Portugal: austeridad, dinero del Estado para la educación privada y acuerdos parlamentarios…

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CONTRATOS DE ASOCIACIÓN: ¿UN CEMENTO AGLUTINANTE DE LA MAYORÍA?

 
Antonio Louça
 
El significado de la polarización política alrededor de los contratos de asociación de los colegios privados con el Estado no puede subestimarse. El 29 de mayo salió las calles la “onda amarilla” que reunió algunas decenas de miles de personas frente al parlamento, en defensa de los intereses de los colegios privados. El 18 de junio se realizó, por el contrario, la manifestación convocada por los sindicatos en defensa de la educación pública, que según la principal organización convocante (Fenprof, rama docente de la CGTP) habría reunido unos 30.000 manifestantes. El conflicto está planteado.
Cuando los neoliberales quieren “más Estado”
 
Existe, por supuesto, un contraste entre el crónico desfinanciamiento de la escuela pública y el generoso financiamiento del Estado a los colegios privados. Y el contraste se hace más notable, porque realmente existe en cierta medida una relación de causa-efecto entre ambos: como si no fuera suficiente el diktat de la troika para imponer el desfinanciamiento de la escuela pública, el mismo es agravado con la canalización de parte del presupuesto educativo hacia los bolsillos de los dos grandes carteles del negocio de la enseñanza: la Iglesia y el grupo GPS.
Conviene recordar que en este momento existen, en números redondos, unos 80 colegios privados que reciben 150 millones de euros anuales en razón de los contratos de asociación. En un comienzo, los contratos surgieron en los años 1980, cuando se amplió la escolaridad obligatoria y la enseñanza pública no disponía de la cantidad de instalaciones y docentes que eran necesarios para responder al súbito aumento de la población escolar. El Estado firmo entonces con varios colegios privados contratos de asociación, dirigidos a cubrir las lagunas del servicio público, y estipulando que el Ministerio de Educación financiaría estos colegios bajo determinadas condiciones: deberían acoger a los estudiantes en lugares en que no hubiese escuela pública, y no podrían ni rechazarlos ni cobrar cuotas.
Pero rápidamente se verificó una drástica modificación del contexto. Ya en los años 1990, el estancamiento demográfico tendía a aproximar la capacidad instalada de la escuela pública con las necesidades, ahora menores, de recepción de estudiantes. Sin embargo, aunque había cada vez menos jóvenes, había cada vez más contratos. Había surgido una pequeña industria para cubrir las lagunas del servicio público y, con la pequeña industria, un lobby grande y poderoso.
En este lobby se destaca la Iglesia y, novedosamente, el Grupo GPS. En éste, abundan antiguos diputados e incluso miembros de varios gobiernos del “centrao” [según se conoce a los gobiernos surgidos de la alianza entre partidos de la derecha]hasta el nivel de secretarios de Estado. Para una industria educativa como esta, pequeña en comparación con la poderosa Mota Engil, es lógico que la capacidad de reclutamiento no alcance a ex-ministros como Jorge Coelho o Paulo Portas. En el Grupo GPS brillan también masones de ambos partidos del “centrao”, que luchan por los contratos de asociación con un empeño para nada inferior al de sus hermanos católicos.
Semejante elenco de notables es más que suficiente para bloquear investigaciones policiales o para influenciar políticas gubernamentales. Así, en 2011, cuando la ministra de Educación Isabel Alçada esbozó un tímido intento de limitar los nuevos contratos de asociación con los colegios, inmediatamente tropezó con la tenaz resistencia de aquel lobby. La tímida tentativa, termino siendo también efímera e inconsecuente. Y en 2014, cuando el Grupo GPS fue blanco de una orden de búsqueda policial, por sospecha de apropiación indebida de dineros públicos, también se arregló el modo de que todo volviese rápidamente a la normalidad.
Cuando ese mismo año el Gobierno de Passos Coelho llegó al poder, dejaron de existir incluso esas tímidas tentativas. En vez de ello, surgieron descaradas iniciativas exactamente en la dirección opuesta. Y en lugar de tratar de limitar contratos que a ojos vista habían perdido cualquier justificación de interés público, el inventivo ministro Nuno Crato emprendió nuevas medidas, cada vez más audaces, para reforzar radicalmente el financiamiento del negocio educativo privado. De entonces viene la peregrina idea de un “cheque-enseñanza”, que se entregaría a las familias para que manden a sus hijos a estudiar en donde prefirieran, reduciendo al Estado cada vez más al papel de financiador y quitándole cada vez más el de prestador de un servicio público esencial. Hostil a la prestación pública de servicios públicos, el Gobierno diseñaba todo un sistema en el que a las entidades privadas, con fines lucrativos, se les reconocía una superior competencia para la prestación de tales servicios.
La irracionalidad presupuestaria de esta arquitectura para nada preocupó a la troika. Los sátrapas dela Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del FMI siempre entendieron que había otros parásitos a quienes combatir –por ejemplo, los jubilados que debían ver que sus pensiones fuesen congeladas cuando superaran los 246 euros y cortadas cuando excedieran los 600 euros.
 
