Introducción
La sanción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 (LSCA) en octubre de 2009 constituye un punto de inflexión en las políticas de comunicación en Argentina ya que la misma pone fin a un ordenamiento legal instaurado por la dictadura militar y modificado sustancialmente durante el proceso de reformas neoliberales que permitieron la constitución de oligopolios mediáticos y la transnacionalización de la comunicación.
En efecto, las normas que regulaban los sistemas de radio y televisión en Argentina estaban inspiradas en la Doctrina de Seguridad Nacional a través del decreto-ley de radiodifusión N° 22.285, que entre otros aspectos establecía la participación de integrantes de las fuerzas armadas y de la SIDE en los organismos de aplicación de la ley y concebía a los sistemas de radiodifusión como un negocio destinado a las empresas comerciales.
Lejos de democratizar las comunicaciones a través de los instrumentos legales, desde 1983 los diferentes gobiernos –sobre todo el de Menem– realizaron reformas parciales a la ley que tuvieron como consecuencia la consolidación de un sistema de medios privado, cada vez más tras-nacionalizado y concentrado a medida de los grandes medios que se fueron transformando en multimedios, en desmedro de los medios de comunicación independientes.