El ceomacrismo, las Alianzas Público-Privadas y cambios estratégicos del capitalismo

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Autor(es): Logiudice, Edgardo

Logiudice, EdgardoLogiudice, Edgardo. Abogado y ex-docente de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires y co-autor -junto a Leandro Ferreyra y Mabel Thwaytes Rey- de Gramsci Mirando al Sur, Buenos Aires, K&ai, 1994. Integró el Colectivo editorial de DOXA. Es autor de numerosos artículos y ensayos en publicaciones de Francia, Italia y nuestro país, referidos a las problemáticas de la pobreza, la propiedad, el Estado, la representación y la crítica a la ideología. Autor de Agamben y el Estado de Excepción, Ediciones Herramienta, Buenos Aires, 2007. Integra el Consejo de redacción de Herramienta


 
El poder político privado
 
El ceomacrismo pretende la legalización de la privatización del poder político.
No se trata ya solamente de la privatización de los bienes y servicios públicos como ocurriera en la época de Menem, conforme a las políticas Thatcher-Reagan de los ochenta y noventa. Parece tratarse ahora, y no sólo en nuestro país, de la transformación legal del Estado en una empresa privada de modo tal que los gobiernos se integren directamente por los directivos del gran capital, los ceo-representantes. Algo más de lo que algunos llaman ceocracia: es el poder político privado. Un Estado como investidura legal del capital. Quizá los griegos llamaran a eso plutocracia.
Un aspecto de lo que Juan-Ramón Capella llama “soberano supraestatal difuso”.
No se trata literalmente de una confabulación, una conjura o una conspiración. Más bien, elaboraciones de estrategias, conforme a una lógica en la que hasta la apariencia pública de los Estados y los organismos internacionales o intergubernamentales debe ser expropiada.
Si los Estados, como ya lo dijera Marx hace más de un siglo y medio, estaban a merced de los acreedores de la deuda pública –hoy eufemísticamente “soberana”–, la nueva estrategia adopta la máscara estatal como propia a través de la “alianza”, o la “participación”. Ya no se trata de un poder en la sombra, ni de gabinetes en la sombra, sino del aplaudido encumbramiento de los reales o potenciales “inversores”.
Este ceomacrismono no es, en realidad, demasiado original. No lo es en el campo internacional, desde que Kofi Annan siendo Secretario General de la ONU le dio luz verde anunciando en el Foro de Davos la creación del Pacto Global, cuna del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes –representantes de 250 empresas cuyos ingresos anuales superan los ocho billones de dólares– que elaboró la Agenda de Desarrollo 2030 para las Naciones Unidas. Esta Agenda para el Desarrollo Sostenido significa, como veremos, una nueva estrategia del capitalismo financiero. Medroso ahora, tras los sobresaltos vividos desde 2007-2008. Pero no menos ávido de ganancias.
Tampoco es original en el campo nacional, desde que Duhalde primero, y Kirchner luego, nos legaron sendos decretos de alianzas público-privadas que ahora figuran como antecedentes legislativos del nuevo Proyecto. Cierto es que por esas épocas no prosperaron. Los organismos intergubernamentales de crédito (FMI, Banco Mundial, etc.) ya habían adoptado el sistema de reconversión de sus créditos, en créditos de los fondos privados. El Plan Brady de restructuración de las deudas, ya con el default de Rodriguez Saa, exigía el cobro de sus créditos a través de entregarlo a los fondos privados. A Duhalde no le dieron los tiempos políticos, y la tarea quedó a cargo de Kirchner, que siguió el ejemplo de Lula: pagó, es decir cambió un acreedor por otro. Se salvó la plata del FMI en beneficio de los fondos de riesgo. Los fondos pudieron armar su arquitectura especulativa ya también con las deudas soberanas.
