La APPO: soberanías, biopolíticas y “malos ciudadanos” en el México neoliberal

Versión para impresoraEnviar a un amigo

Autor(es): Gómez Carpinteiro, Francisco Javier

Introducción

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) surgió en el verano de 2006. Su origen inmediato se ligó a la fuerte represión de la que fue objeto la sección sindical de profesores de esa entidad del sur mexicano, en su búsqueda de re-zonificación para el aumento de salario y mejora general de las condiciones de trabajo y enseñanza. Ante el desproporcionado ejercicio de violencia con que la policía actuó para desalojar a los maestros que invadían plazas y calles céntricas de la ciudad de Oaxaca, diversos sectores de la población se aglutinaron en torno a la protesta por esa acción gubernamental. Pronto, varias y distintas organizaciones civiles, barriales, comunales, asociaciones de artistas, católicos progresistas, jóvenes de bandas urbanas, intelectuales, académicos, desempleados, limpiaparabrisas, mujeres y hombres, se aglutinaron con los maestros para crear la APPO.
La APPO mostró rasgos inusitados en la expresión de movimientos sociales en México; los cuales suelen caracterizarse por su cercanía o distancia con el “Estado”, como una forma de calificar su carácter corporativo o “democrático”. Por principio de cuentas, la APPO se erigió como una gran asamblea, rememorando con ello un principio seguido en comunidades indígenas de discusión y toma de decisiones sobre asuntos comunes. También se constituyó en ella una dirección colectiva, con el afán de evitar la cooptación de los líderes o su protagonismo, al fungir como típicos intermediarios del régimen político mexicano para mover clientelas a favor de sus propios intereses políticos. La agenda de la APPO estableció como propósito inmediato la renuncia del gobernador, y posteriormente llevó a cabo tareas para encontrar otras formas de participación y representación democráticas.
La APPO adquirió la expresión de una revuelta popular. Miles de personas se volcaron a las calles en defensa de los maestros y mostraron inconformidades diversas contra las élites políticas dominantes de la región. Algunos autores entendieron esto como una crisis del autoritarismo regional; una manifestación de descontento ante el comportamiento del gobernador y colaboradores cercanos, burócratas y caciques,[1] cuyas acciones facciosas y violentas, desde el daño al patrimonio arquitectónico, usos de las partidas presupuestales para favorecer intereses propios y de sus seguidores, persecución y asesinato contra enemigos políticos, incubaron una serie de descontentos que unieron por igual a otras elites enemigas y sectores menos favorecidos para clamar la salida del gobernador (Martínez Vásquez 2007). Por otra parte, otras interpretaciones de la naturaleza de la APPO subrayaron el carácter antiestatal del movimiento, basado en su deseo por redefinir una forma de hacer política para cristalizar en una sociedad más autónoma, democrática e incluyente (Esteva (2007). En esta perspectiva, la APPO fue percibida como un “movimiento de movimientos”, como una manifestación de que el cambio podría ocurrir “desde abajo”, aglutinando los agravios y las expectativas de grupos subordinados. Vista así, la revuelta oaxaqueña tiene parangón con aquellas acciones colectivas llevadas a cabo en diversos países sudamericanos que han generado reformas constitucionales y asambleas constituyentes encaminadas a reconfigurar la naturaleza de la soberanía nacional-popular; o bien se puede equiparar particularmente con las luchas y los proyectos de búsqueda de autonomía de las comunidades de base zapatistas en Chiapas, con el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil o con el de los “piqueteros” en Argentina. 
La emergencia de la APPO se dio en el contexto de las elecciones federales para renovar las cámaras legislativas y la presidencia de la república. En ese ambiente, marcado por los tiempos y las prácticas electorales, el movimiento generalmente fue juzgado bajo los términos de constituir una expresión política incómoda para el ciclo democrático; de hecho, muchas de las demandas de la APPO fueron limitadas por las aparentes alianzas coyunturales entre actores de la clase política, los cuales no quisieron comprometer su permanencia o estabilidad, en tanto que otras fuerzas, en la izquierda de la geometría electoral, tibiamente desplegaron discursos y acciones de apoyo. La demanda principal de la APPO, la renuncia del gobernador de la entidad, no se logró; también los trabajos para lograr reformas más amplias fueron acotados.
Ante esas condiciones coyunturales adversas, las acciones de la APPO se desarrollaron dentro en un férreo clima de violencia. De hecho, su surgimiento propició una fuerte polarización en la sociedad oaxaqueña, incitada por diferentes medios que equipararon la resistencia y las protestas llevadas a cabo por sus integrantes con actos vandálicos. Por otra parte, policías y bandas paramilitares asolaron las barricadas, diseminadas a lo largo y ancho de la ciudad e instaladas con el fin de proteger el avance de fuerzas policíacas contra instalaciones que la APPO consideró claves para el movimiento. Las acciones violentas contra la APPO provocadas por fuerzas de Estado o parestatales aumentaron en la etapa poselectoral, justo cuando se presentó un clima tenso en todo el país, que llevó a que un sector amplio de votantes, que se aglutinaron en la figura del eventual candidato perdedor Andrés Manuel López Obrador, protestara el resultado oficial de las elecciones y diera paso al surgimiento de diferentes acciones civiles, que llevaron a la toma de la principal avenida del Distrito Federal, la capital de México, y la fundación, también en 2006, de la Convención Nacional Democrática, que desconocería al presidente electo de facto, y elegiría a López Obrador como el “presidente legítimo”.
