Ecología o Capitalismo: dilemas de la Revolución Ciudadana en Ecuador

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Autor(es): Barbosa dos Santos, Fabio Luis

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Introducción
 
Las propagandas de Ecuador como destino turístico realzan la impresionante diversidad de paisajes concentrada en un pequeño país. Un territorio menor que el de Polonia es atravesado por la cordillera de los Andes, salpicando el paisaje de picos nevados y volcanes que separan la Amazonia en el oriente de la costa del Pacífico, donde se localiza el santuario ecológico de Galápagos, atractivo turístico requerido mundialmente. Si en el plano geográfico se destacan la diversidad de paisajes reunidos en un espacio diminuto, el análisis de la coyuntura revela una analogía en el plano político, donde la naturaleza de los problemas concentrados en el país expresa a través de una situación paroxística los dilemas comunes al destino del continente en el siglo XXI.
Por un lado, los desafíos enfrentados por una tímida economía exportadora primaria basada en la explotación de petróleo para superar la dependencia son agravados por la ausencia de una moneda nacional desde la dolarización en 2000, proyectando a un cuadro continental la aspiración de soberanía nacional. Por otro lado, el legado socialmente desintegrador y ambientalmente devastador de la efímera riqueza petrolera de los años 70 está en la raíz de una aguda sensibilidad para la renovada explotación de los recursos naturales en el presente, donde la resistencia indígena y campesina se suma al argumento ambientalista en la presión por un modelo de desarrollo alternativo. La convergencia entre los desafíos de soberanía, desarrollo económico y ecología presionan por un estándar civilizatorio alternativo cristalizado en la noción de raíz aborigen sumak kawsay o “buen vivir”, consagrado en la constitución aprobada en 2007. Los conflictos desatados por la afirmación de este principio y la simultánea profundización de la explotación minera están en la raíz de las contradicciones vividas por el gobierno de Rafael Correa. 

Para analizarlas adecuadamente, el texto realizará tres movimientos. Después de una breve introducción a la historia de la economía ecuatoriana en el siglo XX, abordaremos la crisis desencadenada en los años 80 y sus consecuencias políticas, antecedentes necesarios para comprender la reciente elección de Correa. Expondremos seguidamente los dilemas enfrentados por la Revolución Ciudadana pregonada por el gobierno, que se evidencian en toda su extensión en la negociación de la iniciativa Yasuní ITT en curso.

 
1. Introducción a la formación ecuatoriana
 
La geografía accidentada del territorio ecuatoriano contribuyó para impedir la integración nacional del país, que desde la independencia enfrentó obstáculos internos y externos para consolidarse. En el plano internacional, las fronteras ecuatorianas fueron motivo de un recurrente asedio de sus vecinos mayores, Perú y Colombia, que se materializó en diversos conflictos armados principalmente con el primero, resultando en una pérdida territorial significativa. En el plano interior, la inserción del país en el mercado mundial como exportador primario, sobre todo de cacao a partir de mediados del siglo XIX, agudizó las disparidades regionales. La oposición de los intereses entre una burguesía comercial y financiera apoyada en el dinamismo exportador de la costa basada en Guayaquil, y una oligarquía serrana asentada en la propiedad agraria y en la explotación de mano de obra indígena asentada en Quito, se expresó en conflictos de matriz regionalista, que a veces dieron un colorido ideológico a meras disputas de poder.
La vulnerabilidad a los flujos del mercado mundial y una correspondiente inestabilidad política caracterizaron a la historia ecuatoriana en el siglo XX. La caída en los precios internacionales del cacao frente a la competencia africana, sumado a las plagas que afectaron a la producción local y a los efectos de la crisis del 29, sumergieron al país en un período de estancamiento económico y alternancia política: entre la “revolución Juliana” en 1925 y la presidencia de Galo Plaza en 1952 hubo veinte y seis variaciones de mandatarios y regímenes. El crecimiento de la explotación de banana a partir de los años 50 rescató al país del letargo económico en los marcos de la explotación primaria, favoreciendo un apaciguamiento político. La inédita sucesión de tres presidentes constitucionales fue interrumpida con el derrocamiento del presidente Velasco Ibarra y de su sucesor a través de un golpe militar en 1972, en el momento en que se iniciaba la explotación petrolera a gran escala en el país.[1] 

 

