“La figura de Milagro desafía las características de una sociedad altamente conservadora, patriarcal y oligárquica”

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Autor(es): Martínez, Manuel

 

Entrevista a Elizabeth Gómez Alcorta

Por Manuel Martínez
 
Al comenzar esta entrevista, Elizabeth Gómez Alcorta nos subraya con singularidad sus señas de identidad: “Soy mujer, soy militante y trabajo como abogada”. Con 43 años de edad y 20 en el ejercicio de su profesión, nuestra entrevistada es actualmente presidenta del Movimiento de Profesionales para los Pueblos, una asociación de profesionales y estudiantes de diversas disciplinas que interviene en conflictos con un fuerte contenido social y defendiendo los derechos humanos. Participa en la red de abogadas y abogados querellantes en causas de lesa humanidad, una red de intercambio y colaboración profesional que ha realizado cuatro encuentros a nivel nacional hasta el presente año. Integra también la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena, de la cual forma parte de su mesa directiva.
Gómez Alcorta es docente adjunta del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, donde dicta clases de grado y posgrado desde 1997. Autora de diversos artículos de doctrina, ponente en conferencias y congresos dentro y fuera del país, es litigante en juicios de lesa humanidad e integra la defensa de la dirigenta social Milagro Sala. Este último caso, impuesto por una facción del poder político, ha cobrado especial resonancia en el presente año y en gran medida expresa –con su carga de irregularidades y arbitrariedades– el carácter instrumental del Poder Judicial. “Cuando uno piensa dos conceptos como los de justicia y derechos humanos, la lógica sería que, a esta altura de la historia de la humanidad, ninguno de los dos conceptos pudiera pensarse sin el otro. No es posible pensar a los derechos humanos sin justicia, y mucho menos una justicia que no implique a la vez a los derechos humanos, de hecho, en términos dialécticos, de ambos conceptos debería surgir uno solo a modo de síntesis”, nos dice nuestra entrevistada. Señala además que si bien “lo político no es sólo violencia, es importante entender que la violencia es constitutiva de lo político, y en las condiciones históricas en las que vivimos, mucho más en estas democracias formales del sistema capitalista liberal, la violencia ocupa un lugar central, en el que el propio sistema expulsa a una parte de la sociedad a abismos de desesperanza, de hambre y miseria”.
 
Manuel Martínez: En el marco de la nueva situación política de la Argentina y del giro que se está produciendo en el continente latinoamericano, el tema de la justicia, o de los usos de la justicia, pareciera estar en el centro de los problemas políticos. Se habla de judicialización de la política. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
 