El descontento contra un gobernador y la petición de la intervención de fuerzas externas para su salida no fueron algo inédito en Oaxaca, ni lo han sido tampoco para todo el país. Diversos autores recuerdan que lo que sucedió en 2006 es equiparable a las jornadas de descontentos que en la década de los setenta llevaron a la renuncia del gobernador oaxaqueño (Vásquez Martínez 2007: 22), en aquel tiempo en un marco caracterizado por la emergencia de movimientos sociales variados (magisteriales, étnicos, regionales) y fuertes cuotas de autoritarismo (un término que suele emplearse en el análisis político mexicano para caracterizar estructuras de poder antidemocráticas). En otro caso, la lucha encabezada por el médico Salvador Nava, en San Luís Potosí, en distintos momentos del México moderno contra estructuras políticas regionales, propició la actuación de autoridades del centro del país, y dieron fuerza a un movimiento ciudadano (véase Rubin 2003: 157-158). La diferencia entre estas movilizaciones y la de la APPO es el aparente fracaso de esta última en el logro de la renuncia o destitución del gobernador. Para que no ocurriera eso, contaron las alianzas coyunturales que tejieron políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), cuyo candidato presidencial ganó las elecciones con fuertes sospechas de fraude. Por lo tanto, la no declaración de desaparición de poderes, lo cual podría haber dado pie a la actuación de fuerzas políticas del centro del país para destituir al gobernador de Oaxaca, así como la ausencia de pronunciamientos del gobierno federal sobre la conveniencia de que éste dejara el cargo para lograr la estabilidad social en la entidad, parecieron el resultado de acuerdos tácitos entre esas agrupaciones políticas formales. De esa manera, el PRI conservaría a su gobernador en el puesto y el PAN aseguraría la ascensión formal a la presidencia de su candidato.
Las disputas y tensiones entre el centro y regiones han sido componente constitutivo de la hegemonía del régimen político mexicano posrevolucionario. La naturaleza de esas confrontaciones y desenlaces varía conforme a la configuración de fuerzas y poderes sociales en las que emergen. La APPO brotó como un resultado de acciones de solidaridad y descontento. Más allá de eso, su naturaleza debe ser explicada conforme a los nuevos ensambles de poderes, incluso con su manifestación global, en los que historias de exclusión y explotación se articularon para darle forma. Sobre esa base es factible entender su surgimiento y explicar su desarrollo.
La APPO siguió una senda distinta a movimientos sociales cooptados por estructuras corporativas, o vertebrados por vanguardias revolucionarias. Su trabajo patente de organización desde la base, llevándose a cabo discusiones y tomándose acuerdos al ras del suelo entre quienes la integraban, aunque muchas veces con infiltraciones de agitadores del gobierno, produjo la idea de un movimiento trasgresor que tomó y sitió una ciudad para impedir acciones que restablecieran el orden institucional. En esta situación, el despliegue del aparato judicial para perseguir a integrantes de la APPO y la participación de fuerzas federales para terminar con ese sitio conformaron una atmósfera desproporcionada de violencia que acarreó la muerte de 26 personas, cientos de heridos, desparecidos y presos políticos. El 25 de noviembre de 2006, una encarnizada persecución y encarcelamiento sin mediar las más mínimas garantías jurídicas contra participantes de la APPO tuvo lugar en la ciudad. Ese día, a juicio de Raúl Matías, una de las miles de personas que se integraron a la APPO desde particulares experiencias de vida, “se aprendieron a más de 300 gentes, no sólo activistas, sino también a ancianos, mujeres niños, pues como veían que el movimiento era pueblo, entonces la idea era chingar al pueblo”. Así, aquello que sucedió de manera más dramática ese día, ocurrió durante todo el conflicto. Un clima de abierta confrontación estigmatizó a los integrantes de la APPO y los redujo al papel de desestabilizadores, traidores a la patria-chica y criminales.
En este trabajo intentaré interpretar esa violencia que se aplicó al movimiento como parte de “formas endemoniadas de gobierno y mando” (Dean 2001: 43). De acuerdo a Dean, un estudioso de las democracias liberales avanzadas, el uso de esta metáfora ayuda a poner de relieve el problema de la política peligrosa y dañina que opera para neutralizar oposiciones a la autoridad. Este autor hace referencia al término de sociedades demoníacas con las cuales Michel Foucault caracterizó el doble juego de la administración de la vida y una forma de soberanía que despliega la ley y los derechos para limitar u ofrecer garantías, seguridad, y, particularmente, justificar las acciones de los programas biopolíticos y prácticas disciplinarias.
Se argumenta en este trabajo la existencia del empalamiento de soberanías y su relación con biopolíticas, referidas a determinadas facetas de la vida y la muerte, que dentro de la trayectoria del neoliberalismo en México son consideradas capaces de ser aplicadas a individuos y poblaciones para propiciar y mejorar formas de autogobierno que conduzcan a crear sujetos responsables y autónomos; en tanto que se regulan y limitan las políticas de personas y colectividades que son juzgadas actuando fuera de los marcos jurídicos legales y que refieren al fracaso de regímenes de gobierno por crear “buenos ciudadanos”, mostrando, por lo tanto, capacidad para hacer cosas diferentes que cuestionan la dominación como un producto histórico.
Además de esta introducción, el análisis se compone de tres partes. En la primera, trataremos de entender la articulación y rearticulación de soberanía, biopolíticas y ciudadanía en el contexto de la aplicación de las políticas neoliberales en México. Se tratará de hacer un acercamiento a los significados que tiene el neoliberalismo para elites y diversos sectores sociales. En este marco, la exploración en Oaxaca de la constitución de la ciudadanía vinculada a prácticas espaciales y regionales, con su definición cambiante de marginalidad y las luchas de diferentes personas desde diversos ángulos, puede ayudarnos al entendimiento de tales interrelaciones. En la segunda, vincularemos la emergencia de la APPO a la reorganización del autoritarismo en México. Se busca relacionar también a diferentes movimientos sociales que han sido caracterizados por la opinión pública e intelectuales como anti-institucionales con el ascenso renovado de formas de autoridad, respaldando la noción de política de Weber, que, sustentadas en nuevos ejercicios de soberanía y biopolíticas, despliegan categorizaciones y racionalidades para establecer lo apto y lo no apto, conforme a preceptos democráticos, pero que exhiben simultáneamente una fuerte carga racista y clasista contra enemigos políticos. Finalmente, en la última parte se aborda la recomposición de la soberanía. Se trata de observar la crisis y el cuestionamiento de valores cosmopolitas exhibidos por el neoliberalismo desde las experiencias políticas de explotación y exclusión ensambladas en torno a la APPO.