La extracción de petróleo en Ecuador recibió un impulso decisivo a partir de la suba de los precios internacionales desencadenada por la guerra de Yom Kippur en 1973, que transformó la inversión en el país en una alternativa atractiva. A pesar de que Ecuador nunca haya sido uno de los mayores productores mundiales, la dimensión relativa del negocio petrolero tuvo un impacto extraordinario en la economía nacional, que puede ser ponderado por algunas cifras: la exportación total del país creció de menos de 190 millones de dólares en 1970 hasta 2.500 millones en 1981, un aumento de más de trece veces. En este período el PBI creció a una tasa media anual de 8%, mientras que la tasa media de expansión de la industria fue del 10% y el producto por habitante aumentó de 260 dólares hasta 1.668.[2]

Así y todo, la influencia de los recursos petroleros fue efímera y dejó un pasivo financiero y ambiental devastador.3 En el plano económico, las veleidades nacionalistas de los militares se tradujeron en inversiones en infraestructura de desarrollo industrial a partir del Estado, manteniendo intacto un modelo de concentración de renta que alimentó el crecimiento del consumo suntuario basado en importaciones.

La bonanza motivada por el petróleo, trayendo la mayor cantidad de divisas recibidas por el país hasta aquel momento, surgida de forma maciza y relativamente inesperada, se acumuló sobre las estructuras existentes y reprodujo, en mayor escala, gran parte de las antiguas diferencias sociales y económicas. El salto cuantitativo llevó a Ecuador a otro nivel de crecimiento económico, pero como no hubo una transformación cualitativa correspondiente, en poco tiempo se cristalizó en el “mito del desarrollo”.4
 
En un contexto internacional de amplia disponibilidad de capitales, la renta petrolera afianzó una escalada vertiginosa de endeudamiento externo: el valor de la deuda ecuatoriana creció en casi 22 veces entre 1971 y 1981, pasando de 206,8 millones de dólares a 5.868,2 millones, lo que significó pasar de 16% del Producto Bruto Interno al 42%. Visto desde otro ángulo, el servicio de la deuda que comprometía 15 de cada 100 dólares exportados en 1971, pasó a la proporción del 71% diez años después.
La eclosión de la crisis de la deuda a partir de México en 1982, sumada a la drástica caída en el precio del petróleo en los años siguientes, evidenció nuevamente la vulnerabilidad de la economía del país. En este contexto, el Estado ecuatoriano fue forzado a ceder progresivamente su participación en el negocio petrolero en los marcos de la implementación de políticas neoliberales en el país, cuyo impacto social desastroso provocó una intensa respuesta popular.
 