Elizabeth Gómez Alcorta: Creo que en este momento lo que sucede con el Poder Judicial es que cristaliza o patentiza algo que siempre estuvo intrínseco en él. Hay un discurso sostenido por los operadores judiciales, desde el derecho, en forma muy fuerte, en el sentido de que el Poder Judicial es un poder imparcial, independiente, ajeno a lo político. Como si de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo fuesen los poderes políticos y el Poder Judicial no lo fuese. Eso está en todos los planos discursivos y tiene un impacto muy fuerte en términos sociales. Lo cierto es que eso es falso, es absolutamente falso. Todas las sentencias judiciales son actos del poder político, son actos de gobierno y como actos de gobierno uno puede decir que la Corte resuelva sobre el corralito financiero, que la Corte resuelva sobre quién se tiene que ocupar de sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, que la Corte tenga que decidir si son constitucionales o no la leyes de la impunidad. ¿No son actos políticos?, ¿no son actos esencialmente políticos? Todo el mundo se sorprendió recientemente con el caso de Brasil, con la intervención que tuvo el Supremo Tribunal Federal de ese país en el golpe de Estado institucional que se le hizo a Dilma Rousseff. Pero si uno piensa que, en 1930, cuando se produjo el primer golpe de Estado en Argentina, a Hipólito Yrigoyen, la Corte se expidió por medio de una acordada; las acordadas son resoluciones internas del Poder Judicial, que no tienen carácter de norma general para el resto de la población. Fui a buscar el texto exacto, porque me parece que esa acordada es muy importante, ya que reconoció al gobierno provisional del general Uriburu, llamó así al golpe de Estado. La función del Poder Judicial es asegurar los derechos de todos los ciudadanos, sin embargo, la Corte dijo que no podía discutir judicialmente el título de ese gobierno de facto, es decir, la fuente, el origen, la génesis... Y esa acordada de 1930, sostenida en la ficción de que en el país funcionaba un Poder Judicial independiente, lo reconoce “en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social”. De esta manera se legalizó la arquitectura jurídica e institucional de las dictaduras, se introdujo la doctrina de facto. Esto sucedió hace 86 años y lo recuerdo ahora para entender mejor cuál es el rol político que tiene el Poder Judicial.
Tengo la sensación de que el Poder Judicial tuvo un viraje en las últimas décadas, especialmente en los años 90, y no solamente en la Argentina sino en diversos países de América Latina, junto con la gran oleada de políticas neoliberales. El Poder Judicial en nuestro país fue claramente la mayoría automática de la Corte Suprema, los jueces de la servilleta de Comodoro Py. Ese Poder Judicial lo que aseguraba era impunidad, impunidad para el poder político, aseguraba que los corruptos no iban a ser investigados. También es cierto que en los últimos años ese rol se modificó. Ahora, el Poder Judicial como poder político –e insisto en esto: poder político– tiene como función ser una herramienta política de persecución del enemigo. En la arena judicial se decide en función de amigos-enemigos. Esto es lo que pasa con los llamados a indagatorias, cuando quieren, con la prueba que quieren, las persecuciones a dirigentes políticos, la persecución política a dirigentes territoriales, la prisión de Milagro Sala, la persecución a comunidades indígenas, etcétera. En cada territorio existen distintos enemigos políticos; lo pensamos desde la ex presidenta Cristina Fernández como la gran enemiga, Milagro Sala como la gran enemiga del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pero hay toda otra importante variada gama de disidentes que son enemigos en distintas escalas, que también son perseguidos por el Poder Judicial. La idea de la persecución del enemigo por el Poder Judicial quizás se termina de patentizar ahora, pero en realidad siempre fue una herramienta del poder político, absolutamente siempre.
 
MM: La diosa Iustitia de los romanos tiene los ojos vendados y una balanza en la que se equilibra la verdad y la justicia, y es considerada fuerza moral de los sistemas judiciales. Esta referencia, que está en las bases doctrinarias del derecho, parece haber quedado como ilusión.
 