 
Soberanía, biopolíticas y ciudadanía en el neoliberalismo mexicano
 
Cualquiera que sea la interpretación sobre las ideas de Foucault en torno a la constitución de modos liberales de gobierno con Estados débiles y mayores libertades para los individuos, la perspectiva foucaultiana sugiere explorar los términos en que se reconfigura históricamente la soberanía y la biopolítica, así como los efectos sobre la formación de sujetos.[2] Ante estas dos dimensiones recurrentes del pensamiento de Foucault (1976, 1999, 2004), buscaremos entender qué significó la APPO en la reorganización del mando autoritario en el México neoliberal, por lo tanto no profundizaremos en la naturaleza misma del movimiento, sino en las condiciones que se generaron para su aparición y desarrollo.
Este trabajo toma como orientación teórica la perspectiva analítica que se ha venido constituyendo a partir del concepto de gubernamentalidad de Foucault (1999), una noción que refiere a dispositivos técnicos y conocimientos que ayudan a un entendimiento histórico de gobierno de las conductas, o al gobierno de las conductas de uno mismo en la modernidad. Por esa razón, un conjunto de autores, principalmente británicos, consideran importantes las ideas de Foucault para entender la naturaleza del liberalismo como forma de gobierno (Dean 1994, 2001, 2007; Gordon 1991; Miller y Rose 2008; Rose 2006), y particularmente ven al neoliberalismo como una tecnología de gubernamentalidad, para la formación de sujetos y subjetividades (Ong 2006). Consideramos también que tal perspectiva, que busca entender la manera en que se articulan biopolíticas y formas de soberanía, pudiera ser un medio importante para analizar procesos hegemónicos que se están constituyendo en nuestros días en la definición de un orden de poder globalizado, de ahí la importancia de las ideas de Antonio Gramsci, principalmente el concepto de hegemonía, tal como ha sido definida por el antropólogo William Roseberry (2002).
La emergencia de la APPO ocurrió en un momento cúspide del posautoritarismo, por lo menos tal como pudiera ser caracterizado por visiones académicas y políticas que han descrito la crisis y transformación del Estado posrevolucionario mexicano basado en una ideología nacionalista y populista. Su aparición ocurrió también en una etapa de desarrollo de tecnologías de gubernamentalidad, que, como plantea una analista de esas racionalidades, representa la infiltración de verdades y cálculos del mercado en el dominio de la política (Ong 2006: 4). Las transformaciones radicales contempladas para diferentes sectores productivos nacionales, con el afán de lograr su inserción competitiva en la economía global, ha sido parte de proyectos de elites políticas y económicas que han buscado la constitución no sólo de condiciones estructurales posibles para alcanzar ese fin, sino la formación de nuevas subjetividades que en los planos económicos desplieguen racionalidades competitivas para el mercado global. Además, se ha aspirado a constituir una ciudadanía, que esgrimiendo decisiones instrumentadas, seleccione de las múltiples opciones políticas aquellas cuyos intereses sean mejor representados en el espectro del dominio democrático de la sociedad civil.
Bajo esta racionalidad, la retórica de la transición democrática ha dado los alientos suficientes para crear un discurso público que define la naturaleza de la política, fuertemente sostenido en aquello que es ético o no, aquello que es permisible de lo que no, pero teniendo como referencia modelos de transiciones democráticas exitosos (por ejemplo, el español) en el panorama mundial y el cuestionamiento a modos de regulación y disciplina sostenidos en la ausencia de libertades individuales, debido al ejercicio de una soberanía nacional (definida por la fórmula: Estado, territorio y control de la población). En términos prácticos, el desmantelamiento del autoritarismo supuso poner distancia a formas de acción políticas verticales y centristas del viejo régimen, el combate a la pobreza a través de la paradójica definición de poblaciones marginales, la transparencia administrativa y rendición de cuentas y –la joya de la corona de los ejercicios plenos de la libertades individuales– la ciudadanización de órganos y actividades que eran conducidas por el “Estado” para hacer valer ahora la democracia en las elecciones periódicas.
La expresión espacial de la gubernamentalidad neoliberal pudiera, para el caso de Oaxaca, revelar las múltiples escalas en las cuales no sólo las soberanías, las biopolíticas y la constitución de sujetos demuestran su articulación y rearticulación en maneras diversas para juzgar simultáneamente tanto las perversiones de la política como las maneras en que los oaxaqueños entienden el mundo y poseen sus propias historias en relación con poderes soberanos. Estudios realizados sobre el surgimiento de organizaciones civiles datan sus comienzos a finales de los sesenta o en la década de 1970 (Dalton 2007; Hernández-Díaz 2001). Las fechas se relacionan a la crisis del Estado autoritario mexicano. Más adelante, con los ajustes estructurales impuestos por las agencias de financiamiento multilateral, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), el incremento de organismos asociados al terreno de la “sociedad civil” es considerable. Para 1990, Hernández-Díaz (2001: 56) reporta 1.839 organizaciones de diferentes tipos, muchas creadas por poco tiempo para aprovechar los fondos de los programas públicos impulsados en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Por su parte, Dalton (2007: 71) refiere la existencia de un directorio de “organismos civiles” para la entidad de Oaxaca que incluye a 209 organizaciones. Los ajustes estructurales, importantes para liberar las fuerzas del mercado, llevados a cabo con el fin de paliar las crisis económicas y fiscales de un Estado endeudado fueron acompañados por un discurso global de la “buena gobernanza”, que tuvo también en el FMI y el BM sus principales promotores. En Oaxaca, como en diferentes lugares del Tercer Mundo, cada organismo planeaba la puesta en práctica de proyectos tendientes a resolver problemas inmediatos (facetas propias de las biopolíticas), asociados a las demandas para cubrir y mejorar infraestructura de agua potable y drenaje, problemas de salud, cuestiones ecológicas y revitalización de culturas autóctonas, entre otros. Sobre esa base, la transformación del Estado autoritario parecía lograrse a través de procesos dentro de los cuales prácticas autogestivas se desplegaban en ámbitos locales, surgiendo una sociedad civil más fuerte y un Estado más “débil”. Tales procesos que erosionaron la soberanía del Estado posrevolucionario fueron también reforzados con la democratización de la esfera pública, básicamente a través de elecciones, como indicamos arriba, normadas y vigiladas por instituciones aparentemente ciudadanas.
