La nueva gestión de la miseria: piqueteros y sin-tierra frente a los gobiernos neo-desarrollistas

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Autor(es): Corrêa, Ana Elisa

 
La emergencia de los gobiernos progresistas y/o neo-desarrollistas
 
En las décadas de 1980 y 1990 observamos el avance de la política económica neoliberal en todo el mundo y en especial en América Latina. Buscando salir de la crisis económica, los gobiernos latinoamericanos acogieron, en mayor o menor grado, una parte considerable de las medidas de ajuste neoliberales “aconsejadas” por el Consenso de Washington y por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Brasil y Argentina fueron dos de los países que se abrieron considerablemente a los mercados internacionales, realizando privatizaciones de importantes industrias de base y servicios públicos, mientras los derechos de los trabajadores fueron atacados explícitamente. Es como respuesta a la crisis del desarrollismo en los países dependientes y a la crisis del Estado de Bien-estar Social en los países del centro, que se implementan las políticas neoliberales: liberalización de los mercados, quiebra de los proteccionismos agrícolas, desreglamentación financiera del comercio y de las inversiones, precarización de los derechos laborales y sociales, privatización de los servicios públicos esenciales, apertura a la especulación financiera, etc. La función de todas estas medidas era esencialmente recomponer el poder de los intereses económicos del imperialismo, completando lo que tanto en Argentina como en Brasil, fue denominado como apertura neoliberal.
El periodo subsiguiente es marcado por una ola de manifestaciones de resistencia social al neoliberalismo, sumado a una nueva crisis del modelo económico, crisis esta que se expresa de forma dramática en la turbulenta Argentina de fines de 2001. Esto será seguido por la emergencia de gobiernos “progresistas” elegidos democráticamente en la mayor parte de los países latinoamericanos. Estos gobiernos fueron interpretados por muchos intelectuales y militantes como un giro a la izquierda, llegándose incluso a mencionar la emergencia de una “ola roja” en el continente. Esta sería una novedad en el escenario político de América Latina, pues “por primera vez en la historia, fuerzas políticas consideradas progresistas, formadas en el seno de las izquierdas y apoyadas por movimientos sociales importantes participaron simultáneamente de coaliciones de gobiernos en un conjunto significativo de países” (Ferreira, 2010). El aparente fracaso de las medidas neoliberales crearía condiciones para sublevaciones populares y el rechazo vía electoral a candidatos defensores de esa política (Rodriguez, 2007). Independientemente del nivel de optimismo en relación a estos gobiernos progresistas, hay un cierto consenso de que se presentan como una respuesta al neoliberalismo y como expresión social de una “voluntad de cambio”.
Por lo tanto, lo que observamos en los años subsiguientes es una “frustración” en relación a las políticas implementadas por esos gobiernos, las cuales estarían muy por debajo de las expectativas de las principales organizaciones y movimientos sociales. Límites como la impermeabilidad del aparato estatal en relación a una nueva forma de hacer política, así como la ausencia de un programa político bien elaborado por la izquierda progresista son señalados como los motivos de la insatisfacción por esas políticas[1].
En los últimos años han surgido lecturas que definen a estos gobiernos “progresistas”, en especial en Brasil y en Argentina, como implementadores de un proyecto neo-desarrollista[2]. Éste combinaría el desarrollo económico con una política social asistencialista universal que llevaría, a través de la intervención del Estado en la economía y en la “cuestión social”, al desarrollo del capital industrial productivo y a una mejora sustancial de los estándares de vida de los trabajadores (Castelo, 2011:194). Este proyecto se fundaría en un retorno de la política económica desarrollista promulgada en los países latino americanos antes de la “ola neoliberal”.
 
Después de la ofensiva neoliberal, que barrió a América Latina en la década de 1990, y la posterior ola de contestación popular iniciada con el siglo XXI, que llevó al poder gobiernos considerados en la época en sentido amplio de centro-izquierda, la idea de desarrollo renació de las cenizas, tanto en los discursos políticos como en los medios académicos, dando espacio a una nueva variante del desarrollismo. Pasada la ola neoliberal y la resaca promovida por la respuesta popular, la marea actual es el nuevo-desarrollismo (Prado & Meireles, 2010:184).
 
Existe actualmente un debate en torno de la noción de neo-desarrollismo que situamos a partir de la descripción concreta de la coyuntura política y económica de Brasil y Argentina, países representativos de la relación entre esas políticas estatales y los movimientos populares.
Una semejanza importante entre estos países es el gran desarrollo del capitalismo de ambos, pues poseen un mercado interno razonablemente bien formado, una compleja estructura de clases y una industria desarrollada en relación a otros países del continente. Es importante también considerar que los dos países pasaron por un proceso reciente de desindustrialización como consecuencia de las medidas neoliberales y de posterior retorno del crecimiento industrial con la emergencia de los gobiernos “progresistas” (Fontes, 2011; Féliz & López, 2012).
Otro elemento coincidente es el hecho de que los dos mandatos seguidos de los gobiernos de Kirchner y de Lula se presentaron como un respuesta a las políticas neo-liberales, esto es, gobiernos que se propusieron establecer una política diferenciada de los gobiernos anteriores, beneficiando al capital industrial en detrimento del financiero, ampliando proyectos sociales y buscando la mejoría de las condiciones de vida de los trabajadores. Esto se observa en el caso del new deal keynesiano de Kirchner:
 