El desenlace es para nosotros conocido: la puntada final fue el pago a los holtdouts, los célebres “buitres”. Se pagó lo que resultó de la re-estructuración de la deuda. Mientras tanto, para hacerlo, las economías de los países emergentes y de los socios menores de la Unión Europea (Irlanda, Portugal, España, Grecia) se endeudaron hasta la saturación.
Esta arquitectura financiera es la que ahora tiene ahítos de deuda a los países emergentes, con el consiguiente riesgo de hacerlas incobrables. De ahí el pánico.
La salida que han encontrado es hacerse directamente de las infraestructuras básicas de una nación a través de las Alianzas Público-Privadas y la ocupación de los aparatos del Estado. Y así lo postulan a la luz del día, “sinceramente”. Tan sinceramente como el Presidente Macri cuando les organiza un “Mini-Davos” para repetirles: “estamos acá para ayudarlos”. El Presidente se dirige a instituciones como BlackRock, una empresa de gestión de inversiones estadounidense considerada como la mayor empresa de gestión de activos del mundo, de los que gestiona más de 4,6 billones de dólares. Y que no casualmente propone “eliminar los intermediarios y gestionar los proyectos ellos mismos”. Para eso están los ceos.
Esa nueva subclase que está haciendo torpemente sus pininos políticos, tan petulante que pasa por encima de los mínimos reparos republicanos y constitucionales, porque la democracia para ellos es puro marketing. Conclusión que comparten con los políticos que hicieron de la representación popular pura técnica publicitaria.
Y estos ceo-representantes ya les han resuelto algunos problemas a los barones globales del dinero. Como corresponde a los mayordomos. Por ejemplo, el nuevo gobierno, con el acuerdo de la “oposición” peronista, ya les resolvió uno: pagó a los célebres buitres, sigue pagando serialmente los intereses y sigue emitiendo deuda soberana con tasas olímpicas. Y promulgando un perdón fiscal no pensado precisamente en los fondos ocultos que podrían tener los vecinos de Villa Soldati.
“Hasta que lleguen las inversiones”, dicen. Y hablan de “brotes verdes”, según la metáfora sojera, que aún no aparecen, porque los mayordomos no son suficientemente eficientes. Y porque la peonada a veces se encabrita y no hay garantías de gobernabilidad.
El 8 de junio, durante el 14° Foro de Liderazgo en Infraestructura, el Ministro Frigerio confirmó el envío al Congreso del proyecto de ley de Participación Público Privada.
El 30 de ese mes, Marval, O’Farrell & Mairal celebró el acontecimiento. Se trata del estudio de abogados más grande de la Argentina especialista en transacciones financieras internacionales, particularmente en energía y recursos naturales, con oficina en Nueva York. Los tiempos parlamentarios impidieron hasta hoy la aprobación de la ley que el ceogobierno hubiese querido ofrecer al Foro de Inversión que, al momento que escribo, se desarrolla en Buenos Aires: un Mini Davos al decir del Presidente y los grandes Medios. Recordemos que Davos es el Foro Económico Mundial conformado por las más grandes empresas, bancos y grupos financieros globales: Google, Facebook, Microsoft, Coca-Cola, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Volkswagen, Visa y un larguísimo etcétera.
Los más ingenuos denuncian el evento como la última carta del gobierno frente a la continuada recesión. Creo que se trata de la primera carta ofrecida como cabeza de playa para el deseado desembarco del capital financiero de ocupación.
 