Sin embargo, la formación en los últimos 40 años de organizaciones sociales en Oaxaca ofrece la idea de una política más compleja que la visión de la constitución de una sociedad civil fuerte como espacio para el ejercicio de la democracia liberal. En efecto, parecería que se observan procesos organizativos fuera del Estado, no sólo en términos de organizaciones que buscan desligarse de sectores corporativos nacionales, sino de aquellas con sus propias historias ligadas a oposiciones contra políticas centristas del régimen, incluso muchas de ellas con variadas ideologías de izquierda (Dalton 2007: 71-72). De hecho, igualmente aparecen numerosas ONGs y también organizaciones impulsadas por la iglesia y su pastoral, y en algunos casos se habla de la influencia particular de la teología de la liberación (Dalton 2007: 72). Asimismo, diversos organismos, como el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, constituyen alianzas estratégicas de carácter transnacional que le confieren una fortaleza inusitada, pues si bien sus integrantes se encuentran envueltos en mercados laborales globales (muchos de ellos yendo a laborar a los Estados Unidos de América) y por ende objeto de políticas racistas y de clase, sus mecanismos de defensa implican vínculos con agencias de financiamiento y con intelectuales que otorgan a esta clase de movimientos sociales un carácter también globalizado para la defensa de sus miembros y el ejercicio de la política en las comunidades oaxaqueñas (Hernández-Díaz 2001: 272).
Las experiencias organizativas que abordan Dalton y Hernández-Díaz son importantes por dar en el centro de un rasgo constitutivo de la gubernamentalidad neoliberal (aunque esos autores no hacen referencia a esa forma histórica de control de las conductas). La noción de Estado que aparece en el discurso público es la de una estructura desmantelándose y separada de una vigorizada sociedad civil. Dentro de esa imagen –en sí misma un poderoso efecto del estado (Mitchell 2006: 181)–, la política se reorganiza y los reclamos sociales parecen aglutinados en términos de la llamada, en otras partes, “tercera vía” (Gledhill 2005: 382-383; Ong 2006: 14), que compuesta de asociaciones y organismos voluntarios trata de alcanzar un desarrollo alternativo a la racionalidad universal del Estado-nación. En este sentido, la soberanía estatal parecería en entredicho. Un nueva ciudadanía, diversa y plural, estaría constituyéndose en el marco de la gubernamentalidad neoliberal. Es decir, los cambios generados por políticas transnacionales condicionarían fundamentalmente la naturaleza de las estructuras y sujetos que surgieran. En efecto, poderes globales operaron seriamente para liberar en el marco nacional las fuerzas del mercado y dictando, al mismo tiempo, políticas macro-económicas estratégicas para la reducción del gasto público. No obstante, lejos de la destrucción del Estado, su efecto fue proporcionar la necesidad de una sociedad fuerte y separada con el objeto de crear seres más autónomos y autosuficientes. El Estado en vez de eclipsarse, coexistió con esos poderes transnacionales.
En suma, los casos expuestos por Hernández.-Díaz y Dalton proporcionan elementos para destacar la creación de nuevas subjetividades, movimientos y organizaciones, muchas de ellas étnicas, que hicieron sus propias apropiaciones de las oportunidades que se abrieron en esta fase de gubernamentalidad neoliberal. Sin embargo, lejos de constituir una sociedad civil como contenedora de las demandas y luchas ciudadanas, las acciones colectivas en Oaxaca revelaron la existencia de problemas, conflictos y necesidades profundas, muchas de ellas producto de las oposiciones (espaciales) entre centros y regiones, desplegando desafíos propios de políticas y contra-políticas de explotación y exclusión.
 
La reconstitución del autoritarismo y la protesta social: ir contra los malos ciudadanos
 
La elecciones de 2006, donde se elegiría un nuevo presidente de la república y se renovaría las cámaras de diputados y senadores, amén de elecciones en otras entidades, parecieron brindar el contexto ideal para dar una muestra de las capacidades democráticas alcanzadas por la sociedad gobernándose a sí misma y la emergencia de una ciudadanía capaz de ejercer plenamente su derechos de elegir libremente a sus representantes.[3] No obstante, el caso de la emergencia de la APPO y el movimiento surgido por los resultados electorales, agrupado en la Convención Nacional Democrática (CND), vino a significar un rumbo totalmente diferente que podía adquirir la forma de hacer política en México y la búsqueda de la cristalización de proyectos políticos más allá de la democracia formal.