De cubrir carencias al “derecho de elegir”
 
Con el Gobierno de Antonio Costa y con una mayoría parlamentaria de izquierda, se reabrió el dossier de los contratos de asociación. El ministro Tiago Brandao Rodrigues y la secretaria de Estado Alexandra Leitao se fijaron el objetivo de limitar las rentas de los colegios privados en aquellos lugares donde la enseñanza pública tuviera la capacidad necesaria. Aun así, en los lugares donde existiera esa “redundancia”, podrán mantenerse los contratos de asociación referidos a las promociones de cursos ya iniciados.
Al reabrirse el dossier, salieron a la luz o se vieron confirmadas informaciones ya conocidas sobre la realidad de los contratos de asociación. Los colegios privados no siempre cumplen la cláusula que les impone aceptar todos los estudiantes sin discriminación, a los que aceptan los hacen pagar, los docentes son puestos a trabajar con horarios y remuneraciones ajenos a los contratos colectivos del sector, tienen agresivas estrategias de mercado para disputar a la enseñanza pública “clientes” en lugares en que existe esa “redundancia” y tiene agresivas estrategias de lobby para impedir entre bastidores la apertura de nuevas promociones en la enseñanza pública y lograr esas aperturas en el sector privado.
Con todo esto, resultaba imposible seguir sosteniendo los contratos de asociación con el argumento de que eran complementarios del servicio público. La derecha de los intereses dejó de lado esa máscara. Pasó abiertamente a justificar los contratos de asociación en nombre de la “libertad de elegir” y el reclamo de “pluralismo educativo”. La industria de tapar lagunas se transformó en industria de pluralista diversificación. Lo que no cambio, es la avidez por seguir amamantándose con el dinero del contribuyente. Y, como la nueva mayoría pretende ahora hacer cuentas sobre este regalo a los ricos, el arzobispo de Braga, Jorge Ortiga, se apuró a protestar contra el “totalitarismo del Estado”.
Al revés de lo que pretende el clamor de la derecha, hacer cuentas no constituye ningún “fundamentalismo ideológico” de izquierda. Hacer cuentas es, simplemente, hacer cuentas. Adviértase que la nueva mayoría ni siquiera planteó la cuestión de rehabilitar los derechos de la escuela pública en el plano del presupuesto. No propuso que se volviera a invertir en la enseñanza. Las partidas que habían sido cortadas continúan cortadas. La miseria del presupuesto educativo continúa siendo miserable. Lo único que existe es la preocupación de introducir en tal miseria el principio moralizador de que todos coman en la misma medida y aplicar la misma regla, incluso en el nicho de extravagancias que son los contratos de asociación.
Sólo una derecha habituada a las regalías de la anterior mayoría absoluta puede venir ahora a quejarse por un rigor presupuestario que hasta ahora fue su bandera, o el pretexto para todos sus negociados, la palabra para imponer un estado de emergencia económica que cancelaba todos los contratos y el vale-todo del catecismo neoliberal. La ironía del alarido “pluralista” reside precisamente en lo contrario: la pretensión de la nueva mayoría es algo tan mínimo que, en buena lógica, la próxima delegación de la troika debería venir a Portugal para dar algunas palmadas de felicitación en la espalda de la izquierda, y dar en las orejas de la derecha algunos tirones severos y correctivos. Pero la lógica real es muy distinta de la formal. Esa lógica real no trae a la troika a Portugal para equilibrar el presupuesto sino para esquilmar al que trabaja y al que trabajó.
 