Después de la moratoria argentina, el presidente Kirchner redefinió sus relaciones con la comunidad financiera internacional y transformó en prioridad absoluta de su gobierno la creación de empleos y la recuperación de la masa salarial de la población argentina, valiéndose de la fórmula clásica de la social-democracia europea, la “concertación social” para contener la inflación. Más allá de eso, volvió a proteger la industria, estatizó varios servicios públicos y lanzó, recientemente, un programa de re-estatización opcional de la propia Jubilación (Fiori, 2007:58)
 
Y en el caso brasileño, a partir del segundo mandato del gobierno de Lula, con el “desarrollismo con inclusión social”:
 
(…) sus primeras medidas y propuestas son muy claras: su objetivo estratégico no es construir el socialismo, es “destrabar al capitalismo” brasileño, para que alcance altas tasas de crecimiento capaces de crear empleo y aumentar los salarios de forma sustentada, fortaleciendo la capacidad fiscal de inversión y protección social del Estado. Con este objetivo, el gobierno de Lula está retomando el viejo proyecto desarrollista que se remonta a la década de 1930 y que sólo fue interrumpido en los años 90. Pero, al mismo tiempo, está queriendo crear una voluntad política por medio de una gran coalición social y económica, que reúna a varias de las vertientes del desarrollismo brasileño, conservadoras y progresistas, que estuvieron separadas durante la dictadura militar (ídem).
 
El neo o nuevo desarrollismo está marcado por una actuación directa por parte del Estado a través de una actuación puntual, con baja estatización, de modo que esta acción se restrinja a la regulación en lugar de la intervención directa. En el nuevo desarrollismo el Estado tendría la función de articular desarrollo económico y desarrollo social, en el sentido de la redistribución de la renta y de la búsqueda de la equidad social, combinando políticas de crecimiento con políticas de distribución (Cepêda, 2012:86). La centralidad distributiva sería la principal diferencia del nuevo desarrollismo en relación al desarrollismo de la década de 1970 y se habría realizado en los gobiernos de Lula y de Dilma por lo programas como los PACs I y II (Programa de Aceleración del Crecimiento), y ProUni (Programa Universidad para Todos), programas de combate a la pobreza como el Bolsa Familia y el aumento real del salario mínimo (Bresser-Pereira, 2011).
Partiendo de estas caracterizaciones, cuestionamos como estos gobiernos y su proyecto socioeconómico se relacionan con las organizaciones populares, de forma de construir una política de control e institucionalización, en algunos casos generando apatía política. En lo que refiere a las luchas sociales, durante la segunda mitad de los años 1990 y en especial en los años 2000, los movimientos populares se debilitaron profundamente, sufriendo procesos que fueron percibidos como combinaciones variadas entre la cooptación de los líderes, el inmovilismo de las bases a partir de políticas sociales compensatorias y la criminalización de los movimientos que mantuvieron algún nivel de combatividad y autonomía en relación a esos “nuevos” gobiernos. La llegada de esta “izquierda progresista” al poder cambia la dinámica de la relación entre Estado y movimientos populares. Arribamos, por lo tanto, a la siguiente cuestión: ¿Qué significa esta nueva coyuntura política y económica para las luchas sociales y las principales organizaciones de la izquierda latinoamericana? Más específicamente ¿qué ocurrió con la relación entre los gobiernos del Brasil y Argentina y sus principales movimientos sociales de lucha popular?
La reflexión sobre esta temática es muy importante para la comprensión de los cambios políticos en América Latina y sus consecuencias para la lucha social, marcada por la “paradoja” dependencia / autonomía.
                       
La relación Movimientos Sociales / Estado: una constatación histórica
 
Para profundizar en esta cuestión, el primer paso es detenernos en algunos elementos concretos que expresan las formas de relación entre Estado y movimientos populares en Brasil y Argentina. El MST y el movimiento piquetero son dos de las mayores expresiones de la lucha social en el continente latinoamericano en las últimas décadas, habiendo establecido una fuerte relación con los gobiernos progresistas, lo que condujo simultáneamente a la reducción de su combatividad y a un cierto debilitamiento en relación al periodo anterior. Veamos más de cerca algunos datos que atestiguan esta relación.
En Brasil, nos enfocamos en el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra por el hecho de ser considerado el mayor movimiento social del país e hasta incluso de América Latina, así como también por poseer una historia ligada directamente al surgimiento del Partido de los Trabajadores. Aunque necesitemos profundizar los cambios por los cuales pasó el PT en las última décadas para comprender lo que ocurrió históricamente con el MST, lo que nos interesa aquí es identificar la relación de la lucha por la tierra con el programa petista en su nacimiento. MST y PT en conjunto con otras fuerzas sociales progresistas como la CUT y la CPT (Comisión Pastoral de la Tierra), defienden todavía durante el gobierno de Sarney la elaboración del I Plan Nacional de Reforma Agraria (I PNRA), que sufrió diversas limitaciones debido a las disputas con las fuerzas conservadoras, y nunca fue de hecho implementado como programa de gobierno.
La relación entre PT, CUT y MST se extiende a lo largo de las décadas posteriores. Una expresión saliente de esta estrecha relación es identificada por Silva (2012) al analizar los Cuadernos de Formación del MST, afirmando que “la historia de las organizaciones se confunde”. Silva menciona la composición de la foto del cierre del 3º Encuentro Nacional del movimiento realizado en Piracicaba en 1987, en el cual la bandera del MST se encontraba en el centro flanqueadas por las banderas de la CUT y del PT, además de identificar el comportamiento textual del MST en participar directamente en la construcción de la Central Sindical petista.
Según Engelman & Duran (2012) la defensa de la reforma agraria es retomada por el PT después de la dictadura militar y traspasa las campañas presidenciales de 1989 y la de 2002. En el programa electoral de 1989 la reforma agraria es considerada fundamental para eliminar la concentración de la riqueza y promover el desarrollo de la agricultura y de la economía. En los Cuadernos de Formación del MST en 1998 se mantiene la creencia en la elección de Lula como medio para realizar la reforma agraria. En este texto, el movimiento señala que ésta se realizaría a partir de dos elementos: un amplio movimiento popular organizado y la acción del Estado Democrático y Popular (Silva, 2012).
Son muchos los cambios entre el programa agrario de 1989 y el de 2002, lo que se torna todavía más complejo al inicio del segundo mandato de Lula en 2007. Así y todo, la elección de Lula y la formulación del II Plan Nacional de Reforma Agraria estimula la noción de que este sería un gobierno en disputa, que no podría ser tratado como enemigo.
 