La aparición de la APPO fue particularmente significativa; abrió una coyuntura para mostrar los visos de un autoritarismo político regional (Martínez Vázquez 2007) y la entera manifestación de una reelaborada soberanía nacional para administrar sentidos de justicia a través de juzgar no sólo aquellos que pudieran ser ciudadanos responsables de quienes no, sino para la identificación de sujetos peligrosos por sus conductas y discursos anti-institucionales, muchas veces denominados despectivamente en términos clasistas y racistas (Gómez Carpinteiro 2007: 61). Ante esta racionalidad política, el surgimiento de la APPO cimbró esos ensambles articulados en la gubernamentalidad neoliberal. De hecho, la pretendida derrota del movimiento –con la criminalización y persecución de sus participantes– y el acotamiento de sus acciones representó paradójicamente una verdadera victoria política al desnudar la naturaleza de poder dominante en México y mostró las posibilidades ricas y diversas de las acciones colectivas de articular demandas relacionadas a estructuras históricas de desigualdad.
La APPO fue una respuesta a una reconstitución del autoritarismo regional, que en su proceso afectó no sólo a grupos subordinados sino también a elites regionales (Martínez Vásquez 2007). Una serie de desagravios se fueron acumulando. La remodelación de la plaza cívica de la ciudad de Oaxaca, el cambio de sedes de los poderes, los actos de corrupción de diferente tipo y particularmente en la asignación de obra pública, así como la persecución a líderes y organizaciones opositoras vinieron a pavimentar el camino que desembocó en la protesta de los profesores por la re-zonificación en el pago de salarios. Ante estas medidas autoritarias que tuvieron corolario con la represión sufrida por los maestros el 14 de junio del 2006, la aparición de la APPO corrió paralela a la entronización del concepto weberiano de política como la amenaza física de la fuerza por diversas razones.[4] Entonces, en el verano de ese año, la APPO ofreció los motivos suficientes para ser perseguida, prácticamente bajo la consigna de considerar criminales a sus integrantes.
La guerra de baja intensidad a la que están sometidas las bases sociales del EZLN en Chiapas y la fuerte represión sufrida por el movimiento de campesinos de San Salvador Atenco –unos meses antes de las elecciones de 2006–, opuestos a la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en sus tierras y de activistas que los apoyaban por parte de fuerzas policíacas, ofrecieron un antecedente tenebroso sobre la suerte factible que experimentarían las protestas sociales en México. La Convención Nacional Democrática (CND), surgida en la coyuntura poselectoral, fue objeto de estigmatizaciones y sus integrantes caracterizados como seguidores irracionales de un así calificado líder populista y peligroso (Andrés Manuel López Obrador), debido al cuestionamiento que él hiciera de las instituciones que habían conducido y sancionado el proceso electoral, así como por plantear durante su campaña la necesidad de aplicar programas de desarrollo social muy similares a los de los Estados de bienestar. Un asunto claro en el despliegue de la violencia física y simbólica ha sido la constitución de discursos públicos sustentados en la deslegitimación de esa propuesta a través de denominaciones que caracterizan a los inconformes como violentos, antiinstitucionales o antidemocráticos. La construcción y reproducción de estas categorizaciones ocurrió en el espacio público construido fuertemente por los medios de comunicación y fueron éstas sustentadas por una retórica y narrativa de periodistas, comunicólogos, académicos e intelectuales que manifestaron fuertemente su desprecio por entender la génesis y las motivaciones de participantes y activistas en las diferentes protestas (Bautista 2008: 37-38; Gómez Carpinteiro 2007: 61-62).
Rose (2006: 150) sostiene que la imagen de un buen sujeto de gobierno es la de quien asume de manera voluntaria obligaciones de individuos libres, quienes no requieren ser gobernados por otros, sino gobernados por ellos mismos y conduciéndose con responsabilidad. Por esa razón, en el contexto de los liberalismos avanzados es destacable la creación de una gramática común, constituida principalmente a través de los medios de comunicación con sus pedagogías, documentales, telenovelas (soap opera), encuestas de opinión para crear vínculos recíprocos entre autoridades y personas, y que redundan en regulación de estilos de vida y consumo de criaturas de libertad que despliegan “actos de selección” dentro de dominios “micro-morales” (familias, organizaciones de trabajo, asociaciones para el ocio, vecindarios) (Rose 2006: 158). En otros términos, bajo estas tecnologías se crean sujetos de gobierno en nuevas maneras, puesto que esas tecnologías instalan y apoyan el proyecto civilizatorio para formar y gobernar las capacidades, competencias y voluntades de sujetos que, sin embargo, aparecen fuera del control de los “poderes públicos”.
En su exploración de las sociedades contemporáneas gobernándose a sí mismas, Dean (2007: 14) encuentra que en el mundo liberal democrático su seguridad se logra por el ejercicio de rudeza y violencia. Pero no sólo encontramos como objeto de castigo, dentro de lo que determina la ley, a criminales y prisioneros, sino a un conjunto de sujetos excluidos –inmigrantes ilegales, refugiados, jóvenes desempleados– entre los que aparecen también individuos que muestran comportamientos antisociales, lo cual podría corresponder a adversarios políticos. Tal interés por las conductas individuales y su criminalización, cuando no se actúa con responsabilidad hacia la sociedad, refiere a la reformación del carácter del gobierno del sí, o del auto-gobierno, en la búsqueda de la remoralización de la persona como prudente, auto-responsable, que racionalmente planea su vida y acata las obligaciones relacionadas a soberanías de vigilancia y escrutinio más intrusivas (Dean 2007: 4-6). Lo terrible de todo esto estriba que en la retórica de la democracia y derechos humanos, discursos para autorizar formas de guerra justa son cada vez más frecuentes no únicamente para sustentar expansiones neo-imperiales, que corresponden a gubernamentalidades transnacionales, sino se inscriben en las actividades rutinarias y mundanas de un gobierno nacional a través de tecnologías o programas que buscan la definición de comportamientos específicos.