2. Contexto de la asunción de Correa
 
La economía ecuatoriana entre la crisis de la deuda y la dolarización está marcada por el estancamiento, en un contexto en donde la grave situación causada por los cambios en los flujos del crédito internacional se sumó a la caída de los precios internacionales del petróleo. La posición débil del país frente a las exigencias del capital financiero forzó la adopción progresiva de políticas neoliberales, a pesar de la diversa filiación política de los presidentes electos. El estrecho margen de maniobra para administrar la crisis en los marcos impuestos por los organismos internacionales está en la raíz del desgaste sufrido por lo sucesivos gobernantes, evidenciado por la constatación de que desde la salida de los militares en 1979 ningún presidente eligió a su sucesor. La consecuencia de este proceso será el descrédito masivo de los partidos políticos convencionales, agravado por varios escándalos de corrupción que se abatieron sobre más de un gobierno, generando el ambiente favorable para la afirmación de la candidatura de Correa en el 2006 contra la llamada “partidocracia”.
Las consecuencias sociales de enfrentar el estancamiento económico con medidas neoliberales fueron devastadoras, y su efecto sobre el conjunto de las fuerzas populares fue heterogéneo. El movimiento obrero enfrentó un severo descenso en el número de afiliados que incidió en su combatividad, reflejo del desempleo y de la precarización de las relaciones de trabajo. En este escenario, las organizaciones indígenas que confluyeron en la formación de la CONAIE en 1986 asumieron el protagonismo de las luchas populares: en 1990 lideraron un levantamiento de impacto nacional, en 1995 organizaron un partido político propio (Pachakutik) y dos años más tarde tuvieron un papel central en el derrocamiento del presidente Bucaram. La degradación de las condiciones de vida de los trabajadores que fermentó el ascenso de la protesta social se evidencia en dos datos: el poder de compra del salario real se redujo en casi un cuarto entre 1980 y 2000, mientras que en el mismo período el monto de las remesas de emigrantes trabajando en el exterior, que era inferior al 1% del PBI, saltó a 7,8%, convirtiéndose en la principal fuente de divisas del país después del petróleo.5 
Las dificultades económicas relacionadas al endeudamiento y a la caída de los precios del petróleo fueron agravadas por un nuevo conflicto militar con el Perú en 1995 y la devastación natural traída por El Niño en los años 1997/1999, de modo que después de casi dos decenios de estancamiento la crisis llegó a la cima en 1999, año en que el PBI del país cayó 7,3% contabilizado en sucres constantes, y el PBI per cápita en dólares se redujo en casi 32%, pasando de 1.619 dólares a 1.109. En estos años el país sufrió el empobrecimiento más acelerado de la historia de América Latina según UNICEF: el número de pobres aumentó de 3,9 a 9,1 millones, saltando del 34% al 71% de la población, mientras que se duplicó lo alcanzado por la pobreza extrema, pasando de 2,1 a 4,5 millones –de 12% a 31%–. Este proceso fue acompañado por una mayor concentración de la renta, ya que el 20% más rico de la población aumentó su participación en la riqueza, pasando del 52% a más del 61%, mientras que la tajada del 20% más pobre decreció su participación del 4,6% al 2,5%.6
En esta coyuntura de recesión, el gobierno optó por decretar abruptamente la dolarización de la economía extinguiendo el sucre como moneda nacional en enero de 2000, en un proceso marcado por la imprevisión, la falta de transparencia y la promiscuidad en relación con el sector financiero.7 Lejos de conjurar la crisis, la medida acentuó el problema social, provocando una elevación en el costo de vida en una situación de ascendente desempleo, al mismo tiempo en que se exponía y potenciaba la vulnerabilidad del país a la dinámica del capital internacional.
El impacto social de la decisión se materializó en dos sentidos. De un lado, se verificó un prodigioso aceleramiento de la emigración, expresión desesperada de la búsqueda de mejores condiciones de vida a costa de vínculos afectivos y culturales. Se calcula que más de un millón de personas dejó el país desde 2000, elevando el total de emigrados a cerca de 3 millones según algunas estimaciones, sobre una población de casi 14 millones de habitantes.8
De otro lado, la dolarización detonó una vigorosa rebelión popular liderada por el movimiento indígena que se granjeó la simpatía de un sector militar, llevando a la caída del presidente Mahuad en enero de 2000. El ensayo de alianza se disolvió cuando el comandante militar traicionó el compromiso asumido con los líderes populares y entregó el gobierno al vicepresidente, quien ratificó la dolarización. Sin embargo, en las elecciones siguientes el conjunto del movimiento social encabezado por los líderes indígenas apoyó la candidatura del coronel Lucio Gutiérrez, quien despuntó como un líder nacionalista radical en el levantamiento. Su mandato se develó funesto para el movimiento indígena, que salió desmoralizado y dividido de una breve participación en un gobierno que tampoco terminó, asolado por denuncias de corrupción y entreguismo que rápidamente lo opusieron al campo popular.
Es en este contexto que emergió como figura política el economista Rafael Correa, ministro de Hacienda en el mandato restante cumplido por el vice de Gutiérrez. Con un discurso crítico al neoliberalismo y a la “partidocracia”, el joven profesor guayaquileño triunfó en las urnas sin pertenecer a un partido ni apoyar candidatos al parlamento. Inspirado en el camino abierto por Chávez en Venezuela y seguido por Morales en Bolivia, Correa convocó a una asamblea para escribir la 20ª constitución de la historia del país, recurriendo a una combinación de manejo de los medios y de las urnas para forjar en apenas 28 meses las condiciones de realización de la autodenominada Revolución Ciudadana. La especificidad de la situación ecuatoriana es que sintetiza el desafío venezolano de la superación de la dependencia petrolera y la necesidad boliviana de la integración de la población indígena, produciendo una convergencia de las determinaciones económicas y sociales del desarrollo que explicitan las exigencias para los cambios en los marcos del capitalismo en América Latina.
 