La lucha por la reforma agraria y las Tareas del MST, presentados en el XII Encuentro Nacional del MST, realizado entre el 19 y 24 de enero de 2004, en São Miguel de Iguaçu-PR, daba la siguiente recomendación: Debemos tener el cuidado de no tratar al gobierno federal [nacional] como si fuese enemigo. Nuestra evaluación es que se trata de un gobierno en disputa, que tiene un compromiso histórico con la reforma agraria y por lo tanto (sic) debemos presionarlo para que acelere la reforma agraria. En esto, el Plan Nacional de Reforma Agraria jugará un papel importante para unificar al gobierno también. Esto significa que vamos a criticarlo cuando erra, pero que vamos a apoyarlo en todo lo que favorezca al avance de la reforma agraria (Dirección Nacional, 2004, apud Silva, 2012)
 
De igual modo, lo que veremos posteriormente es el abandono del gobierno de Lula del II PNRA que tenía como meta inicial el asentamiento de un millón de familias. Ariovaldo Umbelino, profesor de geografía de la USP (Universidad de San Pablo) y uno de los principales elaboradores de los programas afirma en un artículo publicado en el sitio del MST en diciembre de 2008:
 
Pero, la principal conclusión a la que se puede arribar del balance del II PNRA, es apenas y tan solamente una: el gobierno de Lula y del Partido de los Trabajadores tampoco hizo la reforma agraria. Finalmente, se esperaba que Lula cumpliese su promesa histórica de hacer la reforma agraria, la pregunta entonces debe ser ¿por qué tampoco su gobierno no hizo la reforma agraria? Y la respuesta también es una sola: su gobierno decidió apoyar totalmente al agro-negocio.
 
Esta denuncia de Umbelino fue reiteradamente manifestada por intelectuales, militantes y dirigentes ligados al MST en los últimos años, alertando sobre el abandono de la reforma agraria por el gobierno de Lula. Esta situación causó una gran contradicción, pues el movimiento, al mismo tiempo que critica al gobierno, mantiene el apoyo a las campañas electorales y otras relaciones incluso más estrechas con éste.
En todas las elecciones presidenciales e incluso municipales, el MST hasta hoy manifestó su apoyo al PT, a pesar de haber enfrentado muchas críticas externas e internas debido a ese posicionamiento. Podemos citar el apoyo a las dos elecciones de Lula y el apoyo a Dilma en las últimas elecciones presidenciales, manifestado por João Pedro Stédile, dirigente nacional del MST, en una entrevista al Jornal Brasil de Fato[3].
La manifestación más concreta de esta relación está en el proceso de escisión de la “Articulación de la Izquierda”, corriente petista de la cual participaban algunos dirigentes nacionales del MST. Esta división condujo a la fundación de una nueva corriente interna en el PT, la Izquierda Popular y Socialista, fundada en la Escuela Nacional Florestan Fernandes (ENFF), principal centro de formación del MST, localizada en Gurarema / SP[4]. Además de esto, hay indicios de que muchos militantes del MST se candidatearon ese año a través de esta nueva corriente petista a las elecciones, tal como afirma Silva (2012) en una nota de su artículo: “Se estima que algunos militantes del MST se irán a candidatear a intendentes por esta corriente del PT que ya cuenta con Valmir Assunção, diputado federal y radicado en Bahía”.
El segundo elemento que fundamenta la relación entre el Partido de los Trabajadores y el Movimiento de los Sin-tierra, es la sustentación financiera del MST, principalmente en relación a los proyectos de financiamiento que garantizan el avance de la producción y la consolidación de los asentamientos. Más allá de haber estrechado relaciones con el INCRA a través de la entrada de algunos militantes como funcionarios del órgano federal, fueron implementados programas durante los gobiernos de Lula para la comercialización de la producción de los asentamientos como el Programa de Adquisición de Alimentos, vinculado al plan Hambre Cero, que se convirtió en la principal política de comercialización de la agricultura familiar y el Programa Nacional de Alimentación Escolar (Silva, 2012).
Finalmente, llamamos la atención hacia otro elemento que, aunque sea puntual, representa un marco en la relación entre movimiento social y gobierno: las asociaciones con grandes empresas a través de la mediación del gobierno nacional[5].
Uno de esos convenios fue establecido con Fibria, empresa recién creada a través del financiamiento del BNDES y que surge de la fusión entre la Aracruz Celulose y la empresa Votorantim, dos gigantes internacionales del agro-negocio en el ramo de la celulosa. Este convenio intermediado por el gobierno nacional, el gobierno estadual petista de Bahía y con la participación de ESALQ / USP, garantizará un área de diez mil hectáreas, antes propiedad de la empresa, para un proyecto de asentamiento de mil doscientas familias y de la creación de una escuela agro-ecológica forestal. Según los portavoces de Fibria: “Queremos enseñar a los jóvenes del MST cómo usar la ciencia y la educación para desarmar un antagonismo innecesario, adelantó Penido[6]”. Y sobre la materia en el periódico Valor Econômico fueron expresadas las siguientes posiciones:
 