La definición de ciudadanía en el México neoliberal ha estado atada a crear un sujeto que finque su autonomía en el pleno ejercicio de sus derechos, diluyendo los amarres que han ligado a las personas a modos de mando de un Estado autoritario. En esta dirección, las biopolíticas implican despliegues de discursos y tecnologías para hacer efectiva tal separación de la sociedad de la política. Por eso, muchas de las actividades que pudieran estar contenidas en la frase las sociedades “gobernándose a sí mismas” se hacen efectivas a través de organismos o agencias que son llamadas la “sociedad civil”; o bien esa expresión refiere a las acciones del gobierno que se realizan acordes a las regulaciones de agencias internacionales. En torno a estos programas, un aspecto importante es “gobernar la acción política” para producir ciclos de elecciones regulares y otras actividades civilizadas para asegurar que las poblaciones no interfieran en las actividades propias de gobernar, en la medida en que las personas integran las poblaciones generales y ellas son gobernadas por sí mismas (Dean 2007: 8).
La APPO mostró señales contrarias a esta despolitización. La prescripción de una normalidad política y democrática fue objeto de un cuestionamiento por parte de la revuelta oaxaqueña. Si bien el concepto de Weber de política como amenaza del uso de la fuerza se hizo efectivo contra el “pueblo” que integró el movimiento y quedó, por lo tanto, fuera de la definición de esa normalidad democrática, el movimiento vislumbró horizontes políticos más complejos. La gente de Oaxaca demostró que tenía sus propios entendimientos de la política neoliberal, así como sus historias, trayectorias y dilemas en relación con procesos de explotación y exclusión.
 
 
Un rasgo central de la APPO es su carácter de constituir una comunidad política bajo la existencia de una base social bastante heterogénea. ¿Qué fue lo que aglutinó esa heterogeneidad? ¿Cómo un sentido de lucha colectiva emergió con la proporción que alcanzó en los marcos de una democracia liberal apuntalada por prácticas políticas sostenidas en la individualidad y representación partidista? ¿Cómo se concibió esta comunidad en torno a oposiciones sociales que incluyeron entendimientos diferentes sobre la democracia y la justicia?
La APPO surgió a raíz de la represión que sufrieron los maestros por parte de fuerzas policiales y para-policiales mandadas por el gobierno oaxaqueño y el federal. Su aparición se dio en el contexto de las elecciones y, por lo tanto, en un tiempo clave del ciclo democrático. Como una respuesta al autoritarismo, el nacimiento de la APPO es interesante desde el punto de vista de la perspectiva de las luchas colectivas contemporáneas. Las aspiraciones democráticas liberales exhibieron la fuerza y violencia que acompañan sus políticas y sustentaron que diversos sectores se sumaran y apoyaran solidariamente la lucha de los maestros incorporando a la vez sus propias demandas y deseos políticos. Como se señaló, numerosas organizaciones participaron en el surgimiento de la APPO, incluida la sección XXII del magisterio y otros gremios, además de colonos, barrios, pueblos, ejidos, jóvenes desempleados, universitarios, limpiaparabrisas y otros sujetos marginados. El primer planteamiento que estableció la APPO fue la renuncia del gobernador y luego sus trabajos se encaminaron al diseño de una política más compleja e inclusiva en la búsqueda de nuevas formas de participación democrática.
A pesar de esa heterogeneidad, un rasgo sobresaliente de la APPO fue el sentido de comunidad política que adquirió en la coyuntura. La apelación a una tradición organizativa de pueblos indígenas oaxaqueños de gobernarse a sí mismos a través de asambleas públicas fue un elemento sobresaliente del movimiento. Al trabajar como constituyentes de una gran asamblea, sus integrantes mandaron un mensaje político inequívoco en torno a sus aspiraciones colectivas inmediatas y a largo plazo de trabajar bajo relaciones horizontales y con un fuerte sentido opositor por su carácter antiestatista.
Participantes con los que conversamos denotaron que aunque el movimiento surgió coyunturalmente poco tuvo de espontáneo. Uno de ellos, periodista y activista, reconoció que muchas de las organizaciones que lo constituyeron tienen tras de sí una historia tormentosa y conflictiva contra el Estado; otro representante de una organización para defensa de indígenas señaló que algunas de ellas provienen de regiones tradicionalmente anti-estatales; en tanto que otros participantes, como indicó una joven universitaria que fue delegada de una de las barricadas más representativas de la ciudad, eran “chavos bien resentidos contra la represión y que siempre habían sido perseguidos por sus ideas, era gente muy deslindante con el Estado, tenían menos ilusiones con respecto al Estado”.
Las historias que han experimentado diferentes actores en el paisaje oaxaqueño con respecto a la creación de organizaciones ilustran grosso modo los intentos por crear subjetividades dependientes o separadas del Estado. Por un lado, captamos un proceso de identificación que representa el aspecto nodal que define la gubernamentalidad en el Estado moderno. Por otro, experiencias fuera del Estado, a través de organismos civiles y ONGs proporcionan campos de acción política en la constitución, en apariencia, de una ciudadanía menos dependiente. Bajo visiones hegemónicas de desarrollo, las poblaciones han sido esencializadas según su atraso, y por lo tanto sujetas a políticas de inclusión o exclusión. Modos de gobierno relacionados más a instituciones formales del Estado no han tenido desde siempre fuerte presencia en espacios localizados, sin embargo su engarzamiento con soberanías locales, constituidas por las acciones de hombres fuertes, por ejemplo, al general Heliodoro Charis en el Istmo (Hernández-Díaz 2001: 61-62; Rubin 2003: 151-152), hizo crear efectivas formas de gobierno a distancia, por medio de los cuales liderazgos, caciquismos o intermediarismos políticos fueron un enlace provechoso para sustentar imágenes verticales y espacialmente integrales del Estado nacional posrevolucionario.