Un cemento aglutinador sólo para arreglos pequeños
 
Volviendo a la realidad, surge la pregunta: ¿si en definitiva es la nueva mayoría quien realmente intenta cumplir la meta del déficit, no se habrá encontrado al menos en este consenso ultra mínimo un poderoso cemento aglutinante de la nueva mayoría? En definitiva, el Bloque de Izquierda (BE) y el Partido Comunista de Portugal (PCP) tienen en la discusión abierta motivos para felicitarse porque el Estado deja de financiar un negocio privado; y el Partido Socialista (PS) tiene motivos para felicitarse porque le sale barato satisfacer a sus aliados en éste punto. Incluso más: dando a sus aliados tan módica satisfacción, el PS parece haber encontrado, por feliz coincidencia, una manera de hacer brillar en Bruselas la deseada imagen de “buen alumno”. De funcionar, sería como el huevo de Colón, que no es necesario romper para hacer omeletes. El Gobierno habría conseguido tres en uno: ahorrar dinero, satisfacer a la izquierda y sacar una buena nota en Bruselas.
Pero, una vez más, la realidad contradictoria y dinámica de la lucha de clase se sobrepone a este cuadro idílico de lógica formal. El PS podrá darse el lujo de hacer algunos floreos de izquierda en un tema que implica un rubro presupuestario relativamente modesto, del orden de los 150 millones de euros. El BE, el PCP y el PEV (Partido Ecologista los Verdes) podrán festejar en tal caso de una puntual victoria en la constante guerra de guerrillas de Sao Bento por una flor de izquierda que justifique la incómoda adaptación al poder. Pero corren el serio riesgo de confundir una flor de izquierda hecha por el PS con lo que es la naturaleza de ese partido y de su Gobierno. Naturaleza que no cambiará y saldrá a la superficie en cuanto el BE o el PCP tengan la veleidad de pedir, en otros sectores más sensibles, la revisión de contratos que defraudan al Estado.
Recordemos además que el regalo a los ricos ejemplificado por los contratos de asociación de los colegios fue tímidamente cuestionado por la secretaria de Estado Isabel Alçada. Por el contrario, fue sin ninguna timidez que esa lógica estuvo presente en otro Gobierno PS, cuando la ministra María de Lourdes Rodrigues lanzó una ofensiva de envergadura inédita en contra de todos los docentes – retribuida con una memorable ola de luchas- y, al mismo tiempo, lanzó la campaña de creación del ente denominada Parque Escolar. La ministra, que ahorraba con los docentes, denominó al regalo que en este caso hizo a los ricos como “una fiesta”. Claro que hizo la “fiesta” con acuerdos directos, sin concursos públicos, a tal punto que debió rendir cuentas en los tribunales por los desarreglos cometidos. La escuela pública transformada en placa giratoria de dineros del contribuyente, que así pasaban alegremente a las manos de proveedores y empresarios, preparaba el terreno para la escuela pública financiadora de colegios privados.
Podrá decirse que otros gobernantes del PS (tiempo atrás Isabel Alçada, ahora Brandao Rodrigues y Alexandra Leitao) no tienen la misma política. Claro que no. Pero la política de Maria de Lurdes Rodrigues era más típica de todos los gobiernos del “centrao” –incluyendo los del PS, incluyendo a éste mismo- que el tímido floreo de izquierda que se está haciendo en un nivel menor del presupuesto educativo. Y en caso de que la pequeña vitoria simbólica se suba a la cabeza del BE y el PCP, si con éste envión intentaran reabrir la discusión sobre contratos fraudulentos, rápidamente notarán que la “onda amarilla” es un juego de niños al lado de las fuerzas que la derecha de los intereses es capaz de movilizar para defender las rentas de la red de autopistas, del sector de la salud, de las obras públicas, de las rentas de las Public-Private Partnerships, de las fundaciones y muchas más.
En los tiempos que corren, no hay espacio para un verdadero reformismo, si no, cuando mucho, para estas flores de izquierda–opiaceas, que fácilmente pueden intoxicar a quien las confunda con un cambio en la tendencia de fundo.
 
Lisboa, junio de 2016
 
 
Artículo de opinión enviado para Herramienta. Traducción desde el portugués de Aldo Casas.