Se cambia la relación entre el capital y el trabajo, analiza Paulo Kageyama, investigador de la Esalq, de la Universidad de San Pablo (…) Es un marco en el convenio del agro-negocio con la agricultura familiar, afirma José Penido,  presidente del consejo de administración de la empresa. La cuestión, dice él, es de conciencia, pero también se sobrevivencia del negocio. La estrategia es superar antagonismos y encarar los problemas históricamente agudos en el Sur de Bahía, resalta el ejecutivo. A su lado, Márcio Matos, de la dirección nacional del MST, garantiza: Llegamos a un nuevo paradigma de negociación sobre pasivos, diálogo que surgió a partir de relaciones conflictivas y se repetirá junto a las demás empresas del sector.[7] (Subrayado nuestro).
 
Aquí se explicitan una serie de contradicciones en esta relación entre el MST y el gobierno de Lula. Éste, no realiza la principal demanda del movimiento, la reforma agraria, sin embargo el apoyo al gobierno se mantiene, de modo que se establecen relaciones estrechas a través de programas sociales y proyectos asociativos.
Ahora continuamos con el caso argentino en el que observamos relaciones muy semejantes a las descriptas más arriba, que se manifiestan entre los movimientos piqueteros y el gobierno de Kirchner.
Los piqueteros fueron la mayor expresión de lucha social argentina a partir del fin de la década de 1990. El movimiento piquetero, a diferencia del MST que surgió en la década de 1980 en las luchas por la re-democratización, es parte de la historia reciente de Argentina. Tiene sus primeras manifestaciones en 1996 y surge como consecuencia directa de las políticas neoliberales implementadas por los gobiernos de Menem (1989-1999). Estas políticas representaron el intento de contener la crisis híper-inflacionaria de 1989 y tienen como marco el Plan de Convertibilidad (1 peso= 1 dólar) combinado con la privatización acelerada de los servicios públicos y empresas, la apertura comercial y la flexibilización laboral. Estas medidas llevaron a una de las crisis económicas más profundas de la historia argentina, que lograron la contracción del PBI, de las ganancias y de los salarios y desembocando en una grave crisis política con la caída de cinco presidentes en apenas diez días, los cuales tomaron medidas de urgencia como la moratoria de la deuda y la confiscación de los depósitos bancarios. Las consecuencias para los trabajadores fueron un altísimo nivel de desempleo[8], precarización de las condiciones laborales y concentración de la riqueza (Féliz & López, 2012; Amorim, 2012).
Uno de los marcos del gobierno de Menem es la privatización de las empresas del petróleo, en especial YPF, que lleva a un desempleo altísimo y, como consecuencia, a manifestaciones populares históricas. Los primeros piquetes masivos se dieron a partir de 1996 en las provincias petroleras de Neuquén, Salta y Jujuy. En ese momento surgen como métodos de lucha los “cortes de ruta” y se construye una tradición fuerte de lucha radicalizada que continúa en los años siguientes. Los piquetes se concentran esencialmente en el interior del país y en seguida se expanden para el “conurbano bonaerense”, región con un alto índice de desempleo, gran concentración poblacional y que históricamente es un polo industrial y / o petrolero. En 2001, ahí se concentraba el 36% de la población total y el 45% de la población urbana del país. Esta región sufrió directamente el proceso de desindustrialización (los trabajadores de la industria cayeron del 31% hasta el 17% de la PEA[9]) y fue el foco de altos índices de desempleo, que llegaron al 20% en 1995 y al 22% en mayo de 2002 (Amorim, 2012).
En 1999 es el fin del mandato de Carlos Menem y en 2001 se intensifica el proceso de crisis económica y política que llevará a la caída seguida de varios presidentes. De La Rúa (1999-2001) intenta garantizar su gobierno construyendo un Frente Amplio, la Alianza, con los partidos conservadores, manteniendo el mismo ministro de economía del gobierno de Menem, Domingo Cavallo, miembro de la escuela neoliberal de Chicago. El movimiento piquetero comienza e exigir la ampliación de las políticas sociales, los llamados Planes Sociales y exige que éstos sean traspasados directamente y administrados por los movimientos sociales, sin la intermediación de las redes clientelistas controladas por el Partido Justicialista. La conquista de ésta autonomía durante el gobierno de De La Rúa, fortalece y amplía el movimiento piquetero hacia todo el territorio nacional. Aquí apuntamos una primera paradoja de la relación entre piqueteros y Estado. Esta relación establecida a través de los Planes Sociales potencializó la emergencia y consolidación de organizaciones piqueteras, sin embargo, en los años subsiguientes, fue también el principal motivo de su debilitamiento, fragmentación y desmovilización.
Muchas son las organizaciones piqueteras que surgen en ese momento, así y todo, en los años siguientes, muchas desaparecen y la mayoría sufre diversas divisiones y disidencias. La influencia del gobierno de Kirchner en ese proceso de fragmentación del movimiento piquetero parece ser directa y deliberadamente una política del gobierno como forma de control de las organizaciones y restablecimiento de una cierta “normalidad” social (Svampa, 2007).
Identificamos dentro de esta gama de organizaciones dos que son buenos ejemplos del proceso que describimos: la Federación Tierra y Vivienda (FTV) y el Movimiento Barrios de Pie (MBP). Estas dos organizaciones mantienen todavía hoy una consideración significativa dentro del movimiento piquetero y tuvieron una estrecha relación con el gobierno de Kirchner[10], integrando el Frente para la Victoria, coalición política electoral encabezada por el Partido Justicialista.
Estas organizaciones no representan un proyecto elaborado que reúna a la mayor parte de la izquierda y establezca una relación previa con el Partido Justicialista de Kirchner como es el caso del Programa Democrático Popular, la CUT, el PT y el MST. Con todo, no podemos dejar de mencionar la influencia del “peronismo”, tradición populista que se inició en la década de 1940 con el gobierno de Juan Domingo Perón y que es un marco de conquistas para los trabajadores. Los Kirchner claman que su gobierno sería la encarnación del verdadero peronismo y que estarían fundando un Estado de Bien Estar Social en Argentina. De este modo, la referencia histórica es importante, pues influencia directamente a las organizaciones de izquierda inmersas en el ideario popular. Es curioso notar que la región de La Matanza del conurbano bonaerense, una de las regiones donde actúa el FTV y el MBP, es una región con fuerte tradición peronista (Amorim, 2012; Thwaites Rey & Cortés, 2010).
Así, después de la llegada de los Kirchner al poder observamos la constitución de una relación con el movimiento piquetero muy parecida a la relación establecida entre el gobierno de Lula y el MST. La primera constatación es el direccionamiento de los recursos públicos asistenciales a organizaciones que se alinean con el proyecto del Frente para la Victoria, y reducción de recursos a organizaciones que no hacen parte de ese proyecto nacional y popular. El FTV tiene una característica emergente estrecha desde su nacimiento a la estructura estatal, enfocada en demandas inmediatas que van de planes sociales y ayudas alimentarias hasta la mejoría de la infraestructura de los barrios. La relación directa con el gobierno de Kirchner puede ser comprobada por los números de Planes Sociales obtenidos por el movimiento. En una ocasión, el Movimiento Teresa Rodríguez recibió 5.000 planes y la Corriente Clasista y Combativa 45.000, mientras que la Federación Tierra y Vivienda recibió nada más y nada menos que 80.000 planes (Amorim, 2012).
El segundo elemento a través del cual comprobamos esta relación es el hecho de que el FTV y el MBP aportaron militantes para trabajar como funcionarios en las esferas nacional, provincial y regional. El Movimiento Barrios de Pie integró una secretaría del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Además de esto, algunos dirigentes comenzaron a ejecutar tareas directas como funcionarios públicos. De este modo se construye una referencia fuerte en los militantes, en especial en la figura de Luis D´Elía de la FTV que ocupó cargos públicos como concejal, diputado provincial, subsecretario de la Secretaría de Tierra y Hábitat, además de haber sido candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires.
Como podemos observar, en Argentina, a pesar de sus especificidades, el movimiento piquetero exhibe una relación con el “gobierno progresista” muy semejante a la del MST con el gobierno de Lula, marcada por el entrelazamiento político-partidario y financiero. Veamos ahora las consecuencias que tiene esta relación para con las luchas de los movimientos.
 