En ese mismo sentido, los gobiernos locales por “usos y costumbres” favorecieron la constitución de modos de regulación y disciplina que estuvieron de igual manera integrados a estructuras verticales de poderes más globales. Dentro de la operación de estos órdenes locales, la creación de una ciudadanía posrevolucionaria no sólo estuvo anclada a la constitución de un discurso basado en el mestizaje cultural, sino también a la reproducción espacial de estructuras de desigualdad que operaron regionalmente para organizar el control de recursos y trabajo a través del sustento por parte de categorías sociales, muchas veces basadas en principios raciales: indios vs. mestizos. La crisis del régimen autoritario que emergió en la posrevolución implicó una reorganización de soberanías locales y regionales en diversos sentidos. Pero si la creación de organizaciones para el control directo de recursos para satisfacer demandas inmediatas pudieron reforzar el control de elites locales, en otros casos implicaron la oportunidad para transformar relaciones de subordinación y reforzar la presencia de una comunidad, grupo o sector local en el marco más amplio de poderes regionales y globales.
La construcción del mando posrevolucionario demandó entonces soberanías locales, fuertes y suficientemente flexibles para que figuras políticas fungieran como efectivos intermediarios entre el centro y la periferia. Del mismo modo, las transformaciones neoliberales del Estado, la “gubernamentalización de la sociedad”, llevadas a cabo en los últimos 30 años, requirieron de esas mismas soberanías para encontrar relativos éxitos. Al final, el trabajo de gobierno a través de la sociedad y los propios individuos representó ambiguos o cambiantes resultados. No significó simplemente que los sujetos se “empoderaran”, dentro de un idioma que ponderó las capacidades individuales y fomentó la distancia con las estructuras del Estado que corporativizaban y cooptaban, sino abrió posibilidades para desarrollar formas de conciencia social dentro de los cuales el mundo fue comprendido.
Las emergentes políticas neoliberales en México desplegadas en lo que puede llamarse sólo por la intención política de las elites dominantes tiempos posautoritarios, con acento en la aplicación de biopolíticas más cercanas a cálculos del mercado y encaminadas a crear sujetos responsables de sí mismos, privilegian el abrazo de valores cosmopolitas centrados en el individualismo, la universalidad y la generalidad (Ong 2006: 18). Por supuesto, debido a su carga, occidental, esos valores han sido tratados con escepticismo por diferentes poblaciones coloniales y poscoloniales en otras partes del mundo, en Oaxaca son un buen punto de entrada para comprender cómo la ciudadanía, arraigada a distintos efectos de prácticas del Estado, encontró el enlazamiento de diferentes soberanías. Ámbitos locales, anclados en los valores propios de sus concepciones del mundo, encontraron condiciones propicias para revitalizar formas de mando basadas en sus propias éticas (incluyendo fuertemente tradiciones colectivas de ayuda mutua), además miraron en organizaciones civiles y no gubernamentales medios oportunos de representación en contextos frecuentes de disputas, conflictos y desigualdades. Como indica Ong (2006: 7), con esta técnica de gubernamentalidad hay el empalme de diferentes soberanías, lo cual resulta en múltiples y frecuentemente contradictorias estrategias que moldean variados reclamos y producen contingentes resultados. Bajo esta lógica, el neoliberalismo con sus propias éticas de autogobierno se articuló con otros regímenes éticos con el resultado de variantes interpretaciones sobre lo bueno o lo malo, lo injusto y lo justo del mundo globalizado. Por lo tanto, cuando la APPO emergió, pareció producto de la identificación y articulación de problemas y reclamos morales, en una política que incluyó más que excluyó, contraria a la ética del neoliberalismo, a sujetos diversos.
La noción de democracia ha sido central en la constitución de la gubernamentalidad en esta era de poderes globalizados, pero sus significados han constituido un campo de disputa. Tal cuestión podría entenderse mejor si se ve en términos de un proceso hegemónico que ha construido un marco común material y discursivo dentro del cual se han experimentado y han sido confrontadas las políticas neoliberales (Roseberry 2002: 220). La lógica de exclusión seguida por visiones dominantes de concebir la democracia que enmarca las acciones de ciudadanos más responsables, equiparando su naturaleza a la del mercado, ha necesitado no sólo de la construcción de un consenso sino la puesta en práctica de la política como uso de fuerza contra enemigos y personas actuando fuera de las instituciones. La APPO representa un movimiento que ha partido de identificar, en primera instancia, los rasgos más perversos de esa política autoritaria y buscado, en un segundo momento, la construcción de una noción propia de democracia más crítica de los valores cosmopolitas –sobre todo los sostenidos en la individualidad– anclada en buena medida en la constitución de un sentimiento de comunidad que se constituye por las historias pasadas y recientes que se materializa en memorias, tradiciones y esperanzas de sectores explotados y excluidos. De hecho, esto explica el fuerte carácter opositor del movimiento que, pese a su heterogeneidad y contradicciones internas, se aglutina en nociones con fuertes contenidos morales que potencialmente incluyen los reclamos y las demandas de variados sectores para ser resueltos dentro de modos de gobierno no autoritarios ni basados en premisas individualistas.
Cuando las fuerzas policiales convirtieron en objeto de violencia a todo tipo de personas que tuviera cualquier relación con la APPO, ciertamente las guió la idea de que había que arrasar parejo con el “pueblo” en aquellos álgidos días del otoño del 2006. La confrontación abierta contra enemigos políticos reveló el carácter demoníaco de las políticas neoliberales y de las elites que las abrazaban y siguen abrazando. Contra esas formas revitalizadas de autoritarismo, la APPO no sólo evidenció el carácter violento del régimen de gobierno, sino también las posibilidades de imaginación de una comunidad política alternativa más inclusiva, por ser más democrática. Faltaría ver cómo eso es posible desde sus propias problemáticas internas, y aspirar analíticamente a reconocer fuentes de contradicciones e impulsos dentro de un movimiento variado, pero permeado por un carácter de clase.
