Una fisura en el muro de la impunidad

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Autor(es): Bandirali, Julieta

Bandirali, Julieta Bandirali, Julieta . Abogada, ex vicepresidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, una de lxs fundadorxs de la Plataforma Argentina de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes de la Guerra Civil Española y el Franquismo. Dirección de E-mail: julietabandirali@yahoo.com.ar


 
 
 
La Querella Argentina contra los crímenes de la Guerra Civil Española y del Franquismo
 
“La solidaridad es la ternura de los pueblos”
Paqui Maqueda, querellante1
 
El 14 de abril de 2010 sucedió un acontecimiento que pasará a la historia de la justicia argentina y del mundo. Ese día se presentó en los tribunales de nuestro país la que aún es la única causa existente en el mundo que juzga los crímenes cometidos durante la guerra civil española y la dictadura franquista. Lleva el número 4591/2010, tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 a cargo de la Dra. María Romilda Servini de Cubría y ya lleva cien cuerpos.
“España necesita un Garzón en la Argentina” fue, palabra más o menos, la frase que Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, exclamó en una charla entre amigos en Madrid en 2008. En esa reunión se encontraban Raúl Zaffaroni, en uno de sus habituales viajes a España; Matías Bailone, abogado argentino que estaba cursando su doctorado en la Universidad de Castilla/La Mancha; Ariel Jerez, un profesor argentino radicado allá y Joan Garcés, prestigioso abogado español.2 Unas reflexiones en común, un intercambio de ideas, un rápido vistazo mental a la Constitución Nacional de la República Argentina, en la que encontraron la puerta para tratar de ingresar al mundo de la justicia universal, hicieron que este grupo de hombres perseguidores de justicia comenzaran a soñar con la querella para terminar con la impunidad del franquismo. Esa impunidad que, en los momentos en que se escribe esta nota, ya lleva 40 años, 10 meses y 9 días.
El enfoque jurídico estaba y el deseo de ir hacia adelante también. Sólo que, en España, Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, se había declarado competente para investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra y el franquismo, por lo que entendieron que no era posible abrir una causa en la Argentina mientras se investigaran los crímenes en su lugar de origen. Pero esta voluntad, como es sabido, le costó el puesto a Garzón y en España se cerraron todas las puertas. Así fue como Joan Garcés se contactó nuevamente con Matías Bailone para señalarle que era el momento de empezar a pedir justicia para España en la Argentina.
Para llevar este sueño adelante, hubo que buscar a los abogados que conformaran el equipo en Argentina. Y también hubo que encontrar a los querellantes que encabezaran el pedido.
Fue Emilio Silva quien sugirió el nombre de Darío Rivas, un anciano enérgico que vivía en Buenos Aires desde niño y que, con la colaboración de la ARMH, ya había logrado exhumar los restos de su padre, un alcalde socialista de la localidad de Castro do Rei en la provincia de Lugo, fusilado por los franquistas al borde de la tapia del cementerio en octubre de 1936.
Y también Inés García Holgado que se sumó por el fusilamiento de dos de sus tíos abuelos y por la desaparición de un tercero. Más adelante se incorporaría Adriana Fernández por la causa de su abuelo, uno de los miles fusilados al borde de los caminos, en las famosas cunetas.
En cuanto a los abogados, se logró comprometer al Dr. David Baigún, prestigioso profesor de derecho penal de la Universidad de Buenos Aires, hoy ya fallecido, y a los integrantes de su estudio los Dres. Ricardo Huñis y Máximo Castex. También al Dr. Beinusz Szmukler, de dilatada trayectoria en causas de derechos humanos. El Dr. Zaffaroni contactó a la Dra. Ana Messuti, abogada argentina que se encontraba preparando, en la Universidad de Salamanca, su tesis para el doctorado (obtuvo el Premio extraordinario del Doctorado), que versaba directamente sobre la memoria histórica y la obligación del Estado de perseguir penalmente los crímenes internacionales, y quien se integró al equipo en un viaje a Buenos Aires por razones familiares.
En ese contexto sucedió algo sorprendente. En el diario Página/12 se publicó un reportaje al abogado Carlos Slepoy, que se había convertido en un referente de la lucha contra la impunidad de los genocidas argentinos al encabezar los juicios que se desarrollaron en España cuando en nuestro país estaban vigentes las leyes de obediencia debida y punto final. En ese artículo, Slepoy, que se encontraba temporalmente en Argentina, dice “España necesita un Garzón argentino”. Matías Bailone, emocionado por la increíble coincidencia, lo llamó por teléfono y logró sumarlo al equipo de trabajo. En activas y kilométricas reuniones, se redacto la querella, en la que participaron fundamentalmente Ana Messuti, Carlos Slepoy, Matías Bailone y Máximo Castex; cuando todos dieron su visto bueno, se resolvió presentarla el 14 de abril, día de la República Española. Para ello, ampliaron la convocatoria y sumaro, como querellantes, además de a la originaria Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de España, a organismos de derechos humanos tales como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Servicio de Paz y Justicia, la Liga por los Derechos del Hombre –que aportó la colaboración de los abogados Carlos Zamorano y Héctor Trajtemberg–, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales; a representantes de las colectividad como la tradicional Federación de Sociedades Gallegas y también de los trabajadores,, como la CTA Autónoma y otros colectivos.
La querella solicitó que Servini de Cubría recabase todos los nombres y el último domicilio conocido de los ministros que tuvieron funciones entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 –fecha de las primeras elecciones en España tras la muerte de Franco– y la “certificación de los que hayan fallecido”. Lo mismo se pidió para “los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española” en el mismo período. Además, se requirió que se remiteran los listados con el número de desaparecidos, asesinados y torturados; otro de las fosas comunes halladas en España; un censo de los menores apropiados ilegalmente y los nombres de “todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas”.
 