Los gobiernos progresistas y el apaciguamiento de las luchas sociales
 
Ambos gobiernos, el de Kirchner y el de Lula, poseen relaciones estrechas, históricas y contemporáneas con los movimientos populares. En Brasil, el Partido de los Trabajadores emergió de grandes movilizaciones de masas en conjunto con otras organizaciones de la clase trabajadora y el propio Lula, principal referencia pública del partido, es de origen obrero y estuvo organizado en el movimiento sindical combativo de fines de los años 1970[11] e inicio de 1980. En la Argentina, los Kirchner se establecen como el único gobierno que consigue una cierta estabilidad política en un contexto de profunda turbulencia social que llevó a la caída de cinco presidentes en pocos días, reivindicando para sí el carácter “verdaderamente” peronista del Partido Justicialista, que es la gran referencia popular en la historia política del país. Hay también una adecuación del discurso de los Kirchner que se presentan abiertos al diálogo con los movimientos populares, algo que poco se veía en los gobiernos anteriores. Ahí podemos sumar el apelo a la subjetividad de la población a través de la tentativa de relacionar a Cristina Kirchner con la figura de Eva Perón.
Así, ambos gobiernos, en Brasil y Argentina, promovieron una enorme contención de las luchas sociales, estableciendo políticas sociales enfocadas y compensatorias y trabando una estrecha relación con la dirección de esas organizaciones populares.
El carácter conservador del gobierno de Lula, sumado a la fragilidad en que se encontraban las organizaciones de la clase trabajadora después de los ataques neoliberales, llevó al fin de las esperanzas de la posibilidad de cambios dentro del orden, de modo que la estrategia de “acumulación de fuerzas” para lograr esos cambios fue sustituida por el “posibilismo”:
 
Sin cuestionar la agenda del capital financiero, se trataba de buscar las soluciones posibles para los problemas de las personas. Ya no se luchaba por la conquista de los derechos colectivos que mejorasen las condiciones de trabajo y de vida de la clase y sí por medidas concretas que compensasen a la población desvalida por la falta de derechos. El rebajamiento del programa político llevó a la desmovilización de los trabajadores y profundizó el proceso de burocratización de las organizaciones construidas en la década de los ochenta (Sampaio Jr., 2006:72)
 
El potencial de rebeldía fue neutralizado con la combinación de la ilusión en la recuperación del crecimiento que llevaría a Brasil al primer mundo y en la transferencia directa de renta por la generalización de los programas sociales. Según Sampaio Jr.: “Ninguna organización pasó incólume por el desastre. Todas sufrieron traumáticos procesos de fragmentación y división y muchas tuvieron su propia sobrevivencia puesta en cuestión”.
Pinassi (2009) corrobora esa posición al afirmar que el gobierno de Lula sería notable por combinar el PAC a los programas sociales agradando a “Dios y al diablo” y creando una ilusión de cambios al mismo tiempo que promueve y mantiene una enorme desigualdad social. El “lulismo” sería responsable por, al mismo tiempo, crear y amenizar las heridas de la clase trabajadora.
 
