Las paradojas del proceso constituyente boliviano.

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Autor(es): Regalsky, Pablo

En este artículo analizo los procesos sociales que dan significado al texto de la nueva constitución boliviana aprobada por la Asamblea Constituyente en Oruro en diciembre de 2007 y que luego es sustancialmente modificado en el Parlamento en octubre de 2008. Dicho texto contiene una serie de principios legales que le dan carácter de programa democrático revolucionario que no deben ser analizados en abstracto. Mi argumento es que más allá de las definiciones que contiene el texto y que reflejan la fuerza adquirida por los movimientos indígenas, las nuevas dinámicas que inaugura el actual gobierno le dan a dichas definiciones un carácter paradojal e inesperado. Asimismo diferencio entre la dinámica del proceso hacia la autonomía territorial protagonizado por los pueblos indígenas y las actuales políticas nacionalistas del gobierno de Evo Morales, entendiendo que existe un clivaje importante entre ambos procesos. 

Mientras el nuevo texto de la Constitución Política del Estado que será sujeto a referendum en enero de 2009 declarativamente plantea un avance excepcional en los derechos a la autodeterminación y autonomía en el artículo 2°, por otro lado refuerza las garantías a la propiedad privada existentes en la anterior constitución, legalizando el acaparamiento de tierras “empresariales” (art.315). Proclama que Bolivia se transforma en un Estado Plurinacional, su artículo 7 declara que la soberanía reside en el pueblo y el capítulo de organización territorial del Estado reconoce varios niveles de autonomía: departamental, regional, municipal e indígena. Argumento que el texto tiene un contenido ecléctico como resultado del carácter de árbitro que intenta asumir el actual gobierno, procurando equilibrios precarios entre procesos divergentes en curso dentro de la sociedad boliviana, de los cuales destacamos y analizamos tres. El primer proceso se refiere a la movilización social que explota con la Guerra del Agua del 2000, se generaliza con el derrocamiento de Gonzalo Sanchez de Lozada en octubre de 2003 y culmina en mayo de 2005 con la renuncia del presidente Carlos Mesa. Este proceso tiene su expresión política en el llamado “Pacto de Unidad de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas” formado en 2004 [1] intermediarios tradicionales, como los vecinos de los pueblos de provincia.

Al contrario de la visión generalizada que supone la existencia en el país de una contradicción polarizada en dos fuerzas, una popular representada por el gobierno del MAS, y la otra oligárquica, representada por los gobiernos departamentales que conforman la denominada “media luna”, entiendo la dinámica actual de la sociedad como cruzada por complejas tensiones y mediaciones que, si bien en un momento dado tienden a la aglomeración en grandes frentes sociales, sin embargo en rápida sucesión, estos dan paso a una aguda fragmentación en los movimientos sociales. El actual ciclo inaugurado con la subida del MAS al gobierno en enero de 2006 se caracteriza por la fragmentación y desmovilización social, en paralelo a una franca recuperación y relegitimación de parte de las instituciones del Estado-nación con respecto a la aguda crisis que afectó a este último en 2003. La crisis de estado refleja el hecho de que la coalición social de estado conformada por las clases propietarias y los sectores dominantes, que constituía un bloque estable entre 1985 y 2000, actualmente está fragmentado y no logra definir un programa hegemónico común que le permita reconstituirse, tal como lo fue en su momento el programa neoliberal. La actual situación se puede sintetizar en que existe fragmentación social tanto en los escalones subordinados como en los escalones dominantes de la sociedad en una situación de ingobernabilidad. El gobierno del MAS intenta resolver esta situación proponiéndose la reconstrucción del Estado-nación en un momento en que la mecánica electoral y la crisis internacional le crean un marco extraordinariamente favorable.
En el trasfondo de ese conjunto de tensiones y alimentando la crisis del Estado-nación se destaca aquello que la corriente sistema-mundo (world-system) denomina un ciclo de declinación civilizatoria, declinación hegemónica que en diversos trabajos ha sido estudiada en sus facetas políticas y/o económicas[2]. Ese trasfondo de declinación hegemónica civilizatoria global del capitalismo occidental en particular hace que, pese a las grandes semejanzas formales con el período pos-revolución de 1952, el actual período de recomposición del Estado bajo las políticas nacionalistas del MAS tenga no solamente expresión en un discurso que difiere relativamente del nacionalismo revolucionario, sino que este gobierno esté marcado por una dinámica completamente diferente a la del nacionalismo post ´52. Las fuerzas sociales que se desarrollan tras el actual escenario tienen una composición en su desarrollo relativo en una relación de fuerzas tal que dará lugar a un desenlace del cual se puede prever que poco tendrá en común con el de la revolución del ‘52. Aún así es posible apreciar ciertas políticas que tienen una apariencia similar a las del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), como la creciente tendencia del gobierno a apoyarse en el aparato militar y promover una alianza militar campesina para su sustento, que posibilita la re-construcción del Estado en medio de una profunda cooptación y burocratización entre la dirigencia campesina indígena y sectores urbano populares.
 