Las víctimas viven y son de carne y hueso. Los victimarios, también
 
En abril de 2012, viajaron a nuestro país cuatro ciudadanos del estado español: Manolo Blanco Chivite, Sabin Arana, Josu Ibargutxi y “Chato” Galante. Vinieron a ver de cerca qué era eso de la “querella argentina”. Eran parte de los luchadores que resistieron a la dictadura en España, en el período que se dio en llamar el “franquismo tardío”. Sobrevivientes de las mazmorras del régimen que, sin vergüenza alguna, aún seguía matando a jóvenes, como Puig Antich (marzo de1974, garrote vil), Baena, Sanchez Bravo, García Sanz, Manot y Otaegui (últimos fusilamientos del régimen en septiembre de 1975, apenas dos meses antes de la muerte del dictador).
Habían fundado en 2010 la organización LA COMUNA Presxs del franquismo.3 Su presencia en nuestro país marcó un antes y un después en la dinámica de la querella argentina. Trajeron el empuje militante y el reclamo de justicia de los que estaban vivos, y también el santo y seña de los siniestros personajes, torturadores implacables que debían ser imputados, que también estaban vivos y llevaban tranquilas, prósperas e impunes vidas en Madrid, como el tristemente célebre Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, entre otros.
Ellos comprendieron la necesidad política de hacer visible la querella tanto en España como en Argentina, para lograr su avance y la obtención de resultados concretos en la larga lucha por la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Había que sacarla a la calle, impedir que anidara sólo en el expediente judicial, generar un vasto movimiento social a su alrededor. En este entendimiento, primeramente crearon la Red de apoyo a la Querella Argentina (Red Aqua) y, ante el fenómeno de multiplicación de Plataformas locales de apoyo, se promovió la constitución de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (CeAQUA) en Madrid, el 18 de mayo de 2013.4
En ella se agruparon las plataformas de apoyo madrileña, catalana y balear (Xarxa), vasca, andaluza, asturiana, valenciana, aragonesa y castellano-leonesa.
 