El lulismo atiende democráticamente las necesidades del capital en su crisis estructural y, democráticamente, desmonta cada una de las conquistas históricas de la clase trabajadora. Sus políticas sociales tienen un carácter efímero y asistencialista a los desocupados que él ayuda a crear. En el comando del Estado, el lulismo es el vector político decidido a ofrecer los fundamentos propicios para la creación de las carencias formadoras de su propio público así como los placebos requeridos para su reproducción (Pinassi, 2009:07).
 
La relación entre esta política gubernamental y el MST lleva así al involucramiento de la autonomía del movimiento a través de programas de consolidación de los asentamientos a partir de créditos para la producción y formación de cooperativas.
Esta política se establece en detrimento de la realización de nuevos asentamientos y a una postura de connivencia o impotencia del INCRA, órgano nacional responsable por la cuestión agraria, frente al agro-negocio. La política agraria del gobierno de Lula está marcada por la reducción de asentamientos, el no logro de las metas del II PNRA y el beneficio directo al agro-negocio, en especial del sector que produce alcohol de la caña de azúcar. Esto se constata a partir de la comparación de los programas agrarios de 1989 y 2002:
 
Al comparar los dos programas agrarios del PT percibimos algunas diferencias estructurales. Mientras que en 1989, el objetivo central era enfrentar la concentración latifundiaria en el país, a partir de la expropiación de los latifundios y una política estructural de desarrollo capitalista para el campo y la industria. Pasados 13 años, en 2002, la reforma agraria pasa a categoría de plan de desarrollo rural de combate a la pobreza, mediante la expropiación de latifundios improductivos o áreas ilegales (ocupadas ilegalmente o con trabajo esclavo). En este escenario, la propuesta de reforma agraria del PT substituye a la democratización latifundiaria, de enfrentamiento al latifundio, por un programa de creación de asentamientos, restringido a áreas improductivas o ilegales y a la reestructuración de asentamientos antiguos (Engelmann & Duran, 2012).
 
Constatamos incluso que los gobiernos de Lula habrían creado apenas la mitad de los asentamientos realizados en los dos mandatos de Fernando Henrique Cardozo. Se trata de una dato alarmante, incluso considerando que durante la década de 1990 el MST estaba muy fortalecido y Fernando Henrique había sido obligado a realizar una política de asentamientos como forma de contención de los conflictos (Gonçalves, 2006).
Finalmente, es necesario que nos preguntemos ¿cómo reacciona el MST a esta política?
Esta situación llevaría inicialmente a una presión del MST con el aumento de las ocupaciones en un 42% en 2003, pero a lo que habría seguido una caída drástica en 2005 por el temor de que la presión social desgastase al gobierno de Lula y Alckim venciese en las elecciones de 2006 (Gonçalves, 2006:188). Para comprender cómo el MST se relaciona con esta política gubernamental, es necesario que combinemos esta caída en la utilización de la principal forma de lucha histórica del movimiento, la ocupación de tierras, con los datos citados anteriormente que apuntan hacia una relación estrecha del movimiento en las políticas de consolidación de los asentamientos o de realización de nuevos asentamientos a través de asociaciones con empresas del agro-negocio. Según Pinassi, el MST se encontraría en una situación gravísima:
 
En esta medida, o el movimiento continúa corriendo hacia las políticas públicas y abandona la confrontación más radical contra el capital dejando a la deriva a la mayoría de su militancia acampada y precariamente asentada. O rompe con esa perspectiva de la política que reproduce las condiciones materiales que transforman al MST tan necesario (Pinassi, 2009).
 