Emergencias de capitales sin destino
 
George Soros ha dado la voz de alarma. Según un artículo del New York Times teme una crisis financiera como la del 2008. China, la segunda economía capitalista del mundo, que juega un papel fundamental, carga con una deuda de 26,6 billones de dólares, más de dos veces y media que el tamaño de su economía. A la vez que los fondos de inversión privados de ese origen superan los 3,5 billones. Por su magnitud, parece ser el signo más evidente del problema que aqueja a los fondos de riesgo: son demasiados.
Sobreabundan, hay hiperliquidez y saturación de deuda. Y, por lo visto no sólo de los países “emergentes”.
Hasta ahora, la economía de la deuda, fundada en una construcción financiera donde las deudas generaban títulos de crédito que funcionaban de garantía para asumir más deudas, parecía un juego infinito. Las expectativas de ganancias futuras funcionaron como la zanahoria tras la cual se bicicleteaban los pagos con nuevas deudas. Un punto de apoyo fueron los precios crecientes de las materias primas, que originaban los contratos a futuro, apilándose unos sobre otros. Toda una ingeniería de la financiarización.
Pero la recesión económica frenó y bajó los precios de los commodities sobre los que especulaba esa construcción. Para muchos países, los emergentes en particular, los commodities fungían como la garantía de confianza en endeudarse. Ese piso ya no es firme, es demasiado riesgoso para los inversores de riesgo1.
La economía mundial está en recesión y ello acarrea dos problemas: inseguridad de los mercados y, lo más preocupante, peligro de ingobernabilidad. La economía de la deuda, la ingeniería financiera de los futuros y derivados, parece haber tocado techo. Los resonantes cambios tecnológicos con sus innovaciones y la economía colaborativa y las grandes cadenas globales de valor no parecen suficientes para reactivar la economía productiva y vuelva a ser un lugar en que puedan alojarse los grandes flujos de capitales líquidos. Ni las tasas negativas del Banco Central Europeo, ni la reducida tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyo anunciado aumento está por ahora congelado, han derivado fondos hacia la producción. La baja de las materias primas y todos los commodities ha dejado sin piso a muchos negocios financieros y a las economías de América Latina.
Los fondos, buitres o palomos, acusan temor y no hallan lugares mínimamente seguros para amarrar. La consigna es, entonces, inducir a los gobiernos –que ya se han transformado en simples gestores de endeudamiento y recaudación– a asegurar, apalancar inversiones con obras de infraestructura ofreciéndolas como garantías.
Acá es donde van a aparecer las Alianzas Público Privadas (APPs), la nueva estrategia que ya hizo pié en el Congreso.
 
En búsqueda de “soluciones” ¿Cómo vender el dinero?
 
Economía en recesión no significa solamente el peligro de que los Estados no paguen sus deudas soberanas. Significa también que los privados tampoco lo puedan hacer. La economía de la deuda, a través del préstamo para el consumo, generó lo que se llama endeudamiento de hogares. Que se mide en casi todos los países, aunque no en Argentina. Este tipo de endeudamiento es una gran base sobre la que se apoya el edificio del capital financiero, y también está saturado. Y, como lo demostró la crisis de las hipotecas subprime, cuando la gente de a pié no puede pagar sus deudas, el efecto es de dominó.
Y dinero parado es dinero inútil. La mercancía del capital financiero es el dinero, en cualquiera de sus formas. Y las mercancías deben venderse, con la ganancia de los intereses. El préstamo es una venta de dinero a plazo. Por eso la consigna de los vendedores de capital a los Estados es endéudense. Así lo aconsejó el premio Nobel Krugman –declarado partidario de Hillary Clinton– al próximo gobierno estadounidense… la potencia más endeudada del mundo, con déficits fiscal y comercial ingobernables.
Hay que ponerse en el lugar de estos señores: sus capitales están ociosos, la pirámide de deudas se constituye sobre la base de activos intangibles, cuyo valor es convencional o producto de las expectativas de ganancias. Y el peligro actual es que ni los Estados, ni los particulares, puedan saldar las deudas, porque no se sabe si esta vez los Bancos Centrales podrán realizar los gloriosos salvatajes como otrora se hizo con los bancos, socializando sus pérdidas.
“¿Por qué no nos endeudamos e invertimos?” –pregunta el Nobel– “Lo que más necesitamos es aumentar fuertemente la inversión pública en todo, desde energía o transporte hasta el tratamiento de aguas residuales”. Vale decir, infraestructura.
Después, a largo plazo –dice– las deudas se pagarán solas: endeudarse en infraestructura significará más ingresos fiscales (“Estos ingresos adicionales probablemente serían más abultados que cualquier suba en los pagos de intereses futuros”), generará empleos (hay que tomar en cuenta “el papel potencial de la inversión pública en la creación de empleos”) y, lo más importante, “ofrecería una valiosa garantía contra posibles sacudones futuros”2. Hasta acá, el vocero ofreciendo la mercancía capital a los Estados Unidos. Eso sí: para que lo invierta en bienes públicos. El argumento de venta es que generará impuestos y empleo. De paso las infraestructuras serían la garantía contra sacudones, léase crisis de insolvencia. O sea: las infraestructuras como una garantía hipotecaria.
 