EGA: Pero es una ilusión funcional. Vengo pensando algunas ideas al respecto. Para mí el Poder Judicial es un Frankenstein. Con la lógica de que hay que asegurar la independencia, independencia del poder político, al Poder Judicial se lo llena de privilegios. Tienen un régimen de trabajo privilegiado, en términos de horarios, con 45 días de vacaciones, tienen un régimen impositivo privilegiado autoimpuesto por medio de una acordada –son los únicos que no pagan impuesto a las ganancias–, tienen un régimen jubilatorio de privilegio: los miembros del Poder Judicial son los únicos que cobran el 82% móvil de sus jubilaciones, tienen un régimen privilegiado de estabilidad, hasta los 75 años, salvo que cometan un delito no pueden ser sacados de sus funciones. Un juez puede estar desde los 25 hasta los 75 años –50 años– ejerciendo un mismo cargo sin tener que revalidar ni sus conocimientos ni llevar adelante ninguna rendición de su gestión ante nadie. Esto tiene que ver con la lógica de cómo hago para asegurar que estos funcionarios sean independientes. Por otro lado, el resto de los funcionarios públicos, todos, desde el nivel local al nivel nacional, tienen algún tipo de control de su gestión, tienen lo que hoy se llama accountability. Tienen que validar su gestión y renovarla en las urnas, tienen que rendir explicaciones ante el otro poder que te está controlando, o claramente lo que implica el control social en términos del reclamo de la sociedad frente al resto de los funcionarios públicos. El Poder Judicial está totalmente ajeno a todo esto y cada vez que se ha intentado interpelarlo se lo toman como una invasión de la independencia. Entonces, tenemos funcionarios que tienen privilegios, que no tienen ningún control de su gestión propiamente dicha. Un juez puede dictar muy pocas sentencias, trabajar mucho o trabajar poco y no hay nadie que por eso pueda exigir rendición de cuentas. Esto, en términos democráticos, en términos de nuestro derecho, tiene un grave problema, todos sabemos que para ser designado juez y para ser removido como juez se trata de dos decisiones políticas. Entonces, por qué hay un Frankenstein, porque hay una decisión política para que alguien llegue a la Magistratura o al Ministerio Público. Distintas provincias tienen diferentes sistemas, algunas tienen Consejo de la Magistratura, otras no, igual siempre hay un espacio muy grande de discrecionalidad política, ni hablar de las cabezas del poder como la Corte Suprema, tal es el caso de los dos ministros recientemente designados: Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti, en los que la decisión es puramente política. Para llegar se necesita una decisión política y para salir también. En el mientras tanto de la gestión se los llena de privilegios. Estos magistrados sobreviven a todos los gobiernos y son funcionales o no, a todas las gestiones políticas. Entonces, terminamos generando personajes con un altísimo, pero altísimo nivel de poder, invisibilizado en términos de poder político. Hoy, por ejemplo, cualquier juez federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un poder invisibilizado de la lógica del poder. Entonces es muy difícil interpelar al Poder Judicial, porque se ha sostenido durante mucho tiempo –a pesar de que todo el mundo lo está viendo cuando abre los diarios y lee las secciones de política, y el 90% de las noticias son las decisiones de los jueces– que la política no pasa por el Poder Judicial. Hasta que nosotros no hagamos algo es muy difícil poder pensar en cambiar la lógica.
 
MM: Sobre la cuestión de la relación con los medios, en la Argentina en particular jueces y fiscales están todo el tiempo en la televisión, en las radios, son entrevistados por diarios y revistas, están en las redes. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
 
EGA: También eso es algo que ha sucedido en los últimos tiempos, no sé periodizarlo exactamente, pero históricamente el discurso del Poder Judicial era que los jueces hablaban por sus sentencias. La Corte Suprema ha creado un Centro de Información Judicial, una agencia de información que está exclusivamente al servicio de su presidente, Ricardo Lorenzetti, que se supone es el medio de difusión de las noticias judiciales. No hay ninguna normativa que impida la presencia o el vínculo entre los medios de comunicación y los jueces. Lo que mencionas se inscribe en esa lógica del lugar político que ocupan. ¿Quiénes son los que van a los medios?, ¿sobre qué temas hablan? En realidad hoy la agenda política la están marcando por presión, y es imposible pensar que la agenda política quede por fuera de los medios, porque además es bastante difícil la combinación para saber quién impone la agenda política, si el Poder Judicial o los medios, entonces ahí hay una vinculación muy promiscua, muy evidente y muy poco clarificada, sobre todo en términos sociales, porque en términos políticos todos la conocemos. Cuando se estudia sobre esto, ya sea en la secundaria o en las universidades, se sigue sosteniendo el discurso del aseguramiento de la imparcialidad, de la independencia, etcétera. Pero el Poder Judicial es claramente contra-mayoritario, porque cualquier ley, cualquier norma de carácter general en la que interviene el Poder Legislativo de cualquier provincia o a nivel nacional, y es promulgada por el Poder Ejecutivo, es decir por los poderes elegidos soberanamente, un juez, cualquier juez del país puede decir que esa norma es inconstitucional. Entonces, uno también debe preguntarse cuáles son las características centrales que tiene ese Poder Judicial. Lo cierto es que es un poder altamente elitista, altamente conservador, y es un poder que, además, históricamente, y vuelvo a lo de 1930, ha entendido que las mayorías suelen equivocarse. Entonces, la última palabra de la democracia no la puede tener un Poder Judicial, por lo menos con estas características. Y lo cierto es que la democratización del Poder Judicial es a la fecha una deuda de la democracia.
 
