado interno. Sin embargo, una medida de este tipo no sólo aceleraría la expoliación del recurso energético, sino que también ocasionaría un aumento generalizado de precios –al repercutir directamente sobre los combustibles- con consecuencias inflacionarias impredecibles.
Por otro lado,
la externalización de estos costos derivada de la ausencia de medidas y controles ambientales pondría en grave peligro a otros bienes comunes invaluables como el Sistema Acuífero Guaraní. Tampoco debería soslayarse la superposición de fronteras productivas, y la incompatibilidad de las actividades económicas ya existentes en territorio con una eventual explotación de hidrocarburos[5].
Como adelantáramos, la
expansión de la frontera hidrocarburífera cobra aún más relevancia en tanto fenómeno asociado al actual ciclo de acumulación por despojo, que por lo demás, también se manifiesta en la proliferación de otras actividades extractivas como la minería, el cultivo de soja
[6] y la deforestación.
Lo singular del caso que aquí presentamos tiene que ver con el hecho de que hasta el momento, al menos en el caso de los hidrocarburos, el avance se había producido intramuros, en zonas secundarias aledañas a las explotaciones tradicionales. Y lo principal es que básicamente se había apelado a lo que denominamos disolución de formas puras o híbridas de la comunidad agraria, es decir, que se habían incorporado al circuito de valorización territorios donde predominaban modos no-capitalistas de producción y reproducción de la vida. Así lo atestigua, por ejemplo, la invisibilizada lucha del pueblo mapuche en Norpatagonia.
Ahora, la novedad es que de prosperar la explotación de hidrocarburos en suelo entrerriano, se produciría un ajuste de cuentas entre sectores y actividades productivas netamente integradas a la valorización de capital. No es un dato menor: en marzo de 2010 el gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció sus intenciones de promulgar una nueva ley de hidrocarburos (Crítica, 1/3/10), que habilitaría el ingreso de esta industria en uno de los principales núcleos agrícola-ganaderos de acumulación de capital. Entre Ríos podría presagiar, en definitiva, nuevas disputas y reacomodamientos entre clases y fracciones de clase, transformaciones territoriales y resistencias.
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O’Connor, James: “¿Es posible el capitalismo sostenible?”En Alimonda, Héctor [comp.]: Ecología Política. Naturaleza, Sociedad y Utopía. Buenos Aires, Clacso, 2002, pp. 27-49
Oslzlak, Oscar: El mito del Estado mínimo: una década de reforma estatal en Argentina. V Congreso Internacional del CLAD sobre Reforma del Estado y de la Administración Pública. Santo Domingo, 2000
Pengue, Walter: “El vaciamiento de las pampas”. Le Monde Diplomatique (Buenos Aires), mayo de 2003
Rearte, Daniel [coord.]: Distribución territorial de la ganadería vacuna. INTA, noviembre de 2007
Santa Cruz, Jorge N.: Petróleo en Entre Ríos, enero de 2010. (Inédito)
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[1] En las últimas dos décadas, fueron seis -Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Mendoza, Río Negro y Salta- las provincias que explotaron estos recursos de forma considerable.
[2] Entre ellas, la provincialización de los recursos naturales consagrada en el artículo 124 de la Constitución Nacional reformada en 1994.
[4] Free On Board (franco a bordo): mercancía puesta a bordo por el expedidor, libre de todo gasto de aduana, seguro, flete, etc.
[5] Un ejemplo extremo, pero sumamente gráfico de este posible peligro lo constituye Nigeria: “
Hasta los años 70 –momento en el que se inició el boom en la extracción y exportación del crudo, la agricultura aportaba los principales renglones exportables. Sin embargo, desde aquella fecha esa situación se modificó de manera radical. Hoy, solo el 30% de lo que actualmente se produce en el agro en Nigeria se destina a la exportación, y el 70% se emplea en el autoconsumo […] el Delta del Níger, tradicional zona agrícola del país, se ha convertido en el mejor ejemplo del maltrato ecológico vinculado con la extracción del crudo. Allí, donde el petróleo se extrae, han desaparecido las tierras cultivables” (Sánchez, 2007)
[6] La enorme extracción de nutrientes ocasionada por el uso intensivo de la tierra, ha llevado a algunos autores a considerar al cultivo de soja como una actividad extractiva. “Anualmente Argentina exporta millones de toneladas de nutrientes naturales que no se recuperan de manera sustentable: 3.500.000 toneladas de nutrientes. La soja, motor de la agricultura argentina exportadora, representa casi el 50% de esta cifra” (Pengue, 2003: 16).