 
Obstáculos políticos
 
La inversión en infraestructuras públicas, es decir energía, comunicaciones, sanidad, agua, transportes, es una cuestión eminentemente política. Y aquí vienen los roces con la gobernabilidad. Y los mínimos principios democráticos.
El Financial Times publicó el año pasado un artículo de John Authers: “Hace falta un billón en inversiones para infraestructuras”. Dice: “Está claro que los inversores privados tienen apetito por las infraestructuras”; una encuesta realizada a los grandes fondos de pensiones arrojó que muchos tenían previsto incrementar allí sus inversiones “más que en capital de riesgo, los hedge funds o la mayoría de los activos”. Pero esa inversión conlleva un riesgo en la falta de garantías, especialmente en los mercados emergentes. Pero “para los gobiernos […] representa un dilema político básico: hacer que los ciudadanos paguen por algo que antes era gratuito es impopular”. Las tarifas, claro, que ya conocemos por acá. Después, está el tema de que se tarda mucho más tiempo en finalizar un proyecto que lo que dura una legislatura de un gobierno democrático: “Es realmente un problema de política pública. Si hubiera un marco financiero y fiscal sostenible los inversores aportarían el dinero para los proyecto enseguida”.
Esa es la razón por la que BlackRock se sincera, como vimos, aconsejando eliminar intermediarios, es decir la mínima representación popular, y gestionar ellos mismos los proyectos. Esto, como veremos, es la esencia de las presuntas alianzas. Y está en el proyecto enviado al Senado por los “ceo-representantes”. De allí la pretensión manifestada desde el comienzo de gobernar por decreto, aunque tampoco en esto son muy originales.
 
Las eminencias y las nuevas estrategias
 
Nuevo Poder es una publicación chilena de corte liberal. Leo: “los inversionistas han decidido realizar un cambio en sus estrategias globales. Si antes lograr una mayor rentabilidad era lo que les quitaba el sueño, hoy lo que los mantiene despiertos es simplemente tener su dinero en un lugar seguro”. En este cambio de estrategia global comienzan a operar las “personas eminentes”, es decir, los grandes grupos económicos globales que la UN ha legalizado con carácter de “asesores”.
 
a) Actores internacionales
 
El 31 de julio del 2012, el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon anunció la composición de su Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes. El sector empresarial ha estado representado por Paul Polman, director ejecutivo de Unilever. Sus informes se realizan consultando a los directores ejecutivos de las más grandes empresas multinacionales, las cadenas globales de valor. Ha convenido una Alianza Público-Privada con FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), una agencia especializada de las Naciones Unidas.
A principios del 2011 el Pacto Mundial lanzó una nueva iniciativa con un número selecto de empresas, el Global Compact LEAD, que cuenta actualmente con 55 participantes, incluidos Bayer AG (que acaba de comprar Monsanto), Heineken, Lafarg, Tata, Coca-Cola y Vale.
En 2012 el Secretario General de la ONU puso en marcha la RSDS, Red de Soluciones para el Desarrollo Sustentable con veintiún representantes de empresas en su Consejo de Liderazgo que incluye a la minera Anglo American y al grupo financiero Citigroup.
“Desarrollo Sustentable” es el título-paraguas para las inversiones en infraestructuras, sostenido por las Naciones Unidas.
 
b) Estrategias internacionales
 
El Banco Mundial ha elaborado dos Agendas para el Desarrollo. La Agenda de Desarrollo Post-2015 y, recientemente, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
En diciembre de 2014, el Banco Mundial publicó la opinión del gerente para América Latina de su organismo afectado al sector privado, la Corporación Financiera Internacional, dedicado a las APPs. Decía éste:
América Latina se enfrenta a una desaceleración económica después de una década de bonanza […]. La situación ahora es cómo prepararse cuando hay que desarrollar grandes autopistas, acueductos o centrales eléctricas para cubrir la mayor demanda de servicios de los latinoamericanos.
Sostiene que aumentó la relevancia de la inversión de los fondos en energía, transporte, telecomunicaciones y agua y saneamiento.
 