La disputa del control sobre el territorio
 
El Estado boliviano perdió en buena medida el control social sobre el espacio rural (y el monopolio del ejercicio de la violencia) en el Occidente andino del país a partir de 1979 como consecuencia de la ruptura del Pacto Militar Campesino (PMC).
Después de la revolución de abril de 1952, el indio había desaparecido del vocabulario estatal y en su lugar el Estado reclasificaba a la población bajo denominaciones de clase con fines de control social para la construcción de un imaginario de nación boliviana. Se generalizaban formas de socialización y disciplinamiento con la extensión masiva de la escolarización y el servicio militar. Sin embargo, se produjo un fenómeno paradójico y que retrotrae, de alguna manera, a la historia colonial. La desaparición de la figura autoritaria de los hacendados debida a la reforma agraria de 1953 permite la reaparición gradual de gobiernos indirectos comunales indígenas, esta vez bajo nuevas denominaciones sindicales comunitarias-campesinas. En el caso de las comunidades libres altiplánicas, este proceso tendió posteriormente a realizarse bajo la figura de reconstitución del ayllu. En un principio, sin embargo, no era posible visibilizarlos porque estaban todavía encubiertos por las políticas corporativas ejercidas tanto desde el gobierno civil movimientista[3] como por los posteriores gobiernos militares [4] en 1979 significa el primer desafío abierto de carácter nacional a la autoridad territorial del Estado. El fortalecimiento de las fronteras étnicas juega un papel fundamental como expresión de la politización de las identidades y de la diferencia cultural (Smith, 1986), donde la recuperación de las nociones de pueblos indígenas y naciones originarias es creciente. La politización de la diferencia cultural no es un campo autónomo que en sí mismo explique la reproducción de estos gobiernos locales ni el creciente rol que desempeñan las redes dentro de las cuales se federan[5] y que pasan a ejercer autoridad territorial en competencia con los órganos jurisdiccionales del Estado. La politización de la diferencia cultural, la etnificación, se puede entender por el hecho de que los gobiernos comunales –incluso cuando sus dirigentes estaban sometidos al PMC- ejercen jurisdicción efectiva sobre el acceso a la tierra y el agua bajo normas comunales que contradicen el código civil. Esos gobiernos comunales ejercen control efectivo sobre recursos naturales que son la condición de existencia y de la vida cotidiana de las unidades productivas familiares campesinas. El imaginario de nación que promueve el Estado empieza a ser cuestionado por el hecho de que esas comunidades comienzan un proceso de etnificación y recomposición de sus espacios de poder locales como parte de movimientos que adquieren carácter nacional y de clase, como es el caso de la CSTUCB y las Federaciones campesinas afiliadas a la misma. En el fondo de este proceso de etnificación subyace el principio de control comunal de acceso a los recursos (the commons). Por su parte, la aplicación del ajuste estructural neoliberal desde 1985 y su política de privatización, que suponía desconocer los derechos comunales de acceso a los recursos naturales preexistentes, y la elevación del principio de propiedad privada, de apropiación privada de los recursos a un principio absoluto, rompe lo poco que quedaba del “pacto colonial” entre el Estado y las comunidades indígenas campesinas. Con ello la política de acumulación por desposesión resquebraja aún más el control hegemónico que pretendía ejercer el Estado sobre la población campesina e indígena a título de representación de la “nación” y como depositario de la soberanía.
 
Autonomías como ruptura y reconstitución del orden estatal
 
Si por abajo se está produciendo ese fenómeno de autonomización creciente de las comunidades campesinas indígenas, por arriba, en las clases dominantes, se produce un desplazamiento que también afecta el orden estatal. Desde hace unas tres décadas se viene produciendo el desplazamiento del eje geopolítico nacional como consecuencia de la inserción de los sectores propietarios e intermediarios del capital en nuevas áreas productivas y extractivas. El actual desplazamiento se produce desde el occidente minero al oriente petrolero y agroexportador. Este cambio no solamente se relaciona a las modificaciones en la localización geográfica de la burguesía y a la reconfiguración de los centros de poder político y económico nacional, sino que además tiene que ver con el surgimiento de Brasil como potencia regional sudamericana. Aunque la salida al Pacífico sigue siendo importante para las exportaciones mineras, las coordenadas exportadoras se desplazan en la actualidad hacia la cuenca atlántica y a un relacionamiento estrecho con la economía brasileña con las exportaciones de gas y soja.
Se pueden marcar algunas similitudes y diferencias del actual momento con referencia a un período muy similar de la historia nacional: la guerra federal de 1899 y el levantamiento indígena de Zarate Willka. El alzamiento de Zárate Willka se dio en el marco de una expansión civilizatoria de Occidente de un alcance y velocidad que no tenía precedentes. El momento actual de la confrontación entre los insurgentes indígenas y las elites vinculadas globalmente, por el contrario, estaría marcado por una relación de fuerzas en inversión. La globalización actual sería un punto de inflexión similar a aquel en que anteriores civilizaciones han comenzado su declinación.
 