3. Dilemas de la Revolución Ciudadana
 
A pesar de las contundentes críticas a la injerencia de los organismos multilaterales como el Banco Mundial o el FMI en la política económica de los países del continente, que incluyen la dolarización ecuatoriana, el gobierno de Correa no se propone revertir la medida. En términos concretos, su nacionalismo avaló una auditoría de la deuda externa que encauzó la revisión de parte de los contratos, y no renovó la cesión de la base militar de Manta para el ejército de los Estados Unidos, concretando así una promesa de campaña. De manera similar a Chávez, el presidente ecuatoriano concentró los esfuerzos en redireccionar la renta petrolera que servía principalmente al pago de los intereses de la deuda hacia la inversión en programas sociales y obras de infraestructura. Esta política se benefició de un alza en los precios internacionales del petróleo, haciendo que Correa dispusiese de recursos mayores que todos sus predecesores. Existe consenso entre los críticos de la dolarización de que éste es el principal de una serie de factores coyunturales que viene sustentando provisoriamente la situación:
 
La dolarización se sostuvo por factores exógenos y no por méritos propios. Recordemos el aporte de las remesas, de los crecientes precios del petróleo, de la bonanza para muchas exportaciones, y del acceso a créditos externos baratos por parte de los agentes económicos privados. A lo anterior se tendría que añadir el ingreso de dólares provenientes del “narco-lavado” o de otras actividades delictivas, alentados por la propia dolarización.9
 