El movimiento de solidaridad en Argentina
 
En 2013 volvieron a Argentina Chato Galante y Josu Ibargutxi, esta vez junto a Soledad Luque, titular de la Asociación Todos los niños robados son también mis niños, en representación de un nuevo colectivo de víctimas que se agregó a la querella: el de los bebés y niños robados. Esta nueva visita resultó dinamizadora para las actividades del grupo, que en nuestro país se venía reuniendo con el idéntico fin de visibilizar y sostener esta lucha, y que estaba integrado por los querellantes argentinos, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Central de Trabajadores de la Argentina CTA Autónoma, Amnistía Internacional, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, ex exiliados en España, entre otros. El día 25 de agosto de 2013 apenas llegados los compañeros se realizó una reunión en la sede de la Federación Judicial Bonaerense en la cual se resolvió constituir la Plataforma Argentina de apoyo a la Querella. En una semana de actividad febril, se consiguieron las adhesiones de una importantísima cantidad de organismos, instituciones, y personalidades y el 3 de septiembre se realizó una asamblea con más de 130 asistentes en la tradicional sede de la Federación de Sociedades Gallegas de la calle Chacabuco de la ciudad de Buenos Aires, en la que se aprobó el manifiesto fundacional.5
La Plataforma Argentina tenía por delante un arduo trabajo.
La esperanza que trajo la querella funcionó como un reguero de pólvora que se enciende y alumbra la larga noche de la impunidad.
En octubre de 2013, viajó a la Argentina el diputado nacional por Esquerra Republicana de Catalunya Joan Tardá, para incorporar a la Querella el emblemático caso de Lluis Companys, quien fuera el último presidente de la Generalitat de Cataluña, capturado por los nazis en Francia, donde se encontraba refugiado, entregado a la dictadura franquista, torturado y condenado a muerte en un simulacro de juicio. Se garantizó su entrevista con legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diputados nacionales y provinciales. Se sumó a la Plataforma Argentina el Casal de Cataluña de Buenos Aires.
En el mes de diciembre de 2013, viajarían desde España una cantidad de personas a presentar sus denuncias y testimonios, que abarcaban prácticamente la totalidad de los variados crímenes por los que se había promovido la querella. Desapariciones (superan las 150.000). Asesinatos. Persecuciones. Torturas. Violaciones. Robo de niños. Vejaciones en los preventorios de niños y niñas. Saqueo de bienes. Trabajo esclavo. Exilio. Fueron acompañados por parlamentarios vascos y alcaldes. Los visitantes realizaban un enorme esfuerzo económico para traer su reclamo de justicia. Era necesario que nuestra solidaridad lograra facilitar su alojamiento y permanencia en nuestro país. También realizaban un gran esfuerzo físico. No pocos de ellos eran ancianos y algunos tenían problemas de salud. Tuvimos con nosotros el conmovedor ejemplo de Ascensión Vargas Mendieta Chon, quien cumplió 88 años viajando a la Argentina a pedir justicia por su padre. También era necesario gestionar y conseguir que fueran recibidos y atendidos por los distintos poderes del Estado, para que el viaje tuviera el marco necesario de trascendencia y quedara públicamente sellado el compromiso de la Argentina; que los distintos medios de comunicación se interesaran en el tema y lo difundieran. Los últimos meses del 2013 fueron de un trabajo permanente. La Plataforma Argentina repartió por miles su declaración titulada: Ayer por nosotros, hoy por vosotros. Se lograron las entrevistas y adhesiones de de la Cámara de Diputados de la Nación, por unanimidad de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Se realizaron conferencias de prensa y programas de televisión con asistencia de los denunciantes y sus letrados. Se acompañó a los querellantes a visitar los lugares de memoria emblemáticos de nuestro país, como la ESMA. Participaron de la ronda de las Madres. Se entrevistaron con la Jueza Servini de Cubría. Y mucho más.
La visita tuvo para los denunciantes un logro inmediato y, por cierto, reparador: que por primera vez en la vida un juez los escuchara.
En España se sucedieron los pronunciamientos de aval a la Querella por parte de varios parlamentos regionales y ayuntamientos. Algunos de éstos se personaron como querellantes por los crímenes contra sus vecinos: Cádiz, Vitoria, Iruña, Tarragona, Rivas, Zaragoza, Pamplona y otros.
En el país vasco, participaron de la Plataforma de apoyo, además de las asociaciones memorialistas, las organizaciones obreras y sindicatos.
En marzo de 2016, a través de la iniciativa de la organización Women’s Link World Wide, con sede en España y Colombia, se sumó a la Querella la denuncia por los crímenes cometidos contra las mujeres por el hecho de ser mujeres durante la dictadura franquista. Sufrieron violencia sexual, torturas, robo de sus hijos, abortos forzados, experimentos genéticos, rapado de pelo, purgas y humillaciones públicas.
En agosto de 2016, por iniciativa de la ARMH, se incorporó a la Querella 4591/2010 el pedido de investigación por el asesinato del gran Federico García Lorca.
 