El caso argentino una vez más se presenta con muchas semejanzas en relación al brasileño. Podemos constatar allí una política deliberada del gobierno de Kirchner de disciplinamiento de las organizaciones piqueteras. Las que explotaron en cuestionamientos en 2001, ya en 2003 presentan un alto nivel de desmovilización, en medio de una política de “normalización” propuesta por el gobierno de Kirchner luego de asumir el poder. En los primeros años de su gobierno hay una recuperación de la economía, que llega a crecer 8,8% en 2004, lo cual redujo paulatinamente la tasa de desocupación. Así y todo, ese crecimiento es caracterizado por la concentración de la riqueza, aunque se hayan implantado diversos Planes Sociales y de asistencia alimentaria para la contención de la pobreza (Svampa, 2007).
La masificación de la asistencia social es un elemento fundamental para comprender la contención de las manifestaciones piqueteras del periodo. En 2002 el programa de bolsas se limitaba a las míseras 20.000 y los cortes de ruta llegaban a trecientos en febrero. En un mes el gobierno implementó 350.000 bolsas con el apoyo del Banco Mundial, e incluso así, en abril, se dieron quinientos cortes de ruta. En la secuencia el gobierno eleva la cantidad de bolsas hasta 1 millón y en seguida a 1,6 millones, cuando por fin, la movilización comenzó a enfriarse. Según Leher (2010), el reparto de esas bolsas está a cargo del partido peronista y por sectores piqueteros que el gobierno pretendía cooptar. Este dato es confirmado por Svampa que señala al programa Jefes y Jefas de Hogar como uno de los principales factores desmovilizadores de las organizaciones piqueteras. La masificación de los planes sociales, sumado a la entrada de dirigentes de las organizaciones en el aparato estatal harían parte de una estrategia política del gobierno de “integrar, cooptar y disciplinar”  (Svampa, 2007:46). Estas organizaciones aparentemente sobre-estimaron al gobierno y perdieron progresivamente su autonomía frente a la política estatal, siendo atacadas por un consenso anti-piquetero que se instaló en la sociedad argentina.
Así, el gobierno de Kirchner absorbe la problemática social expuesta en 2001 y la inscribe en los marcos de la institucionalidad y, en la secuencia recupera banderas populares, consiguiendo el apoyo de sectores de las organizaciones y provocando diversas divisiones, disidencias y fraccionamientos internos (Thwaites Rey & Cortés, 2010:04).
Al citar estos hechos, llamamos la atención hacia el cambio operado al interior de esas organizaciones y en la forma en que éstas irán a establecer la relación con el Estado. Esta relación siempre existió, sin embargo, se presenta con contornos muy diferenciados comparando con los años anteriores a la llegada de Lula y Kirchner al poder. Esto es, tenemos claridad que tanto la reivindicación de tierra como la de trabajo, vivienda o mejores condiciones de vida en general son dirigidas al Estado y por lo tanto la relación entre el Estado y los movimientos parece imposible de ser completamente eliminada en el periodo histórico en que vivimos. Así y todo, la progresiva institucionalización de algunos movimientos, el involucramiento con el proyecto político electoral de los gobiernos, la inserción de militantes y dirigentes en el aparato estatal y la asociación entre movimiento y gobierno en la gestión de los recursos públicos son fenómenos no constatados anteriormente.
Finalmente, señalamos la existencia de una serie de críticas producidas internamente a esas organizaciones y explícitamente expresadas en “rupturas”,  salidas de militantes de las organizaciones y formación de nuevas organizaciones que se esfuerzan en mantener una relación autónoma y fuertemente crítica al gobierno. En Argentina dos organizaciones piqueteras mantienen una fuerte crítica en relación al gobierno, el Frente Popular Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha. En Brasil, 51 militantes firmaron la Carta de Salida de los 51[12], en donde tejen críticas profundas a la relación que el MST, de entre otras organizaciones, establecieron con el gobierno en los últimos años.
Es interesante cuestionar el porqué de esos dos movimientos distintos con realidades políticas semejantes aunque también distintas presentan similitudes muy grandes en lo que dice respecto a su relación con el Estado y a su capacidad, o incapacidad, de movilización política y lucha social. Esto lleva a la reflexión de que el contexto y las elecciones políticas en que se insertan en la actualidad podrían ser un fenómeno latinoamericano en cuanto a los rumbos que la lucha de clases viene adquiriendo.
 
Más allá de la cooptación: la conformación de la lucha popular en un proyecto socioeconómico pro-capital
 
Esta participación directa o apoyo, incluso indirecto, al gobierno, coincide, como vimos, con un proceso de enfriamiento de las luchas de ambos movimientos. Esta aparente contención de las luchas es interpretada por muchos analistas, militantes e intelectuales como consecuencia de un proceso de cooptación. Esto es en lo central lo que aquí apenas señalaremos, pero que urge de una comprensión más profunda: Al final ¿qué está ocurriendo con estas organizaciones? ¿Fueron cooptadas por los gobiernos? ¿Qué significa esto?
En este sentido, cuestionamos el tipo de cooptación de la cual estamos tratando ¿Sería esta una cooptación de los líderes, esto es, una traición de los dirigentes? Para el caso que sea de líderes ¿de cargos dirigentes nacionales, provinciales y/o de militantes intermedios? ¿Habría ocurrido un desvío moral de estos militantes y dirigentes? ¿O sería ésta una cooptación de base organizada o desorganizada a través de los planes asistenciales? ¿O incluso una combinación de esa cooptación de base con una cooptación de las direcciones? ¿Sería una cooptación de los métodos de lucha, que habrían abandonado su carácter radicalizado marcado por las ocupaciones, piquetes y grandes marchas y pasándose a caracterizar por la negociación? ¿Sería la cooptación del programa de las organizaciones, antes extremadamente radicalizados, mencionando incluso la transformación socialista y que ahora se conforman con el orden capitalista? ¿Habría ocurrido un rebajamiento del programa? ¿Un abandono? ¿O sería, finalmente, una cooptación a través del financiamiento estatal, sin el cual las organizaciones dejarían de existir?
Aunque complejicemos la respuesta de la cooptación, si vislumbramos la relación del PT con las diversas organizaciones que compusieron su historia de luchas y ahora mantienen una estrecha relación con los gobiernos petistas, tendríamos que generalizar la tesis de la cooptación hacia una enorme gama de movimientos e instituciones que actúan en sectores muy distintos, partiendo del sindical pasando por las luchas por la vivienda, llegando a movimientos contra las opresiones, como el movimiento negro y el feminista. Para el caso que utilicemos la tesis de la cooptación para analizar también la relación entre el gobierno de Kirchner y el movimiento piquetero, tendríamos que reproducirla también en el análisis de la relación de este gobierno con los movimientos de derechos humanos y contra las opresiones como las de la diversidad sexual. En este sentido, un análisis comparado entre Brasil y Argentina coloca en jaque de manera determinante esa explicación, pues la cooptación se extendería a un fenómeno latinoamericano.
La tesis de la cooptación es por lo tanto insatisfactoria para explicar los cambios por los cuales pasaron estas organizaciones con un pasado combativo y que hoy, involucradas con el gobierno, se limitan a la negociación y al abandono de muchas de sus metas fundamentales.
El gobierno de Kirchner se presenta explícitamente como un gobierno neo-keynesiano que implementará un nuevo Estado de Bien Estar en Argentina. Más allá del cuestionamiento que esta afirmación suscita, identificamos la integración de la cuestión social en un proyecto socioeconómico más amplio, el proyecto neo-desarrollista. En el caso brasileño, existe incluso la afirmación de que el MST estaría componiendo un Frente Neo-desarrollista[13] en Brasil, que incluiría al gobierno, movimientos sociales organizados y sectores de la burguesía. La composición de un frente, en un proyecto nacional, tiene un carácter muy diferenciado de la noción de cooptación, pues presupone que se comparte, aunque parcialmente, de una misma visión, de los mismos presupuestos y objetivos programáticos.
Esta relación se manifiesta también en la participación del movimiento piquetero en la Argentina, cuando dirigentes del Movimiento Barrio de Pie afirman que, para bien o para mal, independientemente de las dificultades que enfrentan para llevar adelante la estrategia del movimiento cuando sus militantes ocupaban cargos en el gobierno,  participan en un Proyecto Nacional de desarrollo, y esa experiencia sería la más benéfica y relevante para las organizaciones piqueteras (Thwaites Rey & Cortés, 2012).
Estas organizaciones populares, brasileñas o argentinas, estarían por lo tanto, cumpliendo consciente o consensualmente un papel en la implementación del proyecto socioeconómico de estos gobiernos. Identificamos que hay, por lo menos, una fuerte relación entre el proyecto político asumido por esas organizaciones y los gobiernos en cuestión. En este sentido, es esencial avanzar más allá de la tesis de la mera cooptación moral como explicación del proceso de control de estas organizaciones por los gobiernos. Complejizando la noción de cooptación llegamos a la constatación del inicio de una integración de estas organizaciones populares en un proyecto socioeconómico pro-capital de desarrollo económico combinado con la reducción ínfima de las desigualdades sociales. Se convierten por lo tanto en los administradores de la barbarie, y los gestores de la miseria que viabilizan la continuidad del sistema del capital en América Latina.
 