MM: ¿Es posible democratizar el Poder Judicial en el marco del sistema actual?
 
EGA: Creo que se puede, hay algunas cuestiones que se pueden llevar adelante, en principio, empezando por el ingreso al Poder Judicial. Su pertenencia se la vive como carrera judicial, de hecho, se la llama así. Es muy usual escuchar a los jueces decir “yo entré como pinche”, como si eso fuera un valor agregado, “yo hice toda la carrera judicial y eso me deja en un lugar mejor que aquel que viene de la calle”, es decir de aquel que no tiene formación burocrática, porque en realidad la carrera judicial te forma en una burocracia, y no lo digo en un sentido despectivo de la palabra. El ingreso al Poder Judicial, mucho más en las provincias, ha estado reservado a los miembros de las familias de los jueces, de las aristocracias terratenientes; entonces la idea de asegurar el ingreso democrático es algo central, ya sea por concursos o sorteos, también implementando pasantías. Cualquier joven que está estudiando derecho debe tener posibilidades de ingresar al Poder Judicial, por ejemplo, los estudiantes de las universidades del conurbano que son la primera generación de universitarios. La idea de pensar que el Poder Judicial debe cumplir una función que es pública, que tiene que ver con un servicio, un servicio que está monopolizado por el Estado, y además que los jueces y los fiscales son servidores públicos, como la vieja idea del servidor público es totalmente contrapuesta a la idea de los privilegios. Un ejemplo sencillo, hasta hace poco tenían patente diferenciada en sus autos, podían estacionar donde querían, tienen chofer... ¿Por qué?, ¿dónde un servidor público tiene todos esos privilegios? Cada vez que una persona tiene más privilegios, como en su época la nobleza, más alejada está del pueblo. Entonces, la idea de poder abrir las puertas de este poder al pueblo es una de las principales formas de democratizar. Otro aspecto, claramente, está vinculado a la transparencia del ingreso a la Magistratura, es decir cómo se accede a los cargos de jueces, fiscales, defensores. Cuanto más transparente sea eso, cuanto menos poder de discrecionalidad haya, tendremos un Poder Judicial de mayor calidad.
Por otra parte, como creación jurisprudencial y a mi juicio sin sustento constitucional, existe la idea del control de constitucionalidad difuso. Es decir, cualquier juez del país puede declarar inconstitucional una norma. No tenemos un tribunal de constitucionalidad, es decir de garantías constitucionales, un máximo tribunal especializado donde se discuta solamente esto y se genere claridad. Lo que tenemos acá es la posibilidad, en la mano de cada juez, de cualquier provincia, de decir que una ley es inconstitucional. El caso paradigmático, me parece que nos va a quedar en la historia, es el caso de la Ley de Medios. ¿Cuántas leyes existen más discutidas en términos de participación ciudadana que la Ley de Medios? Con todos los defectos que uno le podía encontrar a la ley, con lo perfectible que podría haber sido, sin embargo, cualquier juez de cualquier lugar del país dictaba la inconstitucionalidad y no se la aplicaba. Siendo una norma de carácter nacional, como esa, un juez puede resolver que no se aplique en todo el país. Esto es importante en términos de entender el poder real que está en las manos de quien tiene la posibilidad de declarar una inconstitucionalidad. Creo que esto requiere una reforma normativa, aunque también está la posibilidad de una reforma constitucional, pero eso ya tendría otras implicancias.
 