Según los expertos, las dos grandes ventajas de las APP son, primero movilizar financiamiento privado para que los gobiernos no tengan que recurrir a sus recursos, a veces escasos sobre todo en épocas de turbulencias económicas; y segundo, contar con el conocimiento y el manejo gerencial y técnico del sector privado en proyectos que antes eran gestionados por el sector público.
Para la Agenda 2015 las eminencias de alto nivel habían dicho:
 
Las grandes empresas tienen dinero y experiencia para crear las infraestructuras que permitan a todas las personas conectarse a la economía moderna […] Se apoya un aumento de flujos financieros mejor dirigidos en el sector privado; se apoyan los centros de asociación público-privado en el seno de los distintos países; se fomenta la inversión extranjera directa en los países en desarrollo…[asimismo] La fuente de financiación a largo plazo más importante será el capital privado, proveniente de los grande fondos de pensiones, fondos de inversión…
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la unidad de la ONU para la región, una vez aprobada el año pasado la Agenda 2030, elaboró el Informe Horizonte 2030. Este informe ilustra claramente el cambio de estrategia. Se trata en apariencia de una fuerte crítica a la financierización.
 
La mayor presencia e intervención del sector financiero en distintos ámbitos de la actividad económica ha complicado la relación entre la actividad real y la financiera. […] la esfera de lo financiero tiende a primar sobre la esfera de lo real. Esto forma parte de un proceso de financiarización, definido como la creciente importancia de los mercados financieros, las instituciones financieras y las élites financieras en el funcionamiento de las economías y sus instituciones de gobernanza, a nivel nacional e internacional.
Parecen dar cuenta recién ahora, “cuando se ha complicado”, de la distancia entre la economía de la especulación del capital financiero y la llamada economía real, es decir la producción. Y ello porque “La creciente desigualdad, la presión del ajuste externo sobre las economías más débiles y la caída de la inversión junto con la multiplicación de los activos financieros conforman un cuadro de incertidumbre y baja demanda agregada”. Presión del ajuste y creciente desigualdad que acarrean incertidumbre de los capitales.
 
Incertidumbre en el retorno de las inversiones y en la gobernabilidad.
Superar este escenario exige la construcción de bienes públicos para la estabilidad y el pleno empleo a nivel global […] y una nueva arquitectura financiera que reduzca la incertidumbre y la volatilidad generada por el apalancamiento excesivo y los movimientos especulativos de capital.
 
“Insertarnos en el mundo”, acostumbran a decir nuestros ceos. El Informe dice: “La inversión en infraestructura favorece el cambio estructural […] fortalece los vínculos con el exterior y se aprovechan las oportunidades que ofrece la economía global”.
Oportunidades condicionadas, pues “La trayectoria que proponemos tiene como condición clave la participación conjunta de los actores públicos y privados”. Vale decir, la arquitectura financiera se ha vuelto volátil e incierta, alejada de la economía real, superar la situación es volcar esos activos en bienes públicos, con la condición de la “participación conjunta” de actores públicos y privados: las APP.
 
¿Qué son las APP o PPP?
 