Reformas del Estado y mercado de tierras: inclusión política indígena y politización de la diferencia cultural
 
La construcción de fronteras étnicas que tiene lugar desde abajo a partir de mediados de 1970, primero en la forma de ejercicio de gobiernos comunales indirectos de facto y luego potenciadas por la acción ideológica encabezada desde las entidades matrices indígenas (CSTUCB, CIDOB), representaba un desafío planteado a las formas culturalmente homogeneizantes del Estado-nación. Ese Estado-nación que Anderson denomina “una expresión alterada de la conciencia”, una “anomalía” y que hasta pocos años antes era la forma política universal que se había “naturalizado” en la conciencia de masas [6]
 
De dirigente campesino a funcionario electo
 
El componente fundamental de las funciones jurisdiccionales de la comunidad andina es el control del acceso a la tierra y al agua, acceso que es restringido solo a quienes forman parte de la comunidad indígena y que, por lo tanto, supone una restricción a los derechos de propiedad privada, es decir, a la libertad de acumulación privada. La movida política de la Ley de Participación Popular consiste en que, por un lado reconoce la personería jurídica de las comunidades indígenas y campesinas, pero, por el otro, les desconoce a éstas las funciones jurisdiccionales que ejercían y ejercen de hecho sobre el acceso a los recursos comunales. Pero el hecho del reconocimiento y también el elemento redistributivo a traves de los presupuestos municipales tiene su efecto sobre las comunidades. La incorporación de los dirigentes medios provinciales campesinos e indígenas en la estructura de los gobiernos municipales y su subordinación a través de la utilización de los mecanismos redistributivos del presupuesto municipal, provocan el inicio de un proceso de fragmentación en la hasta entonces sólida estructura piramidal de las organizaciones campesinas.
Aquí es donde aparece un nuevo elemento con el surgimiento del Instrumento Político “táctico-electoral” organizado por la CSTUCB en 1995. Inicialmente denominado IP-ASP (Instrumento Político-Asamblea por la Soberanía de los Pueblos), luego de algunas crisis internas se transformaría en el IPSP-MAS (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos-Movimiento al Socialismo). El MAS tiene gran éxito en las elecciones municipales.
Ese mismo éxito electoral supone una paradoja desde el punto de vista de la democracia interna de la CSUTCB y de las comunidades campesinas. Los dirigentes campesinos transformados en funcionarios públicos electos comienzan a evadir, escudados en las leyes que gobiernan el aparato de Estado, los mecanismos de democracia directa establecidos en un principio dentro del MAS como “brazo político de las organizaciones campesinas”. La lucha por la redistribución del presupuesto municipal como parte del proceso de participación popular abre el camino al localismo y faccionalismo. Comienza una relativa desintegración de las llamadas entidades matrices campesinas e indígenas que tenían el rol de establecer cierta unidad de dichos movimientos por encima de las diferenciaciones étnicas y locales. Sin embargo y paradójicamente, no significa que el Estado recupera el espacio rural dentro del proceso de gobernabilidad manejado por los partidos políticos entonces llamados “sistémicos”. La pérdida de poder de las mencionadas entidades matrices indígenas campesinas conduce, por un lado, a la exacerbación del localismo y el faccionalismo, pero, paralela y paradójicamente, coincide con el surgimiento de un movimiento político campesino que rápidamente adquiere envergadura nacional y arrastra sectores medios y urbanos hacia lo que parecería ser una salida radical a la crisis de estado [7]. Una política de reconfiguración del territorio que, además, está dirigida a convocar a las poblaciones urbanas a ejercer dominio sobre su propio hábitat en el mismo estilo que lo hizo El Alto en 2003.
 

 
[1] Se entiende criollo como descendiente de español, y más genéricamente aplicable a nacionales de raza blanca o mestizos “blanqueados”. (ver Lagos, 1997)
 
[2] Ver el número especial de Latin American Perspectives 2007; vol. 34, 1.
[3] Me refiero al MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario que sube al gobierno “catapultado” por la Revolución de abril de 1952.
[4] CSUTCB: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, organizada por el Katarismo aymara, intentó agrupar en un principio al conjunto de las comunidades campesinas e indígenas. En 1982 se forma la CIDOB: Confederación Indígena de Bolivia (inicialmente llamada Central Indígena del Oriente Boliviano) que agrupa a las organizaciones indígenas de tierras bajas.
[5] Me refiero aquí a las Centrales campesinas provinciales que se agrupan en Federaciones departamentales y regionales campesinas.
[6] La defensa del dirigente Huampo, responsabilizado de la aplicación de justicia comunitaria en su comunidad, originó primero una huelga de hambre de dirigentes en El Alto, que luego se transforma en un bloqueo de caminos. Es entonces cuando se produce la masacre de Warisata que provoca el estallido generalizado. En la medida que el movimiento adquiere carácter nacional asume las banderas de defensa del gas y convocatoria a la asamblea constituyente.
[7] La normativa propia ejercitada en jurisdicción autónoma por autoridad indígena supone un pluralismo jurídico radical, que de hecho supone el fin del proyecto de un Estado-nación.