Cuando la crisis de los créditos hipotecarios estalló y la recesión comenzó a perfilarse en las economías desarrolladas, una cantidad de economistas consideraron que las economías emergentes serían poco o nada afectadas. La mejoría de la mayoría de los indicadores de vulnerabilidad, así como el buen nivel de los datos fundamentales (excedentes de la balanza comercial, recuperación del crecimiento y sostenimiento de una tasa de inflación a un nivel poco elevado, disminución más o menos pronunciada de la pobreza) debían preservar las economías latinoamericanas de los efectos nocivos de un posible contagio. Ciertos economistas consideraron que las economías emergentes de manera general, China y la India en particular, podrían constituir una “oportunidad” para las economías desarrolladas y “ayudarlas” a salir de su crisis. Tal era por ejemplo la posición defendida por los economistas de la firma Goldman Sachs: China e India, “motores” del crecimiento mundial, ofrecerían las posibilidades de compra (débouches) suficientes para compensar los efectos negativos de la crisis financiera sobre la rentabilidad de las empresas de los países desarrollados. De esa manera, las economías emergentes, o más “sólidas” que ayer y por ende menos vulnerables, o “motores” del crecimiento, no solamente apenas debían sufrir la crisis financiera, o no sufrirla, sino que podían “ayudar” a los países desarrollados a superar los efectos de la crisis financiera sobre sus tasas de crecimiento. Otros economistas, es verdad que bastante escasos, matizaban esas posiciones: no todos los países estaban exactamente en la misma situación, y para referirnos a América Latina, algunos eran más vulnerables que otros, y para los más prudentes, la amplitud de la crisis financiera en curso constituía una variable importante a tener en cuenta, una crisis financiera “rampante” como la que afectaba a las bolsas occidentales hasta la quiebra de Lehman Brothers (septiembre de 2008) podía no provocar efectos de contagio en tanto que una crisis abierta, prevista por pocos economistas, podía tener un “efecto tsunami” y, transformándose en crisis sistémica, afectar a las economías aparentemente “sanas”.
Según Fajnzylber, Lederman y Loaysa (2001, 2002), el ingreso por habitante no tiene influencia sobre el grado de violencia mientras las desigualdades no varíen. Desde este punto de vista, la pobreza no explica la violencia. Sin embargo, si el ingreso por habitante crece poco y si las desigualdades aumentan la pobreza tiende a aumentar. En este caso, el aumento de la pobreza es un factor constitutivo del crecimiento de los homicidios. De manera menos sofisticada, según Barro (2000, pág. 7): "la desigualdad de las riquezas y de los ingresos incita a los pobres a integrarse al crimen". Aunque impugnada por numerosos exámenes econométricos[1], esta opinión encuentra eco en numerosos universitarios y políticos que ven en la pobreza a la "nueva clase peligrosa".