En sintonía con esa estrategia, el año pasado la Casa de Altos Estudios de la Bolsa de Comercio, que maneja el índice de valores de las acciones más importantes del país, el célebre Merval, del cual es vicepresidente Nicolás Caputo, el amigo cuasi “hermano” del Presidente Ingeniero Macri, publicó “Participación del sector privado en la infraestructura: oportunidades e instrumentos” de Ariel José Chirom y Alejandro Gabriel Schachter. De su lectura surge el verdadero alcance de las APP que el proyecto del gobierno quiere hacer ley. Señala los bienes que se tienen en mira, el preminente papel del inversor y el pobre y subordinado papel del sector público. Veamos como unos comen el asado y otros se quedan con el humo.
Comienza definiendo que entienden por infraestructuras: Ingeniería, equipos e instalaciones en los sectores de energía eléctrica, transporte, telecomunicaciones, agua y saneamiento. Es decir los recursos básicos de cualquier nación, por lo tanto los bienes de uso público por excelencia.
Luego señala cuales son los mecanismos para atraer las inversiones. Sostiene que la relación de los dos sectores es de riesgos y retornos “compartidos”. Dado que no se trata solamente de que el sector privado financie, un aspecto clave de este tipo de asociaciones consiste en que el sector privado gestione la producción o provisión de un activo o un servicio. Y ello requiere que el privado se haga cargo del proyecto en su totalidad otorgando cierta libertad al privado de buscar mecanismos y soluciones innovadoras que generen mejoras de eficiencia.
El rol del sector público es procurar la generación de incentivos correctos a fin de favorecer la eficiencia de la inversión privada. Esto significa dos cosas: brindar señales claras a los inversionistas de que los compromisos incluidos en los contratos serán cumplidos y mitigar el riesgo regulatorio.
Lo primero consiste, entre otras cosas, en renunciar al atributo del Estado de rescindir los contratos.
Lo segundo, la regulación de los servicios, es dejarla en manos de un órgano cuyos directivos puedan actuar con “independencia” y no sólo con autonomía presupuestaria y administrativa, sino que además no debe estar sujeto a los procedimientos generales del sector público. Es decir, no debe estar sujeto a la ley. Lo más simpático es que el “riesgo” regulatorio es denominado indistintamente como “riesgo de la política”.
Como vemos, hasta acá, lo único que tiene de público esta alianza o participación es el nombre.
Pero no creamos que se agota allí el papel del Estado y la ley. Éstos deben garantizar todos los riesgos de la inversión. Para que no queden dudas el trabajo enumera los riesgos a garantizar y la forma y bienes que los garantizan. Un riesgo de la demanda de los servicios a cargo del inversor es la de su existencia y continuidad, porque sin ella no hay negocio, No debe haber incertidumbre “respecto al flujo futuro de ingreso efectivo”. Por ejemplo garantizar la adquisición de energía, por lo menos de un porcentaje de la producción, esto se llama “contratos futuros de demanda asegurada”. El otro riesgo a garantizar para evitar esa incertidumbre de flujo futuro de ingreso efectivo, es el de un ingreso mínimo, por ejemplo en el transporte o en las rutas. En suma, se trata de que el inversor no corra el riesgo político de que lo regulen y de perder dinero en su negocio. El papel del Estado es garantizarlo: garantizar al inversor que haga su ganancia con los bienes públicos.
Se propone entonces para ello el establecimiento de un fondo de infraestructuras de garantías. El mismo debería estar constituido a partir de activos que sean suficientes para garantizar la confianza del inversor. El activo ideal como garantía serían bonos del gobierno de largo plazo. Pero, claro, los inversores ya vienen escamados de los bonos de la deuda soberana. “Una duda por parte del privado podría ser que si el país se encuentra ante una crisis macroeconómica podría también ingresar en default esa deuda invalidando así la garantía”. Entonces, como los bonos de deuda pública, por más “basura” que sean, siempre recuperan más o menos un 30% de su valor nominal, bastaría que se emitieran más bonos por el 70% del valor que perderían. Esto equivale a decir que para conseguir la inversión hay que endeudarse como garantía, no por el valor de la inversión sino en un 70% más de su valor.
Pero, en todo caso, si no se quiere hacer eso, habría otra salida. Una vez emitidos los bonos por el valor de la inversión, previendo que éstos puedan bajar achicando la garantía, se pueden cambiar por bonos de otros países menos riesgosos. Pero como los menos riesgosos pagan menos interés “el costo para el gobierno es sólo el diferencial de tasa de interés”.
Si se quiere evitar ésta “pequeña pérdida” también se pueden venderlo a los fondos de alto riesgo. Hedgearlos, en la jerga financiera, venderlo a los fondos buitres en castellano.
Pero para todas estas lindas soluciones “es indispensable que esta garantía se encuentre administrada por alguna sociedad que se encuentra por fuera del accionar del gobierno en pos de brindar confianza al inversor. Preferiblemente alguna sociedad extranjera”.
Por último, en todo caso y ya que estamos, estos bonos podrían venderse en la Bolsa. Con ellos podrían generarse “productos estructurados”, esto es, una nueva pirámide de futuros y derivados de las finanzas especulativas que serían las que vienen a reemplazarse con la nueva estrategia. Esto significa un negocio a dos puntas: se garantizan las “inversiones en infraestructuras” y, con ellas, se renuevan las que ahora oficialmente se condenan.
Todo eso para garantizar la demanda del servicio, es decir el consumo de lo que haga produzca o venda y de ingreso mínimo, es decir la ganancia.
A ello llaman “riesgo compartido”.
Para esto hacen falta ceos en los gobiernos.
 