MM: En los últimos años se impulsaron en la Argentina los juicios a los represores de la última dictadura. Es algo bastante destacado a nivel internacional. Incluso en la década de los ochenta, por ejemplo, el Juicio a las Juntas fue inédito, hubo dictaduras en casi todos los países latinoamericanos, y sólo en la Argentina se hizo eso. Después vinieron las leyes de impunidad, que en la década pasada se declararon inconstitucionales. ¿Cuál es tu mirada de todo esto?
 
EGA: La decisión de Alfonsín fue, sin duda alguna, una decisión política, un decreto presidencial para el juzgamiento de las tres primeras Juntas, aunque a la última se la dejó afuera. La clara decisión de la política de juzgamiento de los graves crímenes del terrorismo de Estado, también fue una decisión política que surge a partir del 2003. Para mí, lo mejor de la política del kirchnerismo fue sostener como una política de Estado, con una clara decisión no solamente del Ejecutivo, sino de los tres poderes, trabajar por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Hay que recordar que el Congreso declaró insalvablemente nulas, también en el 2003, las leyes de impunidad y que finalmente la Corte las declaró inconstitucionales. Es imposible pensar el Juicio a las Juntas y este proceso de juzgamiento de los genocidas, sin una clara decisión política. El Poder Judicial, como decía antes, es altamente conservador pero también altamente acomodaticio al poder político. En los diez meses de gestión del gobierno de Mauricio Macri ya empezó a poner reversa a este proceso, no hay ninguna forma hoy de pensar en dar marcha atrás completamente en este tema, de declarar la amnistía, todo eso ya está claro que no se puede hacer, pero hay un desaceleramiento muy fuerte, hay varios fallos muy conflictivos que empiezan a mostrar una marcha atrás más sutil en determinados casos. Por ejemplo, hay un juicio en Santiago del Estero que está siendo suspendido por decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada casualmente por los mismos que le dieron la falta de mérito al empresario Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma de Jujuy, acusado por su participación en la Noche del Apagón; así como la decisión de la misma Sala IV de perseguir a un abogado de las causas de lesa humanidad de Mar del Plata, César Sivo, por el caso del juez Pedro Hooft, que, sigue siendo juez provincial y tiene clarísimas vinculaciones en casos de terrorismo de Estado; o dar vuelta un fallo por los graves hechos de Capilla del Rosario, en 1974, donde se fusilaron a 14 militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, tal como estaba probado, y después del juicio, la Cámara de Casación dijo que no podían ser delitos de lesa humanidad, abriendo nuevamente el mismo discurso de los genocidas respecto de si se trató de un fusilamiento o un enfrentamiento. Todo esto amparado por discursos negacionistas muy fuertes. En esto siempre hay que mirar la cara y la contracara, qué está pasando en el poder político para ver qué está pasando en el Poder Judicial, y la contracara es un Estado que lleva adelante un discurso negacionista, el peor de los discursos negacionistas, que es el negacionismo estatal, que pone en tela de juicio no solamente en la cantidad de víctimas, sino que además habla de guerra sucia, como lo dijo el Presidente de la Nación. Guerra sucia son las últimas palabras de cada uno de los genocidas en los juicios. Ese es el discurso del poder político, se vuelve a instalar con las editoriales del diario La Nación la idea de no más venganza, como si estuviésemos hablando de un proceso de venganza y no un proceso de justicia. Tales son los aires que hoy quieren instalar, hay una fuerte resistencia. Pero nosotros tenemos un movimiento de derechos humanos como no hay en el resto de Latinoamérica, y fue uno de los elementos más gravitantes en el proceso de justicia por los crímenes cometidos.
 
MM: Vayamos al caso de Milagro Sala, en el que estás comprometida como parte de su defensa. ¿Se puede decir que Milagro es una rehén del Estado o una rehén de la clase dominante jujeña con el respaldo del gobierno nacional, o es una dirigente social que ha cometido una serie de irregularidades y ha sido denunciada por corrupción?
 