Esta situación coloca al gobierno frente a un dilema: los recursos provenientes de la explotación del petróleo viabilizan programas que afianzan su intención social sin enfrentar las exigencias estructurales de la sociedad ecuatoriana. Este beneficio inmediato aspira a una ulterior inversión en la extracción del producto en el momento en que las estimaciones indican que las reservas del país ya alcanzaron su pico y tienden a decrecer irreversiblemente, poniendo en evidencia el carácter provisorio del arreglo actual. Como consecuencia, surge una contradicción con la orientación extractivista de la economía que se pretende superar en los marcos del precepto constitucional del sumak kawsay, traducido como “buen vivir”.10
Noción que remite a las tradiciones indígenas de origen precolombino, el “buen vivir” sugiere un estándar de sociabilidad alternativo a la mercantilización característica del capitalismo. En las palabras de Pablo Dávalos: “… expresa una relación diferente entre los seres humanos y con su entorno social y natural. El ‘buen vivir’ incorpora una dimensión humana, ética y holística al relacionamiento de los seres humanos tanto con su historia como con su naturaleza”.11
Consecuencia concreta de esta incorporación es el reconocimiento constitucional de una serie de derechos de los pueblos indígenas en los marcos del estado plurinacional, comprometido con el Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de la ONU sobre los derechos indígenas.12 Esta garantía legal ha generado múltiples conflictos con la explotación minera y el Estado, toda vez que está prevista la consulta debidamente informada a las poblaciones nativas sobre cualquier tema que afecte a su forma de vida.13 Esta contradicción entre la presión sobre los recursos naturales mediada por el Estado y el precepto constitucional del sumak kawsay ha marcado al gobierno de Correa, y se expresa en todo su alcance en la negociación de la iniciativa Yasuní ITT.14
En pocas palabras, esta innovadora propuesta prevé mantener inexplotado un potencial de 850 millones de barriles de petróleo que ocupa cerca de 200 mil hectáreas de floresta tropical en el Parque Nacional Yasuní a cambio de un aporte estimado en 350 millones de dólares por año a lo largo de diez años a ser realizado por la comunidad internacional. Este dinero sería administrado por una comisión fiscalizada por el PNUD (Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas) con la intención de invertirlo en programas sociales, de energía renovable, reforestación o eficiencia energética. Desde que fue lanzada, la iniciativa fue tratada de modo contradictorio por Correa e incluso la firma reciente del protocolo entre el gobierno ecuatoriano y el PNUD en agosto del 2010 no disipó las dudas sobre la firmeza de propósitos del presidente.15
El análisis de las determinaciones históricas envueltas en la iniciativa Yasuní ITT sintetiza los términos del dilema civilizatorio que interpela tanto a Ecuador como a América Latina en el siglo XXI. En su esencia, se trata de una tentativa de buscar alianzas internas y externas procurando subordinar la lógica del negocio del capital internacional en su articulación con el subdesarrollo a una propuesta de desarrollo alternativo, consonante con las ocasiones de preservación del medio ambiente y de la integración de la población afectada.
En términos ideológicos, la iniciativa Yasuní ITT está asentada en las premisas de que es posible disciplinar el movimiento del capital mundial a designios ecológicos y subordinar el extractivismo en la periferia a un proyecto de integración nacional, apuntando hacia un paradigma civilizatorio alternativo en los marcos del capitalismo. En una palabra, supone la posibilidad de dotar a la reproducción capitalista de una racionalidad ambiental en el centro e integradora en la periferia, conciliando capitalismo y ecología en el plano mundial y capitalismo y formación nacional en América Latina.
Esta racionalidad alternativa está cimentada en un paradigma de modernidad que no sea “antropocéntrico”, en el sentido de incorporar la preocupación ecológica como condición de la reproducción humana, ni “desarrollista”, en la medida en que apunta hacia un estándar civilizatorio que no esté centrado en el desarrollo de las fuerzas productivas.16 En suma, en sintonía con la constitución ecuatoriana y el ideario de sumak kawsay, prevé otro estándar de relación del hombre con la naturaleza y con la riqueza en los marcos del mismo modo de producción.
La utopía de subordinar el capitalismo a cualquier racionalidad exterior a su movimiento se reveló ilusoria a lo largo del siglo XX. Mientras que en el centro se engendraron fenómenos como el fascismo, dos guerras mundiales, la carrera armamentista y el fundamentalismo estadounidense, en la periferia, revoluciones y contrarrevoluciones pusieron de manifiesto los límites para la superación del subdesarrollo. En el campo ecológico, la impotencia de los recientes fórums internacionales frente a la intransigencia de la mayor economía mundial evidenció la inocuidad de disciplinar la devastación ambiental en el cuadro de las relaciones interestatales contemporáneas.
Aceptándose la imposibilidad de una salida efectiva para la crítica situación ecológica del planeta en los marcos del capitalismo, el éxito de la iniciativa Yasuní ITT, por loable que sea, aparece unida a su potencial para tornarse funcional al gobierno ecuatoriano y a la comunidad internacional. Esto significa que el papel ideológico de la propuesta debe compensar el sacrificio de su realización económica sin amenazar la racionalidad en que está inscripta. En otras palabras, su posibilidad de éxito está relacionada a su potencial irrelevancia para el capital internacional, a la manera de cómo una empresa planta un árbol o dona un obsequio en busca de una imagen que absuelva la explotación de la naturaleza y del trabajo que sigue realizando. Así y todo, si consideramos la rigidez del padrón de dominación económica e ideológica que caracteriza al imperialismo, cualquier fisura parece improbable.
En su articulación interna, la iniciativa Yasuní-ITT apunta hacia la superación del estándar económico extractivista, subordinando los negocios internacionales a las ansias y necesidades de la población ecuatoriana en los marcos del sumak kawsay. Encarada desde una perspectiva histórica, la realización de este ideario se identifica con la superación del legado colonial y la conclusión de la formación nacional, lo que coloca en toda su extensión sus propias dificultades.
En el plano externo se apoya en la solidaridad internacional con la causa ecológica, que no se identifica con el estímulo para la superación del subdesarrollo en un contexto de hegemonía del modo de producción capitalista. Internamente, el papel fundamental de las recetas petroleras para el presupuesto del Estado y la sustentación de su política social inhibe cualquier alternativa que sacrifique este ingreso y, por el contrario, presiona a la acción estatal en el sentido de profundizar la explotación de los recursos naturales. En este sentido, la confluencia entre cuestión ecológica y formación nacional resultante de la convergencia entre indígenas, campesinos y ambientalistas en torno a un proyecto nacional que apunte hacia una visión de modernidad alternativa, pone a este arco social en oposición simultánea a los intereses del capital internacional y a la racionalidad del Estado ecuatoriano.
En esta perspectiva, la iniciativa Yasuní-ITT se muestra como una tentativa de esquivar el problema sin resolver la contradicción fundamental. La estrategia es buscar una alianza con la causa ecológica internacional para llevar al Estado ecuatoriano hacia el lado del sumak kawsay, eliminando el conflicto al substituir una receta petrolera por otra. Incluso el éxito de la propuesta no significa, como reconocen sus defensores, que el gobierno altere la orientación extractivista de su política en otros casos. En la imposibilidad de una iniciativa similar que englobe al conjunto de los recursos naturales del país, la disputa por la orientación del Estado implica subordinar el negocio exportador a los designios de la nación, desafío común a los países del continente. En la medida en que este proyecto emerge en el Ecuador como portador de un ideal humanista antagónico a la mercantilización de las relaciones sociales, el dilema vivido en el país emerge en toda su extensión: la convergencia del problema de la formación nacional, de la cuestión ecológica y del ideario de relaciones humanas no mercantiles pone en cuestión el estándar civilizatorio del continente como una totalidad. En este contexto, se levanta la pregunta: ¿Cuál es el lugar de esta utopía en el mundo del imperialismo, del capitalismo y de la lucha de clases?
 