Algunos de los casos que se juzgan
 
Cuando su abogado dijo “garrote vil”, se le aflojaron las piernas y perdió el equilibrio por un momento. Salvador Puig Antich, de 25 años, creía que la dictadura de Franco iba a fusilarlo; el garrote vil era otra cosa. Se trata de un instrumento de ejecución medieval utilizado en España desde 1820 hasta que la constitución de 1978 quitó la pena de muerte: el cuello de la víctima se agarraba con un collar de hierro atravesado por un tornillo, el verdugo lo giraba y provocaba la dislocación de las vértebras cervicales. Los últimos ejecutados por este método fueron el anarquista Puig Antich y el alemán Heinz Ches (llamado en realidad Georg M. Welzel), un preso común al que ejecutaron para quitarle lo político a la muerte del anarquista.
Andoni Txasko Díaz estaba en una iglesia repleta de personas que se habían reunido por una huelga. Los franquistas primero tiraron gases dentro del templo; y, cuando las casi cinco mil personas corrían hacia afuera, las esperaron con unas ráfagas de metralla. Andoni se salvó de la muerte, pero recibió una paliza que le costó un ojo y casi la visión completa del otro. El señalado como responsable del asalto de la Policía Armada ese 3 de marzo de 1976 es Rodolfo Martín Villa.
Tras un simulacro de juicio, el padre de Ascensión Mendieta Ibarra fue fusilado a fines de 1939 y es uno de los 822 republicanos asesinados en el cementerio de Guadalajara. Su cuerpo yace en una fosa común junto con 17 compañeros. Era presidente de la Unión General de Trabajadores de Sacedón y su muerte fue ejemplificadora: en cuanto se impuso la dictadura, fueron a buscarlo.
El abuelo y el tío de María Antonia Oliver Paris fueron detenidos ilegalmente y han sido víctimas de desaparición forzada, tras seis meses de cárcel. María Antonia es presidenta de la Associació Memòria de Mallorca, que pide justicia por 1600 víctimas de desaparición y asesinato en esa región.6
 
El trámite de la querella
 
Lo puntos cruciales del trámite judicial hasta el presente han sido, indudablemente, el libramiento de dos órdenes de detención con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria que se dictaron en septiembre de 2013 contra cuatro imputados por torturas; entre ellos, los emblemáticos Muñecas y González Pacheco, alias Billy el Niño; y, en octubre de 2014, contra veinte personas, la mayoría ex ministros e integrantes de la fuerzas de seguridad del régimen y hasta un médico, por el robo de niños. Todas ellas fueron rechazadas por el Estado español, aunque en el caso de Muñecas y González Pacheco tuvieron como consecuencia un hecho histórico: que por primera vez debieran comparecer ante la Audiencia Nacional para la vista de extradición y se consideraran existentes los delitos que se les imputaban, aunque no susceptibles de ser considerados de lesa humanidad y, por ende, prescriptos. Esta negativa a extraditar de las autoridades españolas es la que impone a la jueza la necesidad de viajar a España a tomar en su territorio las declaraciones, y cuya confirmación se está esperando en forma inminente para octubre de 2016.
Ya en junio de 2014, la jueza Servini impactó a la opinión pública española al viajar para tomar declaración a aquellas personas que, por razones de edad o salud, no podían concurrir a los consulados, visitando Euskadi, Sevilla y Madrid.
 
Actualidad del movimiento.
 