EGA: El caso me cabe en las generales de la ley. Milagro es, realmente, una presa política. En el sentido más lato que tiene el término de ser una presa política, que es estar a disposición del Poder Ejecutivo provincial y no a disposición del Poder Judicial. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo en el mes de enero, cuando Milagro estaba detenida: “No voy a negociar la libertad de Milagro por el levantamiento del acampe”, refiriéndose al acampe de la Red de Organizaciones Sociales y del movimiento Túpac Amaru que se había instalado en la Plaza Belgrano de la capital jujeña en protesta por una serie de decisiones gubernamentales en relación con las cooperativas de trabajo. Hay un aforismo en el derecho que dice: a confesión de parte relevo de pruebas. Él, el gobernador, es el negociador, él es quien tiene en su poder la decisión de la libertad de Milagro Sala. Lo cierto es que la cantidad de irregularidades, de arbitrariedades, de resoluciones manifiestamente ilegales en Jujuy, vinculadas no solamente a Milagro, porque ella es la dirigenta conocida, pero hay 11 detenidos más y hay más de 30 personas que están imputadas en las causas, que son NN para el resto de la sociedad, y que eso les puede implicar todavía mayores vulneraciones a sus derechos, como por ejemplo estar detenidas en comisarías y que nadie pida por ellos y ellas, tiene una importancia central en términos del estado de derecho.
Cuando uno dice por qué es tan importante Milagro Sala y por qué convoca, sobre todo, en los 36 comités por la libertad de Milagro que hay en todo el país, así como otros siete a nivel internacional, es porque gente y militantes de La Cámpora, del PC, del Partido Humanista, de Nuevo Encuentro, de Patria Grande, de la CTA, de los gremios, de organizaciones barriales, de organismos de derechos humanos, etcétera, sienten la necesidad de salir a militar una causa por una presa política. Esto tiene que ver con que se trata de un claro caso de estado de excepción en democracia. De la misma forma que uno dice por qué nos debería convocar a todos una desaparición forzada, por qué nos convoca el caso de Julio López, por qué nos convoca a todos el caso de Iván Torres en Comodoro Rivadavia, o el de Franco Casco de Rosario, es porque el Estado que nos tiene que asegurar los derechos los viola, pero además con un manto de legitimidad que es el que da, ni más ni menos, el Poder Judicial. En el caso de Milagro y de los compañeros de la Túpac Amaru pasa lo mismo. La primera razón por la que la tienen presa es por ser mujer, y este es el primer dato que se debe tener en cuenta. La figura de Milagro desafía absolutamente a todas y cada una de las características de una sociedad altamente conservadora, patriarcal y oligárquica, como es la de Jujuy. Es mujer, es negra, es coya, es pobre. Ella dice: “sí, yo soy negra”. Y se atrevió a demostrar que podía organizar a los excluidos de los años noventa, no a los trabajadores sino a los que no tenían trabajo, a los excluidos de las políticas neoliberales. Pero además demostró que no solamente podían organizarse sino que podían trabajar, que podían ejecutar obra pública a mejor precio, de forma más eficiente, más rápida que el sector privado. Se atrevió a desafiar algo que no había pasado en toda la historia de Jujuy. En Jujuy están los dos grandes partidos que alternaron su mandato en democracia: el radicalismo y el peronismo. En 2013 la Túpac Amaru tomó la decisión de constituirse en partido político y dar la pelea en la arena electoral. Y ganan, van muy bien, arman un bloque, consiguen legisladores provinciales. Y si todo esto no fuese ya demasiado, además de hacer una obra monumental como la que tienen en toda la provincia: 8.000 viviendas, 23 polideportivos, centros de rehabilitación, escuelas que son de avanzada en todo sentido, parques acuáticos, etcétera, se atrevieron a algo más, desafiaron al dueño de la provincia, que es el ya mencionado Carlos Pedro Blaquier. Lo desafiaron de un modo que no lo había desafiado nadie en la historia de Jujuy hasta ese momento. Hay claras pruebas de la responsabilidad de Blaquier en la Noche del Apagón, en realidad una serie de acciones que realizó la dictadura entre el 21 y el 27 de julio de 1976, en la localidad de Libertador General San Martín, en las que secuestraron entre 300 y 400 trabajadores del Ingenio Ledesma amparados en los apagones de la usina. Y a pesar de que la prueba existe desde la investigación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), es decir desde 1984, nunca se había conseguido llevarlo a indagatoria a Blaquier, con un Poder Judicial federal absolutamente cómplice de eso. Fue una fundamental e importantísima manifestación de la Túpac Amaru la que hizo que el juez que estaba sentado sobre el expediente de Blaquier tenga que renunciar, y la finalmente, un juez subrogante lo indaga, lo procesa y la Cámara Federal de Salta confirma ese procesamiento. Finalmente, como suele suceder con estas personas, el Poder Judicial amigo, la Cámara de Casación Penal, le dicta una falta de mérito como ya dije antes. Yo siempre digo que cuando uno llega a Jujuy y se baja en el aeropuerto de Perico, te recibe Ledesma, te da la bienvenida con un cartel. Entonces, lo cierto es que si uno piensa todo esto junto en cabeza de una mujer es absolutamente imperdonable. El verdadero dueño de la provincia de Jujuy es Blaquier, los otros son gerentes. Morales es un simple gerente, que además detesta a Milagro Sala, tiene un encono personal y es misógino, cualquiera que haya hablado con él sobre el tema lo puede relatar. Y Milagro, además, a cuatro días de haber asumido su nueva gestión como gobernador de la provincia, le plantó un acampe frente a la gobernación, poniéndole un límite que no iba a poder gestionar llevando adelante el ajuste que se está ejecutando hoy en Jujuy. Había que meterla en prisión y había que destruir a la Túpac Amaru, esto es claramente el objetivo, con la complicidad de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Ahí vemos el rol que ocupa el Poder Judicial frente al enemigo político.
 