Bibliografía
 
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[1] Para una revisión del debate sobre Velasco Ibarra ver Maiguashca y Norrth, 1991.
[2] Acosta, 2006: 117.
3 El petróleo ecuatoriano se concentra en la región amazónica y su explotación causó daños ambientales incalculables. En 1993 indígenas y colonos de la Amazonia entraron con una demanda judicial contra la Chevron-Texaco, la principal multinacional actuante en el área durante 28 años (1964 a 1992). La indemnización estimada por el perito nombrado por la Corte alcanza a 27.000 millones de dólares. La acción todavía se tramita, pero la visibilidad del proceso apodado por algunos como “el juicio del siglo” tiene un importante papel en la proyección política de la cuestión ecológica en el país. Ver Acosta, 2009.
4 Acosta, 2006: 121.
5 Datos en: Acosta, 2009: 286 y 289. “Conforme han transcurrido los años, las remesas de los emigrantes han tenido cada vez mayor importancia en la renta nacional. Así, según datos del Banco Central del Ecuador, las remesas de los trabajadores se consideran dentro de las principales fuentes de ingresos corrientes de la nación, superando cuantitativamente inclusive al turismo, al camarón y al banano. El ingreso de las remesas se cataloga después del petróleo y sus derivados, la segunda fuente de ingreso del Ecuador. De aquí se deriva la hipótesis de que gracias a tal ingreso la dolarización se ha sostenido.” (Eguez, Alejandro,2001)
6 Correa, 2009: 65.
7 Ver: Correa, op.cit.
8 Acosta, López Olivares y Villamar, 2006.
9 Idem: 117.
10 “La nueva Constitución sostiene que el ‘Régimen de Desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir; el buen vivir requiere que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y libertades, y ejerzan responsabilidades en el marco del respeto a sus diversidades y la convivencia armónica con la naturaleza’, afirmando de esta manera el carácter holístico e integral de este proceso de cambio por la vida.” Patricio Carpio Benalcázar. El buen vivir, más allá del desarrollo: la nueva perspectiva constitucional. Disponible en: http://alainet.org/active/24609&lang=es
11 Pablo Dávalos. Reflexiones sobre el sumak kawsay (el buen vivir) y las teorías del desarrollo. Disponible en: http://alainet.org/active/25617&lang=es
12 “El Artículo 398 de la constitución establece que: ‘Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidaci a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta’ (...) Por su parte el Art. 57 de la Constitución, refiriéndose a los derechos de colectivos, establece: ‘Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos (...) Num. 7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna’.(...) De la lectura de estas dos disposiciones constitucionales podemos afirmar que la Constitución establece dos categorías de consulta: la primera que se refiere a la consulta previa para la protección de un derecho difuso, como es el ambiente, ejercida por la ciudadanía en general; y, la segunda que hace referencia a la consulta para actividades de prospección, explotación y comercialización de recursos naturales no renovables que se encuentren en territorios indígenas.” Apud: informe presentado en 2009 por organizaciones indígenas frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, disponible en http://alainet.org/images/informe_pueblosindigenas.pdf
13 Ver al respecto el informe presentado en el 2009 por organizaciones indígenas frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, disponible en: http://alainet.org/images/informe_pueblosindigenas.pdf
14 Las fuertes reacciones a la “ley de Minería” sancionada en el 2009 evidencia las ambigüedades del gobierno, que según especialistas es contradictoria con la propia constitución. Ver: Acosta, 2009: 214, además del informe presentado a la Comisión Interamericana supra citado.
15 Los defensores de la propuesta temen sobre todo que el gobierno no invierta esfuerzos en captar recursos y la iniciativa sea archivada como inviable. Ver: Alberto Costa. La firma del fideicomiso para la iniciativa Yasuni-ITT. Disponible en: http://alainet.org
16 Consultar al respecto: Eduardo Gudynas. Si eres tan progresista, ¿por qué destruyes la naturaleza? Neo-extractivismo, izquierda y alternativas. Quito, Ecuador Debate 79 (abril 2010), págs. 61-82.