La causa contra la impunidad del franquismo tiene un profundo contenido político, que no se circunscribe a la defensa de los derechos humanos. Es heredera de los claroscuros del balance de la derrotada revolución española. Si sólo lo viéramos desde esa óptica, los derechos humanos tampoco son asexuados en cuanto a identificación política o de clase. La construcción de la memoria histórica es útil e imprescindible para perseguir justicia y aspirar al nunca más; pero lo es tanto o más aún para encontrar la identidad en la historia de los pueblos, visibilizando los procesos que se dieron en las luchas por una sociedad justa e igualitaria. No es un mero ejercicio de investigación, sino que está destinada a poner en jaque los estereotipos y las verdades dados desde la historia oficial.
En la Argentina, la Querella se dio en un marco político-temporal en el que la expansión de la búsqueda de verdad y justicia obtuvo los resultados más notorios desde el punto de vista de las instituciones. Tenemos juicios y tenemos sentencias y genocidas encarcelados. Somos un ejemplo mundial. Por ello, lamentablemente parece haberse pagado un costo. El fortísimo movimiento de defensa de los derechos humanos y por la memoria, la verdad y la justicia que caracteriza a nuestro país sufrió embates que lo atravesaron y ubicaron como un botín cuya conquista y ulterior asimilación otorgaban patente de luchador y contribuían a licuar iniquidades que podían no ser comparables con las que se juzgaban, pero supieron llegar a puntos escandalosos. ¿Existe un dueño de la lucha por los derechos humanos? ¿Hay auténticos y no auténticos dentro del movimiento?
También estas contradicciones que señalamos, propias de la etapa, atravesaron el activismo solidario con la querella contra los crímenes del franquismo. Quizá algunos honestos militantes de ultramar no supieron advertir que no era sano, para la supervivencia y consolidación de la Plataforma Argentina, colocarla en contradicciones puramente coyunturales; como, por ejemplo, en situación de adherir a una u otra marcha por la conmemoración del 24 de marzo. Fue necesario lidiar contra ese esquema sectario que se presentaba como identificado con lo popular.
También debe tomarse en cuenta, para analizar el fenómeno solidario, lo que tiene que ver con el factor subjetivo. Como está demostrado con toda la actividad desplegada, existen sectores sociales, incluyendo a las superestructuras que los representan, que son sensibles a los temas vinculados a la ausencia de justicia, a la barbarie y a la necesidad de luchar contra ellas. Ello otorga una fortaleza en el momento de ir a buscar los apoyos y la solidaridad. Pero, al mismo tiempo, esa respuesta está condicionada por la existencia de un mínimo activismo que mantenga viva la llama, sin el cual la lámpara corre el peligro de extinguirse.
La situación en España no ha mejorado. La posibilidad de un cambio en el signo político del gobierno que se avizoró como posible no se dio, y el régimen actual sigue siendo abiertamente contrario a los reclamos de justicia, y funciona casi como abogado defensor de los imputados. También el movimiento memorialista ha sufrido allá crisis y contradicciones, que no pueden ser comprendidas si se las escinde del momento político. El trabajo de las víctimas, denunciantes, querellantes y sus abogados es abnegado y ejemplar y fue recompensado con la respuesta a dichas acciones. Pero cuestiones menores, a entender de quien esto escribe, diferencias en las tácticas a utilizar, inclusive jurídicas, y quizá, por qué no, también elementos de protagonismo personal, en oportunidades han puesto en riesgo la contundencia del movimiento.
Hasta ahora, ni en España ni en Argentina han logrado esas circunstancias detener la lucha contra la impunidad. La causa avanza y todos los días surgen nuevas alternativas y necesidades que imponen tareas. Pero, debemos ser honestos con nosotros mismos y afirmar que aún está pendiente que el movimiento de masas, tanto en España como a nivel mundial, asuma como propias las tareas necesarias para saldar esta deuda con la justicia, que es realmente una deuda con toda la Humanidad.
 
Artículo enviado especialmente por la autora para su publicación en este número de Herramienta.
 