 
Bibliografía
 
Bautista Martínez, Eduardo (2008)            Oaxaca: la construcción mediática del vandalismo y la normalidad, El Cotidiano (148): 37-44.
Bourdieu, Pierre (1999) La Miseria del mundo, Akal Ediciones, Madrid, pp. 527-543.
Crehan, Kate (2002) Gramsci, cultura y antropología. Barcelona: Ediciones Bellaterra.
Dalton, Margarita (2007) Los organismos civiles en Oaxaca y el movimiento ciudadano: causas y consecuencias, Cuadernos del Sur, 11 (24/25): 63-79.
Dean, Mitchel (1994) Critical and effective histories. Foucault´s methods and historical sociology. Londres y Nueva York: Routledge.
            (2001) “Demonic Societies”. Liberalism, Biopolitics and Sovereignty, en Ethnographic Explorations of the postcolonial State, editado por Thomas Blom  Finn Stepputat. Durham y Londres: Duke University Press. National
            (2007) Governing Societies: Political perspectives on domestic an international rule. Inglaterra: Mc Graw Hill. Open University Press.
De la Peña, Guillermo (1986) Poder local, poder regional: perspectivas socio-antropológicas. En Poder local, poder regional, editado por Jorge Papua y Alain Vanneph. México: El Colegio de México, CEMCA.
Esteva, Gustavo (2007) La otra campaña, la Appo y la izquierda: reivindicar una alternativa, Cuadernos del Sur, 11 (24/25): 7-37.
Foucault, Michel (1976)            Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión, México: Siglo XXI editores.
            (1992) Microfísica del poder. Las ediciones de la piqueta: Madrid.
            (1999) “La gubernamentalidad”, en Estética, ética y hermenéutica. Obras esenciales, Volumen             III. Barcelona: Paidós.
            (2004) Historia de la sexualidad. 1. La voluntad del saber. México: Siglo XXI.
            (2008) Tecnologías del yo y otros textos afines. Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós/I.C.E.-U.A.B.
Gledhill, John (2005) “Disappearing the Poor?” A critique of the New Wisdoms of Social Democracy in an Age of Globalization, en The Anthropology of Developmen and Globalization. From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism, editado por Marc Edelman y Angelique. Malden, MA, Oxford y Carton, Victoria, Australia: Blackwell Publishing.
Gómez Carpinteiro (2007) La prosa de los “fufurufos”. Renegados y oaxaqueños en el México poselectoral, Bajo el volcán (11): 61-82.
Gordon, Colin (1991) Governmental Rationality: An Introduction, en The Foucault Effect. Studies in Governmentality, editado por Graham Burchell, Colin Gordon y Peter            Miller. Estados Unidos de América: The University of Chicago Press. 
Hernández-Díaz, Jorge (2001) Reclamos de la identidad: la formación de las organizaciones indígenas en Oaxaca. México: Universidad Autónoma Benito Juárez y Miguel Ángel Porrúa.
Lemke, Thomas (2006) “Marx sin comillas”: Foucault, la gubernamentalidad y la crítica del neoliberalismo, en Marx y Foucault, editado por T. Lemke, G. Le Blanc, W.            Montag, B. Jessop, M.E. Giaconelli. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
Martínez Vásquez, Víctor Raúl (2007) Autoritarismo, movimiento popular y crisis política: Oaxaca 2006. México: Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Instituto de Investigaciones Sociológicas, Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, A.C., Servicios para la Educación Alternativa (EDUCA) y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C.
Miller, Peter y Nikolas Rose (2008)  Governing the Present. Administering Economic, Social and Personal Life. Cambridge, Malden, MA: Polity Press.
Mitchell, Timothy (2006)            Society, Economy and the State Effect, en The Anthropology of theState. A reader, editado por Aradhana Sharma y Akhil Gupta, Malden, MA, Oxford, Victoria. Blackwell Publishing: Australia.
Ong, Aihwa (2006) Neoliberalism as Exception. Mutations in Citizenship and Sovereignty. Durham y Londres: Duke University Press.
Rose, Nikolas (2006), “Governing ‘Advanced’ Liberal Democracies, en The Anthropology of the State. A reader, editado por Aradhana Sharma y Akhil Gupta, Malden, MA, Oxford, Victoria. Blackwell Publishing: Australia.
Roseberry, William (2002) “Hegemonía y Lenguaje Contencioso”, en Aspectos Cotidianos de la Formación del Estado. La Revolución y la negociación del mando en el México moderno, compilado por Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent.             México: Ediciones Era.
Rubin, Jeffrey W. (2003) “Descentrando el régimen: cultura y política regional en México en Relaciones, 96: 127-180.
 

Enviado por el autor para su publicación en Herramienta.

[1] En la historia moderna del régimen político mexicano se considera al cacique como un intermediario político entre un pueblo o comunidad y el Estado, como entidad central. Se concibe entonces como una autoridad local; la cual recrea un tipo de dominación que describe la debilidad estatal y la necesidad de mediación en “localidades o regiones poco integradas al Estado nacional y a la economía capitalista moderna” (De la Peña 1986: 31).
[2] Foucault (2008: 98) planteó la exploración del desarrollo de técnicas de poder orientadas a los individuos y con el fin de de gobernarlos de manera continua y permanente. “Si el Estado es la forma política de un poder centralizado y centralizador, llamemos pastorado al poder individualizador”.
[3] Sociedad gobernándose a sí misma es una traducción propia de la frase “governing societies” formulada por Dean (2007: 1).
[4] Bautista Martínez (2008: 42) indica que “la estrategia mediática que se siguió se vinculó con las nuevas políticas de seguridad nacional [combate al narcotráfico], para generar las condiciones demandadas por las políticas del mercado”.