El proyecto de ley
 
No tiene sentido transcribir acá los aspectos más significativos del Proyecto PPP elevado por el Poder Ejecutivo, ya que sigue todos los pasos marcados por el trabajo auspiciado por los amigos de la Bolsa en la que el hermano Nicolás Caputo es figura relevante.
Con razón Marval, O’Farrell & Mairal, el estudio jurídico financiero ya mencionado, celebra que
El régimen impulsado por el PEN implica un cambio de paradigma en la contratación pública, al excluirse o limitarse significativamente las prerrogativas de derecho público de la Administración (entre otras, el poder de modificar unilateralmente el contrato, la rescisión por razón de interés público…).
Copiando parcialmente la legislación de Perú, Colombia, Brasil y Chile, país este último que aplica el sistema al régimen penitenciario, incluyendo el monitoreo de la situación de los liberados después del cumplimiento de la codena, el Proyecto enviado al Senado va un poco más allá incluyendo la defensa nacional, el régimen hospitalario, la investigación y la educación. Y hasta zonas francas: es decir, proyecto, ejecución y administración de centros tributarios. Cualquier despistado diría que se trata de la soberanía nacional.
Por lo demás, la brevedad y hasta ambigüedad del texto deja la puerta abierta a una interpretación “flexible” por parte del Poder Ejecutivo. Entre otras, las de ofrecer como garantías la percepción de impuestos y, como lo sugiere el trabajo de la Bolsa, la emisión de títulos valores para que funcionen como “productos estructurados”, vale decir, como futuros para nuevas pirámides financieras. Esta vez con la legitimación del Estado y la garantía anticipada de los bienes públicos, es decir de todos nosotros.
Con lo cual el capital financiero mitiga su volatilidad e incertidumbre.
Merced a las Alianzas Público Privadas o Participación Pública Privada cuyas siglas, como lo prefiere el gobierno, coinciden con su denominación en inglés Public-Private Partnerships.
Siglas que bien pueden significar también Poder Político Privado.
 
Septiembre de 2016
 
Artículo enviado especialmente por el autor para su publicación en este número de Herramienta.
 
Ilustración: Suizo
 
1Daniel Lacalle es un economista español y asesor de negocios, reconocido por Extel Thomson Reuters Survey entre los mejores gestores de fondos. Escribió no hace mucho “El 'efecto aspirador': el dinero local escapa de los mercados emergentes”. Decía: “Se estima que la inversión de capital extranjera hacia los mercados emergentes caiga a […] niveles inferiores a los de 2008 y 2009, en medio de la crisis. Esta caída de inversión no está motivada por falta de liquidez, que es más que excesiva por las inyecciones monetarias de los bancos centrales, ni por altos tipos de interés, con 28 bancos bajando tipos y gran parte de las mayores economías con tipos cero. […] Es caída de la inversión por saturación de deuda y percepción de riesgo muy superior a lo que los bancos centrales anuncian. […] nos podemos encontrar con una enorme cantidad de préstamos que son imposibles de pagar ante un escenario de crecimiento pobre o recesión”. http://www.elconfidencial.com/ ( http://blogs.elconfidencial.com/mercados/lleno-de-energia/2015-10-02/el-...).
En suma, sobra liquidez pero hay saturación de deuda y miedo al riesgo.
2 http://www.ieco.clarin.com/economia/Hillarynomics-Paul-Krugman_0_1631836813.html