1En la silla del criminal: diario de una andaluza en Argentina” de Paqui Maqueda, editado en mayo de 2014 por andaluces.es.
2Emilio Silva Barrera (n. 1965), licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, es uno de los fundadores de la ARMH, un colectivo que lleva años buscando los lugares en los que fueron enterrados las víctimas de la represión en la zona franquista durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura.
Raúl Eugenio Zaffaroni (n. 1940), abogado, doctor en Derecho, juez, profesor universitario, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina) actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Matías Bailone (n. 1979), abogado, doctor en Derecho, profesor universitario de grado y postgrado, actualmente Secretario Letrado de la Corte Suprema cumpliendo funciones en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
Ariel Jerez (n. 1966), profesor de Ciencia Política en la Complutense de Madrid, argentino residente en España desde los 9 años.
Juan Garcés (n. 1944) licenciado en Derecho, ganador del Premio Nobel Alternativo (Suecia, 1999) y Oficial de la Orden de Mérito de Francia (2000) por sus contribuciones al derecho internacional en la lucha contra la impunidad de las dictaduras de gobierno. Asesor personal y único sobreviviente entre los asesores políticos del Presidente Salvador Allende.
5Adhesión de personalidades de los derechos humanos, la cultura, la política y el gremialismo: Banegas, Cristina (actriz); Baravalle, Mirta (Madre de Plaza de Mayo Linea Fundadora), Bayer, Osvaldo (escritor e historiador); Blasco, Hugo (Secretario de Derechos Humano de la CTA) Capuano, Claudio (Cátedra Derechos Humanos de la Facultad de Medicina UBA); Carlotto, Estela (Abuelas de Plaza de Mayo); Cortiñas, Nora (Madre de Plaza de Mayo – Linea Fundadora) Daleo, Graciela (Cátedra Derechos Humanos Facultad de Filosofía y Letras UBA); Godoy, Hugo (Secretario Adjunto de ATE NACIONAL); Israel, Mirta (Secretaria General de la Asociación Argentina de Actores); Lavado, Joaquín Quino (dibujante y humorista); Linares, Marta (Presidenta de la FUBA); Mendivill, Víctor (Secretario General de la Federación Judicial Argentina); Osorio, Elsa (escritora); Pérez Esquivel, Adolfo (Premio Nobel de la Paz); Rosetto, Cecilia (actriz); Tavani, Eduardo (Presidente Ejecutivo del IEM); Bellotta, Araceli (Directora del Museo Histórico Nacional); Freyre, Alex (Pte. Del Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual); Jozami, Eduardo (Director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti); Pigna, Felipe (Historiador); Repiso, Miguel REP (dibujante y humorista), entre otros.Diputados y funcionarios: Basteiro, Fabio; Bodart, Alejandro; Bruera, Alejandro; Carlotto, Remo; Conti, Diana; De Gennaro, Víctor; Dominguez, Julián; Donda, Victoria; Forn, Edgardo; Garrido, Manuel; Gentili, Rafael; Ibarra, Aníbal; Lozano, Claudio; Naddeo, María Elena; Raffo, Julio; Raimundi, Carlos Alberto; Rivas, Jorge; Storani, María Luisa; entre otros. Adhesión de instituciones: Agrupación Federico García Lorca, Asociación Argentina de Actores, Asociación de Abogados de Buenos Aires, Asociación de Abogados Laboralistas, Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional), Asociación Enlaces Territoriales para la Equidad de Género, Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, Carta Abierta (Comisión de Derechos Humanos), Casa Argentina de Madrid, Centro de Abogados por los Derechos Humanos, Centro Vasco Laurak Vat, Colectivo de Exiliados de la Operación Cóndor, Colectivo Editorial de la Revista Herramienta, Colectivo Teología de la Liberación, Confederación de Trabajadores de la Argentina (CTA Capital), Cristianos del Tercer Milenio, Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, Federación Gráfica Bonaerense, Federación Judicial Argentina, Federación Juvenil Comunista, Federación Universitaria de Buenos Aires, Frente de Mujeres K, Fundación Música Esperanza, Gallegos del Sur, Liberpueblo, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Marea Popular, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Movimientos Socialista de los Trabajadores – Nueva Izquierda, Mujeres de Artes Tomar, Partido Buenos Aires Para Todos – Unidad Popular, Servicio de Paz y Justicia – SERPAJ, Sociedad de Riveira, entre otras.
6Cf. www.ceaqua.org (26/09/2016)