MM: ¿Qué perspectiva le ves a la situación de Milagro Sala?
 
EGA: Nosotros no confiamos en ese Poder Judicial, no confiamos en nada que venga del Poder Judicial de Jujuy. A una semana de haber asumido el gobernador Morales, amplió la Corte provincial de cinco a nueve miembros. A Menem le llevó unos cuantos años más. Designó un nuevo fiscal general provincial, Sergio Lello Sánchez, a quien hemos denunciado por abuso de autoridad. Nosotros hemos denunciado a varios jueces, a varios fiscales, al fiscal general. De ese Poder Judicial degradado, una mera herramienta del poder político, nosotros no esperamos nada. Sí pensamos dos cosas, por un lado, en algún momento vamos a salir del Poder Judicial provincial y nos vamos a ir a la Corte Suprema, no sabemos en relación a cuál de todos los planteos que están en marcha, y también confiamos en el sistema interamericano de derechos humanos para las graves violaciones que se están llevando adelante en el caso. Por otro lado, también hay que tener en cuenta algo que me parece que el Poder Judicial y los operadores políticos no lo tienen claro, es que esta situación de absoluta impunidad con la que se manejan no dura para siempre, esto tiene una fecha de vencimiento, no sabemos cuál, no sabemos si en tres años, si más, si menos, y todos aquellos que hayan intervenido del modo que lo están haciendo van a tener que rendir cuentas. No están acostumbrados a rendir cuentas, pero las van a tener que rendir. Cuando le digo a los estudiantes de la Facultad de Derecho que en 10 años vamos a estar estudiando el caso de Milagro como el caso paradigmático de las graves violaciones a los derechos humanos de esta época, no me equivoco. Es el gran caso de graves violaciones a los derechos humanos de hoy, y por eso entiendo que convoca a gente de distinto color, de distinto pensamiento, a vecinos, al ciudadano común, y está bien que se sientan interpelados, porque el problema de esto es que cuando se empiezan a abrir grietas de excepción en el estado de derecho estamos todos en libertad condicional.