Bibliografía
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Umbelino, A. Lula dá adeus à Reforma Agrária,  Jornal Brasil de Fato, 22-12-2008. 


 
Artículo enviado por la autora para ser publicado en Herramienta
Traducción del portugués: Raúl Perea
 
[1] Estas interpretaciones se pueden encontrar respectivamente en Ferreira (2010) y Fiori (2007).
[2] La expresión neo-desarrollismo o nuevo-desarrollismo se difundirá y comenzará a ser discutida ampliamente en los espacios académicos y políticos a partir del debate iniciado por Bresser-Pereira que tomará cuerpo más acabado en la obra Sicsu et Al (Orgs.), 2005.
[3]José Serra es una derrota para los trabajadores – entrevista de João Pedro Estédile para Brasil de Fato. Ingresado el 05/09/2012: http://www.brasildefato.com.br/node/3333.  Ver también Stédile: Dilma permitirá más avances en las conquistas sociales, noticia de 17/08/2010 en: http://www.vermelho.org.br/noticia.phpid_secao=1&id_noticia=135240       
[4] “Izquierda Popular y Socialista es la nueva tendencia nacional del PT – Nueva corriente del PT fue fundada en el congreso, este fin de semana, en la Escuela Florestan Fernandes del MST en Guararema.” Noticia del 6 de diciembre de 2011, disponible en sitio del PT – SP, ingresado el 30/05/2012: http://www.pt-sp.org.br/noticia/p/?id=7816.
[5] Además del acuerdo con la empresa Fibria, se puede citar el acuerdo de comercialización de arroz orgánico con el Grupo Pan de Azúcar durante la convención Río + 20: Pan de Azúcar venderá arroz sin agro-tóxicos del MST, UOL Noticias, Cotidiano, 20/06/2012. Disponible en: http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2012/06/20/rio20-pao-de-acucar-ira-vender-arroz-sem-agrotoxico-do-mst/  
[6] Ideología, compromiso y métricas son las recetas de empresas de referencia en sustentabilidad, noticia del 02/12/2011. Disponible en el sitio: http://www.amcham.com.br/regionais/amcham-sao-paulo/noticias/2011/ideologia-engajamento-e-metricas-sao-os-ingredientes-de-sustentabilidade-da-natura-fibria-e-du-pont. Ingresado el 02/12/2011
[7] Alianzas inéditas, noticia del Valor Online publicado el 23/07/2012. Disponible en: http://www.valor.com.br/empresas/2760226/aliancas-ineditas  (ingresado el 30/08/2012)
[8] Hasta 1986 los índices de desempleo nunca habían sobre pasado el 6%, ya la década de 1990 es marcada por un índice de desempleo de dos dígitos (Dato de Amorim, 2006)
[9] Población Económicamente Activa (PEA).
[10] En los años siguientes el gobierno creó su propio movimiento piquetero, el MTD Evita, que no vamos a analizar pues no podemos decir que fue “cooptado” o controlado por el gobierno, ya que nunca gozó de autonomía alguna.
[11] Son muchas las obras publicadas que intentan analizar el origen y las transformaciones ocurridas en el Partido de los Trabajadores en las últimas décadas. Dentro de las más interesantes podemos citar: Iasi (2006), Secco (2010), Amaral (2003), Singer (2012), García (2012).
[12] Carta de salida das nuestras organizaciones (MST, MTD, Consulta Popular y Vía Campesina) y del proyecto estratégico defendido por ellas,  publicado el 22/11/2011, disponible en: http://passapalavra.info/?p=48866
[13] Sobre la composición de un “frente neo-desarrollista” ver Boito Jr. (2012)